Coalición Canaria ha logrado hoy el apoyo unánime de todas las formaciones políticas con representación en el pleno para que el Cabildo inste al Gobierno de Canarias a que facilite a los ayuntamientos la contratación de más personal para los servicios sociales municipales, de manera que puedan hacer frente a la cada vez más alta demanda de prestaciones y ayudas.
Tal y como explicó la consejera nacionalista Ángeles Fernández, los servicios sociales municipales son los que atienden a las familias y menores que puedan presentar algún indicador de riesgo y a mujeres víctimas de violencia de género; tramitan las rentas activas de inserción, los subsidios por desempleo, la Prestación Canaria de Inserción y ayudas básicas de emergencia social; gestionan el servicio de ayuda a domicilio y tramitan determinadas ayudas dirigidas a los inmigrantes, en la mayoría retornados, así como los trámites para el grado de discapacidad.
“Últimamente, oímos discursos sobre nuevas prestaciones que tendrán que ser atendidas igualmente en los servicios sociales municipales sin que las transferencias previstas por el Gobierno de Canarias se correspondan con el coste de personal necesario para la correcta ejecución de las mismas”, resaltó.
En los últimos años, las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado, así como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, han limitado la incorporación de personal nuevo en las administraciones, lo que ha supuesto la pérdida de recursos humanos. “Esto afecta a todas las áreas de gestión, pero es más preocupante cuando se trata de los servicios sociales, porque no pueden atender con la eficacia que se merece a la parte más vulnerable de la población”.
El alto volumen de trabajo está ocasionando que los trabajadores y trabajadoras sociales se sientan presionados y desbordados, provocando un importante índice de bajas por enfermedad que repercute nuevamente en la atención a la ciudadanía.
Ante esta situación, Coalición Canaria planteó ante el pleno que el Cabildo de La Palma, como institución insular, debe ser la voz de los ayuntamientos de la Isla e instar al Gobierno de Canarias a que finalice el catálogo de servicios y prestaciones que contempla en la Ley canaria de Servicios Sociales, aprobada en mayo de 2019, para que defina el número de trabajadores sociales que corresponde a cada ayuntamiento en función de la población del municipio y destine una financiación estable y suficiente para su contratación.
