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Política
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El presidente de Canarias por el Progreso remite a Moncloa un escrito con propuestas económicas

ESCRITO PRESENTADO EN LA MONCLOA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

José Luis Concepción Francisco, presidente de la organización “Canarias por el Progreso”, inscrita en la Dirección General de Política Interior, y demás datos en documentos adjuntos, EXPONE:

Que en los estatutos de este partido se incluye en sus fines “contribuir al mejor funcionamiento de la sociedad y desarrollo de la economía mediante el control y la buena gestión de los recursos económicos públicos, con eficacia y transparencia, evitando el despilfarro mediante una correcta aplicación de medidas, tales como reducir el número de cargos públicos y asesores prescindibles, sueldos elevados injustificables y gastos innecesarios, combatir la corrupción y exigir responsabilidades, especialmente las relacionadas con obras públicas mal ejecutadas”.

Si se llevara a cabo estos fines, en todo el Estado español se podrían ahorrar en torno a veinticinco mil millones de euros anuales, y aunque solo fuera la mitad de esta cantidad, sería suficiente para actualizar las pensiones y garantizar las del futuro, además de poder mejorar los servicios sociales y contribuir a que los autónomos y pequeños empresarios no tengan dificultades económicas debido a la presión fiscal; y para fomentar el empleo debe ser el sistema de la Seguridad Social el que se haga cargo de las bajas laborales desde el primer día y no la empresa, lo que ayudará a la contratación de personas de más de cincuenta años.

Uno de los ejemplos más negativos en la gestión pública lo tenemos en Canarias donde se malgasta unos mil millones de euros anuales; un territorio que genera muchos ingresos al Estado y donde a la vez existe un alto índice de pobreza y una deficiente atención sanitaria. Islas entre las que también hay diferencias notables en el desarrollo económico y renta de las personas, como por ejemplo la isla de La Palma, la más afectada en el presente, pues se han invertido cientos de millones de euros en obras públicas inservibles, de poca utilidad o innecesarias, en vez de dar preferencia a infraestructuras de las que carece. No obstante, el despilfarro continúa en carreteras mal ejecutadas y presupuestos elevados; una isla que sufre la llamada doble insularidad debido al coste extra en el transporte de mercancías y combustible, que pese a estar subvencionado al 100% por el Estado el coste del litro es veinte céntimos más caro que en Tenerife.

Respecto al transporte aéreo de pasajeros en Canarias, se debe reducir por ley a la mitad del precio total, ya que comparativamente es más del doble de caro que de trayectos de la Península Ibérica y resto de Europa. Así no solo se beneficiarán los usuarios, sino que el Estado se ahorraría el 50% de la subvención.

Por todo ello, Sr. Presidente, teniendo en cuenta sus planes para una regeneración en la política y una recaudación de impuestos más justa, le solicito que tenga en cuenta las propuestas anteriormente expuestas para que tome las medidas que estime oportunas, y someta a debate y aprobación lo que proceda.

Este escrito fue presentado el 4 de julio de 2018 con Nº Registro O00008227e1800017034. Y como es de suponer no hubo respuesta, y mucho menos se ha llevado a cabo esa anunciada “regeneración política”, pese al tiempo transcurrido. Ahora, con las pérdidas económicas derivadas de la tragedia del coronavirus, el Gobierno español pide solidaridad a la Unión Europea, pero los mandatarios de países como Austria, Alemania, Holanda y Finlandia se niegan al considerar que en España sigue habiendo mucho despilfarro y demasiados políticos.

Tampoco se observa que los que ahora “gobiernan” en Canarias hayan corregido la forma de gestionar el dinero público, ni han reducido el número de políticos “adjuntos”. No vale pedir, anunciar y prometer. Hay que pasar a la acción. Si no se obtiene autorización de España y Europa para gastar esos más de cuatro mil millones de remanente, ante la grave situación de emergencia, los responsables de las distintas instituciones públicas canarias tienen la obligación de hacer uso de ese dinero, redistribuirlo lo más justo posible, a fondo perdido, para evitar que la economía tenga peores efectos que la epidemia. Sería intolerable que la pobreza se agudice; que las familias más vulnerables y en especial los niños sufran las consecuencias. Se debe evitar que los autónomos y empresarios se arruinen. Al contrario, hay que reestructurar la economía y generar empleo; lo que significa que también hay que llevar a cabo importantes iniciativas y medidas para conseguirlo. No podemos depender tanto del exterior.

A 16 de abril de 2020. José Luis Concepción

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