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Política
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Canarias, primera comunidad en habilitar un ingreso extraordinario de emergencia para las familias más afectadas por la crisis del coronavirus

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes el Ingreso Canario de Emergencia (ICE), un “ingreso mínimo extraordinario” para las familias sin recursos que abonará en un pago único y que servirá de transición hasta que el Gobierno de España apruebe el Ingreso Mínimo Vital. Se trata, por tanto, de una “herramienta puente” mientras llega la renta anunciada por el Estado para paliar los efectos de la crisis del coronavirus entre las familias en situación de pobreza.

Así, el archipiélago se convierte en la primera comunidad autónoma en aprobar una medida de este tipo y la intención es que los abonos se produzcan a lo largo del mes de mayo, una vez se publique el próximo martes en el Boletín Oficial de Canarias.
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha explicado que el ICE beneficiará a unas 38.000 familias —cerca de 100.000 personas— que no cuentan en la actualidad con ningún tipo de ingreso. Las cuantías variarán en función del número de miembros de la unidad familiar: 367 euros si se trata de una sola persona, 415 euros para las familias compuestas por dos miembros, 435 euros si son tres personas y 478 euros para las familias compuestas por cuatro o más miembros.

El Ejecutivo ha establecido tres métodos para solicitar la ayuda: en el teléfono de información 012, en la web del Gobierno de Canarias o a través de los servicios sociales de los ayuntamientos. La Consejería de Derechos Sociales ha reforzado su personal para atender todas las solicitudes. Se prevé que 300 trabajadores atiendan las peticiones vía telefónica y que 50 empleados públicos continúen con el resto del procedimiento. La intención, dice Santana, es “responder con agilidad”.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado que el ICE se trata de “un alivio importante para las familias que lo están pasando mal”. “El coronavirus nos golpeó de una manera violenta e inesperada; con esta medida, cumplimos lo firmado en nuestro programa de Gobierno, dar respuesta a las familias más vulnerables”. Por su parte, Noemí Santana ha asegurado que, “ante este golpe que nos ha dado el destino, vamos a reaccionar como la gente espera de nosotros; estamos sentando las bases del escudo social canario”.

Además, el decreto ley que contiene el texto del ICE incluye la exoneración del pago del alquiler de vivienda social en Canarias durante dos meses o, si fuera el caso, mientras dure la crisis del coronavirus, lo que beneficiará a unas 20.000 familias —sobre 50.000 personas—, según ha detallado el consejero de Vivienda, Sebastián Franquis.

Plazo de presentación

El decreto ley entra en vigor el próximo viernes 24 de abril y el plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del lunes 27. En los primeros cinco días naturales del plazo de presentación de solicitudes, solo podrán presentarla las unidades de convivencia con dos o más menores a cargo. A partir del sexto día natural siguiente del plazo de presentación de solicitudes, podrán presentar su solicitud el resto de unidades de convivencia, tengan o no menores a cargo.

Agilización de trámites para la Prestación Canaria de Inserción

Además del Ingreso Canario de Emergencia descrito, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la agilización de los trámites para la Prestación Canaria de Inserción. Así, todas las solicitudes que cuenten con informe social favorable emitido por los Servicios Sociales municipales y que como tal hayan sido registradas en la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración desde de los ayuntamientos a través de la aplicación informática habilitada para ello, y que se hallen sin resolver, quedarán resueltas de forma positiva. Esto supondrá la entrada de cerca de 1.000 unidades de convivencia más que se unirán a las 6.300 familias que ya cobran esta prestación.

Asimismo, se ha aprobado que, durante el periodo de alarma y sus respectivas prórrogas, se permita la solicitud de renovación a través de la llamada telefónica a los Servicios Sociales municipales, que actuarán en representación del titular derivando dicha solicitud a la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración.

 

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