464 firmas en contra de la Pena de Muerte de personas con enfermedades mentales

Amnistía Internacional La Palma recogió el pasado sábado 464 firmas en la calle Real de Santa Cruz de La Palma en contra de la Pena de Muerte de personas con enfermedades mentales en Japón (240 firmas) y EE.UU (224 firmas), dentro de la campaña "Hagamos de la Pena de Muerte una Pena en Extinción" y en el marco del Día Mundial contra la Pena de Muerte celebrado el pasado 10 de octubre.

Esta campaña seguirá con más acciones a lo largo del mes de noviembre. Quienes prefieran firmar por internet lo pueden hacer en la págaina web: www.actuaconamnistia.org.

La Pena de Muerte en el Mundo

En 2008 se tuvo noticia de al menos 2.390 ejecuciones en 25 países, y se calcula que al menos 8.864 personas fueron condenadas a muerte en 52 países de todo el mundo. Estas cifras son estimaciones mínimas; las cifras reales son, sin duda, mucho más elevadas. Siguiendo la tendencia de años anteriores, en 2008 China, Irán, Arabia Saudí, Pakistán y Estados Unidos fueron los cinco Estados con la cifra más elevada de ejecuciones. Entre los cinco sumaban un 93 por ciento de las ejecuciones en todo el mundo.

En China, al menos 1.718 personas fueron ejecutadas y al menos 7.003 fueron condenadas a muerte en 2008. La constante negativa de las autoridades chinas a hacer pública la información sobre el uso de la pena capital hace que, en China, la pena de muerte siga envuelta en el secreto. Las personas que se enfrentan a delitos punibles con la muerte no son juzgadas en juicios justos. Entre los defectos de que adolecen los procesos judiciales se encuentran la falta de acceso inmediato a un abogado, la ausencia de la presunción de inocencia, las injerencias políticas en el poder judicial y la negativa a excluir las pruebas y declaraciones obtenidas mediante tortura. En la práctica, las autoridades chinas, amparándose en el secreto de Estado, siguen privando a los presuntos delincuentes del acceso a asistencia letrada. Desde que, el 1 de enero de 2007, el Tribunal Supremo Popular volvió a asumir el poder de revisar todas las condenas de muerte, las autoridades han venido informando sobre una reducción en el número de estas condenas. Según un alto funcionario del Tribunal Supremo Popular, éste anuló aproximadamente un 15 por ciento de las condenas de muerte impuestas por los tribunales en la primera mitad de 2008. Sin embargo, las estadísticas sobre condenas de muerte y ejecuciones siguen siendo secreto de Estado, por lo que a los observadores externos les resulta imposible verificar esta afirmación.

En 2008, Irán ejecutó al menos a 346 personas, Arabia Saudí a 102 y Pakistán a 36. En todos estos casos, las cifras son estimaciones mínimas. En Estados Unidos, donde la información sí es pública, se llevaron a cabo 37 ejecuciones en 9 estados.

Al igual que en años anteriores, se dictaron numerosas condenas de muerte en juicios que no cumplieron las normas internacionalmente reconocidas de juicios justos. Entre los métodos utilizados para ejecutar a personas en 2008 se encontraban la decapitación, la electrocución, el ahorcamiento, la inyección letal, el arma de fuego y la lapidación. En 2008, Irán ejecutó a ocho personas que eran menores de 18 años en el momento de cometerse el delito, lo que constituye una flagrante violación del derecho internacional. Irán fue el único país que llevó a cabo este tipo de ejecuciones el pasado año.

Ejecución con Enfermedades Mentales en Japón

Japón es uno de los dos países altamente industrializados que mantienen y aplican la pena de muerte (el otro es Estados Unidos). Los presos son informados de la ejecución el mismo día y sus familiares después de la misma. El método utilizado es la horca. Entre los ejecutados hay personas con enfermedades mentales.

Los estudios de Amnistía Internacional en todo el mundo han demostrado que las personas que sufren enfermedades mentales corren especial peligro de acabar en el corredor de la muerte. Las enfermedades mentales, si no reciben el tratamiento adecuado, pueden inducir a la comisión de delitos, incidir negativamente en la capacidad de un acusado de participar en una defensa legal eficaz y es probable que desempeñen un importante papel en la decisión de los presos de no continuar con el proceso de apelación.

Actualmente hay en Japón más de 100 personas condenadas a muerte de las cuales se desconoce cuántas sufren enfermedades mentales. Todo el sistema de pena de muerte y la salud de los presos están rodeados de gran hermetismo. La política del Gobierno es no permitir acceder a ellos y las peticiones de Amnistía Internacional en este sentido han sido denegadas. El reciente informe de Amnistía Internacional Hanging by a thread: mental health and the death penalty in Japan condena la ejecución de personas con enfermedad mental en Japón, una práctica que vulnera las normas internacionales.

Además de no conocer la fecha de su posible ejecución, los presos condenados a muerte viven en un estricto régimen de aislamiento: no se les permite hablar entre sí y el contacto con familiares, abogados y otras personas puede estar limitado a visitas de sólo cinco minutos. No se les permite moverse salvo para ir al baño y deben permanecer sentados en su celda. Estas condiciones aumentan la ansiedad y la angustia de los presos y en muchos casos los empujan hacia la enfermedad mental. Permitir que un preso viva durante un largo periodo bajo la amenaza diaria de una muerte inminente es cruel, inhumano y degradante.