Abrante: "El Ingreso Mínimo Vital es un salto en justicia social y no una paguita para quedarse en el sillón""

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista por La Palma, Manuel Abrante, criticó en el Pleno del Parlamento de Canarias al Partido Popular (PP) por “criminalizar” a las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital y del Ingreso Canario de Emergencia y presentar una Proposición No de Ley (PNL) en la que se “vulneran los derechos fundamentales como el de tener un trabajo justo y bien renumerado, y que sólo fomenta la idea caprichosa de que quien es beneficiario de una prestación, no quiere trabajar”.

Abrante señaló que el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno de España se configura como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica “que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica”, y con el que se persigue “garantizar una mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias”, configurándose como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una de participación en la sociedad, “con incentivos para ello al empleo y a la inclusión”.

El diputado socialista destacó que se trata de la “primera vez” que se crea un ingreso mínimo “garantizado, universal, igual en todo el Estado y permanente en España, lo cual significa un hito social y un elemento de cierre de enorme importancia del estado del bienestar, desde el punto de vista de las prestaciones y la lucha contra la pobreza”.

En este sentido, recordó a los populares que el Ingreso Mínimo Vital y el Ingreso Canario de Emergencia son “medidas de justicia social y de eficacia económica, pues son instrumentos para luchar contra la pobreza severa, en especial la pobreza infantil, e importante para la recuperación económica, pues los recursos irán directamente al consumo”.

“Son medidas que significan un avance en la construcción de una sociedad más justa. Sólo gobiernos de progreso podían alumbrar un nuevo derecho social, uno de los mayores avances en derechos sociales de nuestro país”, enfatizó.

Abrante acusó al PP de “criminalizar” a las personas beneficiarias de estas ayudas y les recordó que para el PSOE la pobreza no es un “problema inevitable”, sino que se la combate con propuestas políticas ambiciosas. “El Ingreso Mínimo Vital pretende dar un salto en justicia social, un salto en decencia democrática, y lo que me parece indecente es que se pretenda criminalizar a las familias perceptoras de este ingreso, obligándolas a trabajar para las administraciones públicas como si esto fuera una paguita para quedarse en el sillón”.

Asimismo, añadió que, para el Grupo Socialista, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones, “las empresas y autónomos, desempleados, trabajadores en ERTE, personas en riesgo de exclusión social. Todos tienen el mismo derecho a percibir una prestación sin contraprestaciones laborales, es lo que se conoce como Estado del Bienestar”.

Incentivos para la búsqueda de empleo

Abrante advirtió a los populares de su “equivocación” en su propuesta en la Cámara regional y de “no entender nada” con estas ayudas. “La paguita, como la denomina alguna fuerza política, es lo que subyace en su PNL. Se equivocan y no han entendido nada. No se trata de criminalizar a los perceptores de este ingreso, porque detrás hay personas que lo están pasando mal, que en muchos hogares canarios no se llega a fin de mes, que la pobreza infantil es una realidad, y el Gobierno de Canarias, como el de España, no les va a fallar”.

El diputado socialista por La Palma aseguró que son los “sesgos ideológicos” del PP los que “los llevan a pretender que estas familias trabajen en los ayuntamientos porque reciben una paguita, y les recordamos que la esclavitud está abolida hace mucho tiempo”.

En este punto, advirtió a los populares que la propia normativa establece incentivos para la búsqueda de empleo, y les pidió que fueran “leales” con la ciudadanía canaria en su conjunto. “No vean a las familias perceptoras como holgazanes; vean este ingreso como un derecho, como una fórmula para que las familias que peor lo están pasando tengan unos mínimos recursos. Es una cuestión de dignidad”.