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El Cabildo sigue "blindando" la salud de las personas dependientes en los centros residenciales

La consejera de Acción Social destaca la necesidad de continuar cumpliendo con los protocolos de seguridad para poder seguir garantizando la seguridad de los colectivos vulnerables

La consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Nieves Hernández, asegura que han puesto en marcha las medidas sanitarias y acciones preventivas para garantizar la seguridad de las personas usuarias de las residencias de mayores y de personas con discapacidad de la isla frente a la COVID-19 y que, a fecha de hoy, no se ha detectado ningún contagio de personas usuarias de los 15 centros residenciales de la isla.

La consejera de Acción Social explica que en todos los centros residenciales de personas mayores y con discapacidad que hay en las isla se cumple con los protocolos y planes de contingencia acordados por el Gobierno de Canarias para evitar la propagación del virus y que están recogidos en la Orden Conjunta de las consejerías de Sanidad y de Derechos Sociales de 27 de julio de 2020, y que también se han adoptado las nuevas medidas de prevención para la transición hacia una nueva normalidad publicadas posteriormente sobre este asunto.

Esta normativa afecta principalmente al régimen de visitas de familiares a personas residentes y establece medidas concretas en relación con las salidas y desplazamientos en los centros, el retorno de residentes con derecho a reserva de plaza y los nuevos ingresos de residentes.

“Cuando todo parece apuntar a una segunda oleada de contagios masivos, es fundamental continuar actuando con prudencia y adoptar las medidas de protección necesarias ante este posible escenario de riesgo para poder cuidar de las personas mayores, dependientes y del personal de los centros”, añade Nieves Hernández.

La consejera destaca el esfuerzo que están haciendo las familias de las personas usuarias de estos centros y reconoce que se trata de una situación difícil para todo el mundo. Por este motivo, pide comprensión a la ciudadanía y recuerda que estas medidas se han adoptado priorizando la seguridad de personas dependientes que residen en los centros y que son más vulnerables a la enfermedad.

En la actualidad, las visitas deben efectuarse con cita previa, por un tiempo limitado y evitando siempre el contacto físico. La Dirección de cada centro será la responsable de asegurar una visita semanal, de un familiar por residente, y de una duración no superior a una hora, que podrá ampliarse en número y tiempo, según las características de cada centro y la evolución de la situación epidemiológica.

Los centros residenciales no permitirán la visita de personas con sintomatología sospechosa de COVID-19 y, en el caso de residentes en cama, personal del centro acompañará a su familiar hasta la habitación.

En relación con las salidas, el protocolo adoptado establece que se evitarán las salidas de personas mayores a cualquier vía o espacio público donde puedan producirse aglomeraciones y solo se permitirán en casos excepcionales, evitando el contacto físico y la interacción con otras personas, así como los espacios cerrados con poca ventilación.

En el caso de las personas con discapacidad o con problemas de salud mental sí se podrán efectuar salidas, respetando las medidas de seguridad y con el acompañamiento de una persona, siempre que lo determine el equipo terapéutico del centro. Asimismo, no se permitirá a los residentes pernoctar en su domicilio familiar.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas usuarias de los centros, cuando en estos convivan residentes que realicen salidas y residentes que no, se procederá a la sectorización de los espacios y recorridos mediante circuitos para quienes no tengan salidas y quienes sí.

Las personas que retornen a los centros deberán realizarse una PCR y, una vez se obtenga un resultado negativo, podrán ingresar en la residencia en un plazo máximo de 24 horas. Estas personas deberán permanecer dos semanas en cuarentena como medida preventiva.

La evolución de la pandemia sanitaria ha hecho que a partir de la resolución del Gobierno de Canarias del 10 de agosto se limiten  al máximo las salidas de las personas residentes en centros sociosanitarios.

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