El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció esta noche, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada desde esta mañana de forma simultánea en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, que Canarias sufragará las pruebas PCR o test de antígenos, preferiblemente en origen, a los residentes canarios que regresen a las Islas desde el resto del país por estas fechas navideñas. La medida pretende aportar la máxima seguridad y proteger así a sus familiares y a la población en general en las Islas.
En un Consejo centrado básicamente en la situación sanitaria en Canarias y en las medidas adoptadas en este ámbito, Pérez explicó que se había acordado que el presidente regional, Ángel Víctor Torres, resuelva mediante decretos los sistemas de control de entrada al Archipiélago de los estudiantes, del resto de ciudadanos españoles y de viajeros de otros países. Para ello, el Gobierno regional se acoge al real decreto ley que regula el estado de alarma en vigor, que otorga a los presidentes regionales las competencias para adoptar estas decisiones.
En compañía del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, Julio Pérez indicó que será el Servicio Canario de la Salud (SCS) el que costee las pruebas y establezca el protocolo de actuación para el control de los residentes canarios mediante la realización de test antiCOVID en sus lugares de origen. A su juicio, se trata de “un decreto de gran importancia” a firmar por el presidente. “Queremos que los estudiantes vuelvan, pero analizados, minimizando así los riesgos de contagio. Estas medidas no los exime, eso sí, de cumplir el resto de normas, como las distancias de seguridad, etcétera”, subrayó Pérez.
Un segundo decreto irá destinado a los peninsulares no residentes en Canarias que deseen viajar al Archipiélago. El sistema operativo será muy parecido al de los residentes en las Islas, pero no lo sufragará la Comunidad Autónoma. En este caso, y según explicó el portavoz gubernamental, se buscará un modelo muy similar, que se coordinará con el que también se aplique en Baleares, lo que facilitará la actuación a los operadores turísticos y compañías aéreas.
El tercer decreto se centrará en los análisis a los turistas extranjeros. Pérez subrayó como muy positiva para las Islas la “inminente apertura del mercado británico. Esperamos, así, que se reanude el flujo de turistas” desde ese país. Para su control, se exigirán pruebas de antígenos, en línea con el decreto ley autonómico ya aprobado por el Ejecutivo regional, siempre preferiblemente en los sitios de origen. “En la medida en que esto pueda contradecir la norma nacional (vigente desde el pasado 23 de noviembre), se ha acordado requerir al Ministerio de Sanidad para que dicte una resolución que haga una excepción con el caso de Canarias”, explicó el portavoz. En cualquier caso, Canarias sigue negociando con el Ministerio la armonización del sistema de control sanitario antiCOVID para los extranjeros.
En este sentido, Pérez remarcó que, en sus recomendaciones de este miércoles, la propia autoridad sanitaria y aérea de la UE arropa esa decisión de Canarias sobre los test. “Con este argumento y otros, requeriremos al Ministerio de Sanidad para que rectifique y excepcione a las Islas. Esto no significa -aclaró- que no se mantenga la comunicación con el Ministerio; de hecho, el consejero habla todos los días varias veces con el ministro”. El Gobierno, por tanto, sigue negociando con Sanidad con el objetivo de alcanzar un acuerdo.
Preocupación por la situación de la COVID en Tenerife
El portavoz afirmó que la situación de la pandemia en Canarias sigue siendo “favorable”, pero no la de Tenerife, “que preocupa seriamente al Gobierno. Algunos días se produce una mejora, pero, por ejemplo, hoy hay un aumento sensible de casos y existe una diferencia en la evolución de la enfermedad en esta Isla. Si la situación no mejora, tendremos que tomar medidas más restrictivas, siempre que nos lo digan los expertos, porque las tomadas hasta ahora no están dando los resultados deseados y no sabemos aún las causas”. Entre esas opciones, se contempla reducir los aforos y los contactos, y limitar horarios.
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