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Opinión
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Ni una carretera más en La Palma, por favor

Pedro Higinio Álvarez Rodríguez, Economista.

A mediados del pasado mes de octubre nos sobrecogían unos titulares de prensa referidos a que el Comité Europeo de las Regiones advertía de que Canarias está a las puertas de una crisis económica y social sin precedentes, que puede hacer desaparecer el 40 % de los empleos en un futuro cercano debido a las consecuencias de la crisis sanitaria del Covid 19. No lo afirma ninguna organización negacionista del desarrollo, extremista o antisistema. Lo afirma la Unión Europea.

En una isla como La Palma, donde se nos ha dicho en numerosas ocasiones de convertirla en un “territorio inteligente”, aunque nadie sepa exactamente su significado, lo que debemos hacer es actuar con inteligencia en el territorio y en la economía y ello pasa, necesariamente, por no seguir llevando a Canarias y La Palma por un modelo económico basado, en parte, en la construcción de infraestructuras y en una forma de turismo que nos ha convertido en una región que ocupa los primeros puestos del continente en desempleo, desigualdad, pobreza, dependencia exterior, deterioro ambiental y debilidad económica.

Pues bien, recientemente, el Gobierno de Canarias, ha iniciado el procedimiento de licitación de nuevas obras en la carretera entre La Punta y Tijarafe. Entre otras actuaciones previstas, se recoge la construcción de un falso túnel y tres puentes.

Para dicha obra, se ha autorizado un gasto total de 65,9 millones de euros en 4 años y que actuando, sobre 7,6 kilómetros, implica que cada metro de vía cuesta, aproximadamente, 8.671,00 euros.

Esta nueva obra pública supone seguir poniendo piezas en el puzle de dicho modelo económico equivocado para La Palma, que desgraciadamente ha sido y sigue siendo el dominante para el conjunto del Archipiélago Canario.

La construcción de nuevas carreteras no garantiza el desarrollo económico y social. Así lo demuestra la realidad y numerosos informes de analistas y diversas entidades de investigación.

Como argumentábamos en un artículo anterior y que no pretendemos reproducir en éste, la construcción de nuevas infraestructuras de carreteras, como elemento de desarrollo en áreas territoriales con bajo “pulso económico”, como es el noroeste de La Palma, lejos de promover la actividad empresarial, el dinamismo social y el empleo, puede generar el efecto contrario.

Teniendo en cuenta la realidad económica y social de la comarca, las actuaciones previstas realizar en la actual carretera, a medio plazo, creemos que van a constituir un nuevo obstáculo en el necesario empoderamiento de la población y el deseable desarrollo económico local de la misma.

El hecho de que podamos acortar los recorridos en varios minutos y llegar antes a Los Llanos, S/C de La Palma, el muelle o el aeropuerto, no va a aumentar la competitividad de los municipios de Tijarafe, Puntagorda y Garafía. Es más, el ya de por sí débil tejido comercial de la comarca seguirá debilitándose aún más, porque una vez concluidas las obras será más fácil salir a las zonas comerciales y urbanas del resto de la isla.

En el presente artículo, queremos poner en evidencia la recurrente política de hechos consumados de las Administraciones Públicas implicadas, donde por enésima ocasión se dejan a un lado los principios políticos aprobados sobre el papel y por el contrario, la realidad de las decisiones tomadas es otra.

Tanto el Cabildo de La Palma, como el Gobierno de Canarias, han suscrito sendas declaraciones institucionales de emergencia climática, así como el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco de la Agenda 2030, como referentes transversales en el diseño y la ejecución de las políticas públicas.

Sin embargo, el Proyecto de Presupuesto de Canarias, para el año 2021, documento que refleja en el papel, las intenciones políticas del Gobierno, establece para La Palma inversiones directas por un valor de 69.830.448,00 euros, pero al ver el importe de algunas partidas respecto a otras, observamos de nuevo, cuales son las auténticas intenciones políticas que se pretenden llevar a cabo.

En este sentido y haciendo un breve desglose parcial por partidas presupuestarias, obtenemos los datos siguientes:

 

Concepto presupuestario Importe en euros Porcentaje sobre el total
Carreteras 21.481.214 30,76
Educación 1.788.486 2,56
Sanidad 6.840.800 9,80
Cambio climático 850.000 1,22
Energías renovables 1.000.000 1,43

 

La inversión que se pretende realizar en proyectos, actuaciones y trámites vinculados a las carreteras, representa más del 30 % del total de la cantidad prevista realizar en La Palma.

Si nadie lo remedia, la inversión en carreteras, que el Gobierno de Canarias ejecutará en La Palma el próximo año 2021, multiplica por 12 la inversión en educación, por 3 en sanidad, por 21 en energías renovables y por 25 en proyectos para afrontar la emergencia climática.

Cuando en economía hablamos de “coste de oportunidad”, nos estamos refiriendo al coste de la alternativa a la que renunciamos, cuando tomamos una determinada decisión.

Pues bien, el coste de oportunidad de realizar esta inversión en la carretera de Tijarafe, podemos estimar que alcanza la cantidad de 16,5 millones de euros al año y durante los próximos cuatro años. ¡Cuánto se podría hacer con tal cantidad de dinero, en materia de desarrollo local en la comarca!

Ya es hora de reivindicar y exigir a nuestros gobernantes que, por lo menos, en proyectos de esta envergadura, que movilizan tanta cantidad de dinero, la decisión final sobre la ejecución de los mismos debe tomarse en una consulta vinculante a los ciudadanos, donde se debatan diferentes argumentos y planteamientos. Los actuales trámites de participación pública no son suficientes para garantizar la plena democracia y transparencia en el proceso de toma de determinadas decisiones públicas.

Ya tenemos en la isla numerosos ejemplos de despilfarro de dinero público en proyectos de dudosa rentabilidad económica y social y en muchos casos, generando graves e irreversibles afecciones al territorio: el Puerto de Tazacorte, el nuevo edificio terminal del aeropuerto, la circunvalación de Los Llanos de Aridane y Tazacorte o el puente de Los Sauces, son claros ejemplos de proyectos que nunca se tuvieron que ejecutar, pero, eso sí, todos ellos, adornados por parte de nuestros gobernantes con expresiones y argumentos infundados y vacíos de contenido real, donde el motivo electoral pesó demasiado en la decisión de llevarlos a cabo.

Más pronto que tarde, cuando nos enseñen de nuevo la maqueta del puente sobre el Barranco de Las Angustias, nos intentarán convencer, con las mismas expresiones de siempre, que es fundamental para la “vertebración de la isla” y para el desarrollo del norte de La Palma. En ese momento, este escrito recuperará toda su vigencia.

En el momento en que terminamos de escribir este artículo, hemos conocido los datos de paro registrado en La Palma del mes de Noviembre. Desgraciadamente, son malos y muy preocupantes. Pero lo son desde hace muchos años.

Con total seguridad, nuestros políticos seguirán utilizando el drama del desempleo para justificar esta y otras obras y proyectos, que ya están diseñados desde hace muchos años y que no se han materializado por diversas razones. Pero es un argumento falso y tramposo. Lo cierto, es que en Canarias ha sido el modelo de crecimiento basado en la construcción, vinculada a una forma concreta de entender el turismo, el que ha provocado, con carácter estructural, las escandalosas cifras de desempleo y crisis social que tenemos la desgracia de encabezar en el contexto de España y gran parte de Europa.

 

 Pedro Higinio Álvarez Rodríguez

Economista

Profesor de Enseñanza Secundaria y de Formación Profesional   

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