No a seguir urbanizando el litoral de Los Llanos de Aridane

Actualmente, se está tramitando por parte del Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, un expediente administrativo denominado “Instrumento de Planificación Singular Turística para la Ordenación Estructural y Pormenorizada del Litoral de los Llanos de Aridane”.

Lo que se pretende con el mismo, es urbanizar un área que abarca una extensión de 28,25 hectáreas y que para hacernos una idea, representa, aproximadamente, la superficie de 40 campos de fútbol, entre el Hotel Sol y Punta Cho Bito, próximo a la entrada sur del Charco Verde y por debajo de la actual carretera que conecta Puerto Naos con El Remo.

Y todo ello, con el objetivo de crear hasta un total de 2.600 camas turísticas, en un terreno de la máxima calidad agraria, debido a sus horas de sol, temperatura media anual y calidad del agua de riego, como así se refleja en el siguiente cuadro estimativo, de los datos correspondientes al cultivo de la platanera, en la zona a urbanizar y la media en Canarias.

La iniciativa para urbanizar este espacio, no está aislada de otros proyectos, ya que conforma una pieza más del “pack desarrollista” formado por el Aridane Golf, Las Hoyas, Charco Verde, la carretera desde El Remo hasta Fuencaliente, la vía de circunvalación y el Puerto de Tazacorte y otras iniciativas de menor calado, con el objetivo de dar un vuelco a la realidad social, territorial, económica y cultural del Valle de Aridane.

Pero todo esto no es nuevo, ya que desde la elaboración de los primeros documentos de planificación que se han propuesto o aprobado para La Palma, gran parte del litoral del Valle de Aridane, siempre ha sido “objeto de deseo” para su urbanización y la creación de miles de camas turísticas.

Por supuesto y como no podía ser de otra manera, en algunos informes y documentos del mencionado expediente, seguimos encontrando expresiones vacías, palabras huecas, “lugares comunes” y algunas falsedades en su elaboración, pero esto, desgraciadamente, es frecuente en proyectos y expedientes de este tipo en Canarias. Nada nuevo bajo el sol.

Ante este nuevo atropello contra un suelo agrícola de máxima productividad, ¿no tienen nada que decir las entidades agrarias de La Palma?, ¿no tiene nada que opinar la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, por la descapitalización irreversible que supondría arrasar 52 fanegas de las mejores fincas plataneras de Canarias?.

Si estas zonas del litoral de Los Llanos de Aridane o Las Hoyas, en Tazacorte, no se han urbanizado todavía es, principalmente, porque la rentabilidad del plátano en dichas zonas es tan alta que no compensa su venta para la urbanización. Estas zonas deben salvaguardarse para siempre de su urbanización, ya que constituyen un activo económico, ambiental y social de primera magnitud para el uso y disfrute de las generaciones venideras.

¿En qué cabeza cabe que se pretenda seguir construyendo nuevas camas e infraestructuras turísticas, cuando las que tenemos en La Palma y en el conjunto de Canarias, reflejan una debilidad y vulnerabilidad importantes en el conjunto de la economía, tal como estamos sufriendo una vez más, como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19?

Seguimos defendiendo que los agricultores del plátano al aire libre y que practiquen una agricultura integrada o ecológica, deben tener derecho a recibir una compensación monetaria directa (agrotasa), independientemente de la recibida por kilo comercializado, debido al beneficio paisajístico que genera su actividad y que es una de las señas de identidad de La Palma.

Este tipo de proyectos ahonda en un modelo turístico del que hemos hablado en otros escritos, causante de graves perjuicios ambientales, económicos y sociales para las islas.

En este sentido, en el mes de Julio de 2016, un informe encargado a la Universidad de La Laguna por el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, del Gobierno de Canarias, señala con claridad que los graves problemas de bajos ingresos, pobreza severa y riesgo de pobreza, así como la desigualdad en el seno de la sociedad del Archipiélago, no se deben exclusivamente a crisis coyunturales, como la que se inició en España en el tercer trimestre de 2008, sino tiene que ver con factores y elementos de carácter más estructural y que están vinculados directamente con el modelo de crecimiento económico dominante en Canarias.

En este sentido, podemos afirmar que si la economía de La Palma va orientándose hacia la misma forma de entender el turismo y la construcción de infraestructuras de apoyo, el futuro social y económico de esta isla no tiene un horizonte totalmente despejado y viable.

Desgraciadamente y como en otras islas del Archipiélago, la realidad, en muchos casos, nos dice que este tipo de proyectos urbanísticos, también lleva aparejado la aparición de comportamientos presuntamente corruptos entre particulares y con la participación, muchas veces, de las respectivas entidades públicas implicadas.

Este tipo de actuaciones de gran impacto territorial, con implicaciones en la sociedad y en la economía de la isla, hace que debamos poner de nuevo sobre la mesa de debate la posibilidad de retirar a los ayuntamientos las competencias urbanísticas que tienen actualmente para impulsar y aprobar este tipo de proyectos y que éstas pasen al Gobierno Autónomo, que debe legislar y tomar decisiones desde un ámbito regional. Un ayuntamiento, que en este caso es el de Los Llanos de Aridane, no puede ni debe tomar decisiones sobre el territorio y que afecte de manera tan importante a una isla en su conjunto.

Proyectos como del que hemos hablado en este breve escrito, nos hacen recordar las palabras de un profesor de economía de la Universidad de La Laguna que, parafraseándolo, no nos equivocamos demasiado al afirmar que la legislación urbanística de Canarias es, por encima de todo, un “paraguas ideológico” bajo el cual se permiten todo tipo de arbitrariedades.

Pedro Higinio Álvarez Rodríguez

Economista

Profesor de Educación Secundaria y Formación Profesional