Izquierda Unida Canaria (IUC) se posiciona en contra de la cesión al Cabildo de La Palma del alumbrado público de los municipios de la Isla para su posterior privatización. Según indica la formación de izquierdas en un comunicado, a lo largo de esta legislatura la búsqueda de un objetivo compartido, como es conseguir una mayor eficiencia energética, ha servido como "excusa" para el Cabildo, a través de su Consejería de Infraestructuras y del Proyecto Antares, para intentar privatizar un servicio público como el del alumbrado de los municipios.
Con argumentos como "evitar la pérdida de más de 700.000 euros de fondos europeos" o "integrar en un solo sistema el alumbrado público de toda la Isla" para alcanzar "un ahorro en el consumo energético de un 31% en un período de veinte años", el Cabildo ha evitado concretar el fin último de su proyecto que es transferir a una empresa de servicios energéticos (ESE) la gestión del suministro energético y del mantenimiento de la red durante 20 años.
Para IUC existen muchas dudas sin resolver sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso, algo que ha acompañado al Proyecto Antares desde sus comienzos. En primer lugar, indica, el Cabildo hace referencia a la incorporación de la Isla y de sus municipios al conocido como "Pacto de los Alcaldes", un compromiso de los firmantes por superar el objetivo de la Unión Europea de reducir en un 20 % las emisiones de CO2 antes de 2020. Entre los firmantes que recoge la web del Pacto no aparece ni el Cabildo, ni ninguno de los municipios de la Isla.
En segundo lugar, señala, "tenemos dudas sobre el elevado coste de la auditoría energética, con un precio fuera del mercado según algunos técnicos (738.797,02 € sufragados con fondos propios y con cargo a un préstamo del Fondo Europeo para la Eficiencia Energética) y que no ha sido publicada, pero a la que hemos tenido acceso. Una auditoría adjudicada a una empresa de servicios energéticos que se convierte en "juez y parte", ya que no se trata de una simple consultora, sino de una empresa que tiene fuertes vínculos con una multinacional del sector integrada en el Proyecto Antares, para la que parece hecha a medida todo el proceso".
Alpende
Completamente de acuerdo con la denuncia de IUC, no con la solución de no hacer nada.
Esta decisión del cabildo es tremenda.
El Cabildo, mediante licitación, ha contratado para auditar los consumos actuales y estudiar los ahorros futuros a CREARA CONSULTORES S.L.
Varios miembros del consejo de administración de CREARA lo son también de PHILIPS. Otro miembro del consejo de CREARA es la empresa INDUSTRIAS DERIVADAS DEL ALUMINIO S.L. que está dirigida por consejeros de Philips y de CREARA.
CREARA es contratada para estudiar cómo ahorrar energía cambiando las luminarias de la isla y lógicamente recomendara sistemas y soluciones exclusivas de PHILIPS.
Ya tenemos a la zorra guardando las gallinas.
La lámpara con el llamado led "PC AMBAR" es una solución que ha estudiado y aportado el Instituto Astrofísico de Canarias y además de ahorrar energía ayuda a evitar la contaminación lumínica que dificulta el trabajo con los telescopios presentes y futuros. Es una solución avanzada que aunque es más cara que el led normal sigue siendo rentable su empleo.
Cuando se contrata una ESE se hace para estudiar los ahorros energéticos integrales en una ubicación, empresa o municipio. Lo que proponen no es una ESE es un acuerdo para renovar el alumbrado público de la isla.
Los contratos de ahorro energético para ser eficaces han de estar basados en su financiación en base a los ahorros económicos obtenidos y su periodo ha de ser el necesario para la amortización de la inversión, marcándose normalmente un límite temporal razonable. En municipios de la península entre 10 a 15 años máximo. El inconveniente es que genera una obligación económica durante mucho tiempo que limita la capacidad crediticia municipal.
El ultimo avance en la contratación de estos proyectos y que ya se aplica en otros países europeos y algunos (pocos) españoles es el alquiler de las luminarias, como si fuera una fotocopiadora, me explico:
El municipio, mancomunidad o en nuestro caso cabildo, alquila las luminarias su mantenimiento y renovación a una empresa. El precio del alquiler es inferior al ahorro conseguido y su duración suele ser de dos a cinco años, luego se revisaría anualmente. Si se emplea este sistema el municipio ahorra en consumo energético y mantenimiento y además se asegura la aplicación de la tecnología adecuada en cada momento ya que anualmente se revisaría el importe del alquiler que iría vinculado al ahorro obtenido. (Por ejemplo: de cada tres euros ahorrados uno para la empresa y dos para el municipio. Ahorras menos, ganas menos).
Normalmente el municipio exige, y así lo indica en el contrato, que la instalación y el mantenimiento posterior se realice con personal de la localidad, haciéndose cargo la empresa de la formación del mismo. Así se obtiene además la transferencia de conocimientos profesionales que enriquecen al municipio.
Por supuesto todo esto se ha de hacer con la concurrencia de varias empresas o proveedores que en el caso de entidades de más de 10.000 habitantes seria obligatorio a fin de obtener la intercomunicación de distintos proyectos en un mismo lenguaje técnico e informático que eviten los monopolios de hecho para obras mayores. (Que las bombillas de Philips o Ayumar sirvan para las farolas de Osram y que interactúen ambos proveedores con los centros de control de Siemens, por ejemplo…). También de esta manera se puede comparar anualmente los resultados de eficiencia de cada uno.
La iluminación led es ya una tecnología madura y sí o sí se implantara en calles, empresas y hogares. Lo importante es que la transición a sistemas led no sea una carga para los municipios, antes bien un ahorro asegurado. Junto a su implantación hay que introducir la telegestión de los mismos ya que suponen por poco dinero un 10-20% de ahorro adicional.
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