Puntagorda, Tijarafe y Garafía lamentan que se siembren dudas sobre la protección del medio rural y que se cuestione el legítimo desarrollo de estos tres municipios

Con respecto al escrito hecho público por una de las representantes de la “Mesa de la Mujer Rural’, y remitido con posterioridad a los Ayuntamientos de Puntagorda, Tijarafe y Garafía, en el que se señala una supuesta “elevada proliferación de establecimientos turísticos alojativos en suelo rústico de nueva planta”, los equipos de gobierno de Puntagorda, Tijarafe y Garafía aclaran, en un comunicado conjunto  que reproducimos íntegramente, lo siguiente:

“El objetivo irrenunciable de nuestros ayuntamientos ha sido y es la protección y la gestión sostenible del entorno natural. Como gestores públicos de los tres municipios, y en virtud de las poblaciones a las que representamos, asumimos que los paisajes que conforman la comarca noroeste de La Palma son parte fundamental de nuestra propia esencia identitaria y sostén de su desarrollo.

Así, discrepamos de la interpretación parcial y sesgada con la que se ha tratado un asunto que intenta sembrar dudas sobre la protección de nuestro medio rural, poniendo en cuestión el legítimo desarrollo de nuestros municipios, así como la defensa de los intereses generales de nuestros vecinos y vecinas. Creemos firmemente en el diálogo y en los principios democráticos, sustentados en las leyes vigentes, que garantizan el interés general desde la responsabilidad de la gestión y al amparo de una normativa garantista en la preservación de nuestro paisaje y de nuestro sector primario.

Así, ante la solicitud de implementar con nuevas figuras de protección paisajística la normativa actual, consideramos necesario un análisis y una participación de los vecinos y vecinas que permita una reflexión más serena y objetiva sobre la hipotética creación de la figura propuesta y denominada Parque Agrario. La propuesta realizada, cuya naturaleza se cimienta en la protección y no en la gestión del medio rural,   condena a muchas de nuestras zonas rurales a un abandono en virtud de la imposibilidad de desarrollar proyectos y planes que, entre otros factores, evitarían la total desaparición del pastoreo estacional en nuestras cumbres.

Los grupos de Gobierno de los Ayuntamientos de Puntagorda, Tijarafe y Garafía, defendemos la preservación del paisaje, sin renunciar a generar oportunidad y un uso sostenible de nuestro paisaje en favor de la empleabilidad y el futuro productivo de nuestras poblaciones, que con la propuesta realizada por la representante de la ‘Mesa de la Mujer Rural’  se ponen en cuestión.

El objetivo de un crecimiento de la economía basada en parámetros de sostenibilidad, que pondera el sector primario de la comarca,  es el objetivo de los tres ayuntamientos de la comarca, conscientes de que implementar con más normas y burocratizar los usos de nuestro entorno rural,   abocaría al abandono de nuestras zonas rurales y a frenar el desarrollo, no sólo de las labores agrícolas propiamente dichas, sino también de aquellas actividades económicas y de servicios complementarias a la actividad del sector primario, que hacen viable la fijación de la población a nuestra comarca.

La propuesta de protección del viñedo a la que alude una de las representantes de la  “Mesa de la Mujer Rural’, está atendida de forma implícita en el marco normativa en vigor, a lo que se suma que desde un punto de vista objetivo y evaluado por los equipos técnicos de nuestros respectivos ayuntamientos, el paisaje vitícola no sufre esa supuesta  presión urbanística a la que se alude en la referida petición.

En la actualidad, el mayor freno al desarrollo de la actividad vitícola lo representa la sobreprotección del entorno circundante de pinar que ha invadido recientemente zonas tradicionales de cultivo. La estrategia que siempre hemos defendido en relación a la necesidad de mantener nuestro paisaje de medianías y de montaña es, precisamente, la de buscar sinergias que posibiliten y garanticen la conservación y gestión del mismo. La fórmula establecida para lograr ese objetivo es garantizar la viabilidad económica de las actividades que tradicionalmente se han venido desarrollando.

Por todo lo expuesto, se justifica que seamos firmes defensores de la conocida como “Ley de Islas Verdes”, que posibilita la implantación de otros usos compatibles con los tradicionales, con la intención de conseguir una sana convivencia entre la actividad de los sectores primario y terciario.  Las alternativas al modelo intermedio planteado en este texto legislativo nos llevarían a posicionamientos más extremos y, por tanto, menos viables, tanto en el sentido de una sobre protección que nos convertiría en un mero “parque temático rural”, absolutamente artificial y subsidiado para poderse sostener, o bien, en un territorio sin control urbanístico alguno que destruye e hipoteca el legado paisajístico y patrimonial que alberga”.