El Ayuntamiento de Tijarafe critica que Delgado genera "incertidumbre e indefensión" a los afectados por la carretera

El Ayuntamiento de Tijarafe ha salido al paso de las declaraciones realizadas por el director general de Infraestructuras Viarias del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado, sobre la situación del proyecto de acondicionamiento de la LP1 Los Llanos-Tijarafe (tramo LP118-Tijarafe), ya que “solo generan más incertidumbre e indefensión sobre el desarrollo de una importantísima obra pública para Tijarafe y para la isla de La Palma”.

En este sentido, señalan que al manifestar públicamente el director general que “de las 32 viviendas afectadas hay diez que están en el centro de la traza” y que “esas diez viviendas no se van a poder salvar”, sin indicar a los afectados a qué viviendas en concreto se refiere, “genera una enorme incertidumbre entre los vecinos, cuando ni siquiera se han respondido oficialmente las alegaciones presentadas al respecto en enero”. Algo que consideran “inadmisible e indigno de quien detenta la máxima responsabilidad en la tramitación y ejecución de esta obra pública”.

“El Ayuntamiento de Tijarafe siempre ha dejado claro que la intervención sobre la LP1 es una obra fundamental en cuanto a la mejora de la seguridad y eficiencia de esta vía de comunicación, no solo para Tijarafe, sino para el conjunto de la comarca noroeste y de la isla de La Palma. Por tanto, solo cabe manifestar de modo inequívoco el rechazo a las mismas y lamentar profundamente la actitud del director general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado Sánchez, al amenazar con llevarse la inversión destinada a esta obra a otro lugar, tal y como le transmitió al alcalde del municipio en una reunión improvisada dentro de su agenda de visita a la isla en el día de ayer”.

Asimismo, denuncian “también el intento de Delgado de achacar a una supuesta impugnación del Ayuntamiento de Tijarafe, la posible no ejecución de la obra de mejora de la LP1 a su paso por este municipio. Lo que el Ayuntamiento de Tijarafe aprobó en pleno y remitió oficialmente a la Dirección General de Infraestructuras el 14 de enero pasado, fue un conjunto de alegaciones jurídicas y técnicas totalmente procedentes dentro del trámite de alegaciones abierto por el propio Gobierno de Canarias. No es, en ningún caso, una impugnación como manifiesta el director general”.

“Cabe dejar muy claro que, pese a los errores técnicos contenidos en un proyecto que, como bien se ha encargado de recordar una y otra vez Delgado, derivan de la aprobación técnica (que no definitiva) del mismo en julio de 2019 con la firma del entonces consejero Pablo Rodríguez, la decisión de tramitar la licitación de la misma y de realizar las expropiaciones por un procedimiento de urgencia y en plenas navidades, sin aviso previo de ningún tipo ni a los vecinos ni al propio Ayuntamiento de Tijarafe, la ha tomado el actual director general José Luis Delgado y su equipo, nadie más. Así, el anuncio de un cambio de procedimiento de urgencia para realizar estas expropiaciones a otro ordinario no es un regalo que nos ofrezca Delgado, sino el fruto de la improcedencia jurídica de haber optado por esta vía, creando una situación de indefensión en los afectados, entre los cuales se encuentra el propio Ayuntamiento de Tijarafe”.

Desde el Ayuntamiento indican que “queda patente, tras estas declaraciones, que las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento y por los vecinos afectados por este proceso no estaban mal orientadas con respecto a hacer constar dicha situación de inseguridad jurídica. Pero de ahí a achacar al legítimo derecho a presentar alegaciones la causa de la posible no ejecución de esta obra, supone un enorme ejercicio de cinismo para ocultar la propia incapacidad del actual responsable de las Infraestructuras viarias en Canarias, para lograr gestionar positivamente una situación como esta”.

El Ayuntamiento de Tijarafe asegura que “va a seguir defendiendo, en cualquier caso, la necesidad de acometer lo antes posible la mejora de la LP1 a su paso por la comarca noroeste, una demanda justa e histórica de los habitantes de estos municipios. Pero no por ello, le pese a quien le pese, va a dejar de defender también el legítimo derecho que asiste a los afectados por la obra, exigiendo que los tramites que conlleva su realización se realicen con las mayores garantías jurídicas y evitando situaciones de indefensión o atropello administrativo, por parte de las administraciones implicadas en su ejecución. Y para ello, va a seguir poniendo a disposición, tanto del Gobierno de Canarias como de nuestros vecinos, los medios municipales de los que disponemos para lograr que se ejecute esta obra tan demanda y necesaria para el noroeste de la Palma, pero siempre salvaguardando los legítimos derechos de los afectados por la misma”.