CC denuncia que la reforma del Registro Civil perjudicará a más del 80% de la población de la Isla

La reforma del Registro Civil, que entrará en vigor el próximo 15 de julio, perjudicará al 80,6 por ciento de la población de La Palma, según denuncia CC en un comunicado. La nueva ley supondrá el cierre de las oficinas que existen en cada uno de los municipios y solo se continuará dando el servicio en Santa Cruz de La Palma, por lo que anuncian los nacionalistas que solicitarán ante el Pleno del Cabildo y en los ayuntamientos que se apruebe una iniciativa urgente para que se lleve a cabo la modificación de la ley.

"La aplicación de esta ley obligará a los habitantes del resto de municipios a desplazarse para realizar unos trámites que hasta ahora hacían cerca de su casa" denuncia la secretaria general de CC, Guadalupe González Taño. "Además, es obvio que esta medida perjudicará gravemente a población de los núcleos rurales de La Palma".

Esta medida afectará a la realización de gestiones como la inscripción de nacimientos, las solicitudes de nacionalidad, el cambio de datos como el orden de los apellidos o la solicitud de determinados certificados .
CC explica que con la aplicación de la norma cerrarán los 14 registros civiles que hasta el momento existen en la isla, tanto en los Juzgados de Primera Instancia de Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma como en los Juzgados de Paz. Se privatizará el servicio y solo habrá a disposición del público una nueva Oficina de Registro Civil.

González Taño añade que es previsible que esta privatización suponga el cobro de tasas por unos trámites que hasta ahora eran gratuitos. "Es probable que eliminar el carácter público de la prestación de este servicio suponga también un cambio de horario para la atención al público, lo que puede tener graves consecuencias", afirma.

"Pensemos, por ejemplo, en la inscripción de la defunción que ha de realizarse dentro de las 24 horas siguientes al fallecimiento de una persona. Hasta ahora, los registros públicos permanecen abiertos todos los días de la semana; sin embargo, es difícil pensar que los registradores de la propiedad puedan ofrecer la misma amplitud horaria, lo que podría provocar una demora en un momento tan delicado para las familias", afirma.

"No podemos permitir que una ley intervencionista que afecta de lleno a lo público dificulte el acceso de la ciudadanía a un servicio hasta ahora público sobre el que, además, es previsible que se cobre una tasa cuando hasta ahora era totalmente gratuito", asegura González Taño.

Por último, la secretaria general de CC y candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma detalla que uno de los artículos de la ley hace referencia a que la expedición de los certificados preferentemente vía telemática. "Una forma más de obstaculizar la realización de los trámites en una isla en la que el 54,7 por ciento de los hogares tiene acceso a Internet, frente al 74,4 en el resto del territorio nacional".