La carretera de Tijarafe: otro proyecto sobredimensionado

El Gobierno de Canarias está en pleno proceso de licitación de obras en la carretera LP-1 a lo largo del municipio de Tijarafe, obras que, en la práctica, suponen una nueva carretera. Con un gasto total de más de 60 millones de euros, el proyecto recoge la construcción de un falso túnel y tres puentes de gran altura sobre sendos barrancos.

Son dos los argumentos que se han esgrimido para defender este proyecto: el desarrollo económico y social de la comarca noroeste y el aumento de la seguridad vial. Sin embargo, lejos de contribuir a dichos objetivos, consideramos que la obra en cuestión nos aleja de éstos. Por una parte, la construcción de nuevas carreteras no garantiza el desarrollo económico y social para las áreas económicamente deprimidas. Acortar los recorridos en unos minutos no va a aumentar la competitividad de los municipios norteños. Por el contrario, aumentará el éxodo de los consumidores locales hacia los centros comerciales del resto de la isla.

En cambio, apostar por invertir en el desarrollo local a través de la modernización de la administración, los servicios médicos y el comercio repercutirían positivamente, tanto en la economía local, en aspectos como la creación de empleo, como en la calidad de vida de sus habitantes, al tiempo que reduciría la contaminación ambiental (atmosférica y acústica) producida por los desplazamientos en coche. Si se destinara solamente la mitad del presupuesto de la obra de la carretera a la mejora de los servicios públicos esenciales, como construcción y equipamiento de un centro de salud, dotación de los centros educativos, facilitar la fibra óptica a los hogares del Norte, o agilizar los trámites administrativos vía Internet, evitando desplazamientos, el beneficio social sería indudablemente mayor.

Por otra parte, creemos que el aumento del tráfico rodado y la mayor velocidad de circulación no contribuyen a una mayor seguridad, ya que aumenta el peligro para peatones y ciclistas. Reducir la siniestralidad se conseguiría con una disminución de vehículos en las vías, una apuesta seria por el transporte público o compartido, y la ejecución de las obras estrictamente necesarias en los tramos más complicados.

En La Palma ya hay muchos ejemplos de obras sobredimensionadas que se eternizan, que además requieren inversión suplementaria para su finalización y que, por su alto presupuesto, solo pueden ser acometidas por las cuatro grandes constructoras de siempre, marginando a las empresas locales. Las obras más sencillas, fácilmente ejecutables y que mejorarían de forma inmediata la seguridad y rapidez de las carreteras, como implementar tramos de carriles para vehículos lentos o rectificar algunas curvas peligrosas, da la impresión de que no interesan a las administraciones para poder justificar ante la opinión pública las grandes obras.

Centinela ha solicitado información ambiental al Gobierno de Canarias porque tenemos serias dudas sobre la legalidad del procedimiento empleado en la aprobación de este proyecto: creemos que se debería haber realizado la evaluación ambiental ordinaria, y no la simplificada, ya que parte del nuevo trazado transcurre por Red Natura 2000; y por otra parte, se ha pretendido dar al proyecto un tratamiento de “acondicionamiento” de carretera existente, cuando en realidad la mayor parte del presupuesto del proyecto se destina a la realización de nuevo trazado viario.

Si, a la vista del expediente solicitado, se confirmaran nuestras sospechas, pediremos por vía administrativa o judicial la revisión y subsanación del procedimiento. Todo ello con vistas a que se dé una nueva oportunidad a un redimensionamiento de la obra de forma que tenga menor impacto social, paisajístico y presupuestario, y que el remanente pueda ser invertido en la comarca en mejorar la sanidad, la educación y el acceso a la red digital, entre otros servicios básicos.

En el marco de la actual crisis medioambiental, económica y social, agravadas por la pandemia, apostar por un modelo caduco que incremente el uso del transporte privado y los desplazamientos, contribuiría a acelerar el deterioro ecológico[1] y por consiguiente a poner en riesgo la vida en el planeta. Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia actual, es la necesidad de replantearnos el funcionamiento de nuestra sociedad y sobre todo la importancia de cambiar las prioridades de la inversión pública.

Tanto el Cabildo de La Palma como el Gobierno de Canarias han suscrito declaraciones institucionales de emergencia climática comprometiéndose a incorporar en sus planes los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Pero estas declaraciones de intenciones se contradicen con los proyectos que se están planteando de cara a la recuperación económica de la crisis provocada por el COVID. De los 70 millones de euros presupuestados para La Palma a lo largo de 2021, las carreteras representan más del 30% del total. Quizás sería un buen momento para apostar por una verdadera transición hacia una economía más ecológica y justa.

[1] 30% de las emisiones de CO2 a la atmósfera proceden del transporte y de ese porcentaje el transporte por carretera representa el 72%. Los efectos sobre la salud de las personas son claros: en España mueren cada año 38.000 personas a causa de la contaminación atmosférica.