Ángel Víctor Torres: "No hay nada mejor que ser y sentirse socialista"

CLARO….

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La verdad sobre Largo Caballero, Indalecio Prieto y las matanzas de la Guerra Civil

El Ayuntamiento de Madrid, con los votos de PP, Vox y Ciudadanos, ha decidido quitarles las calles a él y a su compañero del PSOE Indalecio Prieto, pero ¿cuál fue su responsabilidad?

Francisco Largo Caballero.
Por Julio Martín Alarcón
30/09/2020 – 09:20 Actualizado: 01/10/2020 – 19:11

“El Gobierno y el presidente de la República no lo ignoraban y tenían responsabilidad en todo cuanto estaba sucediendo en Madrid”. Así se referió Santiago Carrillo en sus memorias —‘Mi testamento’— nada menos que a la matanza de Paracuellos acaecida en Madrid entre noviembre y diciembre de 1936 y en la que fueron asesinadas alrededor de 2.500 personas durante el denominado ‘Terror Rojo’. El presidente del Gobierno era en ese momento Francisco Largo Caballero y el de la República, Manuel Azaña. [“La División Azul creía que la guerra sería un paseo militar hasta Moscú”] Las explicaciones de Carrillo, que era el máximo responsable del Orden Público en Madrid, estaban destinadas a auto exculparse pero ofrecen un renovado interés ahora que el pleno del Ayuntamiento de Madrid, con los votos de PP, Vox y Ciudadanos ha decidido quitarle la calle junto a su compañero del PSOE Indalecio Prieto y en virtud, según han alegado, de la Ley de Memoria Histórica. El Lenin español era el presidente del Gobierno cuando se produjo la matanza de Paracuellos que facilitó su ministro de Justicia

Vox ha esgrimido que Largo Caballero fue responsable de las checas, los tribunales populares y “el asesinato de niños en Paracuellos”. De todos ellos en lo que más se le podría achacar responsabilidad sería en las matanzas de noviembre y diciembre de la capital —si bien no se tiene constancia del asesinato de niños en ese operativo—, pues los tribunales populares ya existían desde el anterior gobierno de José Giral.

El operativo

Las acusaciones de Carrillo contaban con bastante base como se explicará a continuación: el gobierno de Largo Caballero tuvo responsabilidad y conocimiento de las sacas de Paracuellos. Estas se detuvieron a mediados de noviembre con el nombramiento de Melchor Rodríguez como Inspector General de Prisiones y se reanudaron menos de una semana después por la expresa participación del ministro de Justicia del gabinete de Largo Caballero, Juan Garcia Oliver, que destituyó a Melchor Rodríguez, para poder continuar con el operativo.
placeholderIndalecio Prieto, durante un discurso.
Indalecio Prieto, durante un discurso.
Indalecio Prieto por su parte, si bien apoyó la revolución de octubre de 1934 —cuyo máximo responsable en el PSOE fue precisamente Largo Caballero—, ya en el 36 resultó ser el principal opositor del partido en lo que rspecta a la dirección estratégica del mismo. Largo Caballero insitía en la dialéctica revolucionaria en los meses previos al estallido de la Guerra Civil, mientras que Prieto abogaba por no encrespar los ánimos contra la burguesía de derechas y el ejército —Paul Preston, ‘El Holocausto español’ (Debate)—. El PSOE se batirá de hecho entre las dos posiciones de Prieto y Largo Caballero. El primero considerado más moderado y el segundo, el que querría “bolchevizar” al partido.
Sangre en las calles
Aún así, el 13 de julio de 1936, uno de los principales líderes de la oposición, José Calvo Sotelo, monárquico de Renovación Española, fue asesinado por un grupo de simpatizantes del Frente Popular que le fue a buscar a su casa y entre los que se encontraba un miembro de la guardia personal del propio Indalecio Prieto. Nunca se pudo probar ninguna connivencia del político socialista, que además censuró el asesinato públicamente, pero siempre recayó sobre él la sospecha. En cualquier caso, en virtud de la propia ley de Memoria Histórica que ha esgrimido Vox, solo se podrían tener en cuenta los actos acaecidos con posterioridad al 18 de julio.
placeholderEl cadáver de José Calvo Sotelo.
El cadáver de José Calvo Sotelo.
Lo más grave ocurrió sin embargo en noviembre de 1936, cuando Largo Caballero ante el avance de las tropas de Franco sobre Madrid ordenó la evacuación del gobierno a Valencia porque consideraba que caería antes o después. Finalmente no ocurrió, pero en ese mes y el siguiente tuvieron lugar las más sistemáticas matanzas de toda la Guerra Civil contra ciudadanos encarcelados previamente por la sospecha de ser “simpatizantes” del alzamiento militar y, por tanto, “quintacolumnistas”. El 9 de noviembre, por orden de Largo Caballero, se crearon la Junta de Defensa de Madrid y el comité de Orden Público que dirigiría Santiago Carrillo Largo Caballero, que era presidente del Gobierno desde septiembre de 1936, fue además quién ordenó el 6 de noviembre la creación de la Junta de Defensa de Madrid que debía tomar el control de la capital en ausencia del Gobierno y el que aceptó casi inmediatamente que se le concediera el comité de Orden Público precisamente a la JSU en la que militaba Santiago Carrillo. Cuatro días antes, había dado entrada también en el Gobierno a dos anarquistas: Juan García Oliver y Federica Montseny, que serían claves en el drama.
La presión de los diplomáticos
Aunque Carrillo negase después participación de ninguna clase —ni siquiera haber tenido conocimiento, para pasmo de todos los historiadores del periodo, incluyendo a Paul Preston que calificó de “ridiculas” sus explicaciones—, lo cierto es que se sabe que él mismo actuó en determinados momentos de la matanza en connivencia con el gobierno. Lo más significativo se resume en la actuación de Melchor Rodríguez, anarquista, también apodado el ‘Ángel Rojo’, que consiguió detener las sacas de Paracuellos durante una semana. ¿Cómo se sabe que el gobierno tuvo responsabilidad en la matanza? Porque fue el propio ministro de Justicia en el gabinete que presidía Largo Caballero, García Oliver, el que ordenó deponer a Rodríguez del cargo de Inspector General de Prisiones, de forma que las sacas y los fusilamientos pudieran continuar. Melchor Rodríguez, el anarquista que detuvo la matanza, no tuvo calle en Madrid hasta 2106, mientras que Carrillo y Largo Caballero sí Curiosamente al cenetista Melchor Rodriguez otro pleno del ayuntamiento le concedió una calle en Madrid en 2016 —que no tenía a pesar de haber sido alcalde de Madrid efímeramente—, mientras que Santiago Carrillo disponía de una con anterioridad. La guerra se ha traslado al callejero de Madrid como bien sabe todo el mundo. Una serie de hechos arrojan más que la sombra de la duda sobre la participación del gobierno en la matanza y por qué Largo Caballero era el único que podía haberla detenido. Poco después de comenzar las sacas de las cárceles Modelo, San Antón y Porlier para los fusilamientos masivos en el tramo de la carretera de Belvis a Madrid que pasaba por Paraculleos, las noticias llegaron a los diplomáticos extranjeros que se encontraban en Madrid.
placeholderOrden del segundo del ministerio de Justicia del 9 de noviembre de 1936, nombrando a Melchor Rodríguez Inspector General de Prisiones. (Pinche para descargar el documento)
Orden del segundo del ministerio de Justicia del 9 de noviembre de 1936, nombrando a Melchor Rodríguez Inspector General de Prisiones. (Pinche para descargar el documento)
El cónsul honorario de Noruega en Madrid, el alemán Felix Schlayer, tuvo noticias, aunque imprecisas, de que las célebres “evacuaciones” de presos a Valencia —el eufemismo con el que se orquestó la matanza— consistía en una mera excusa para llevar a los presos a zanjas donde eran fusilados. Las órdenes de evacuación de presos se tomaron el 1 de noviembre en un consejo de ministros presidido por Largo Caballero, según el hispanista Ian Gibson —’Paracuellos, como fue’—, aunque entonces aún no se había montado el operativo Los diplomáticos, tras una reunión con el propio Carrillo, que negó que estuvieran ocurriendo asesinatos, siguieron moviendo hilos para detener la matanza —Felix Schlayer, ‘Diplomático en el Madrid rojo’—. En este contexto, el día 9 de noviembre, Melchor Rodríguez consiguió ser nombrado “Inspector General de Prisiones” con la firma del subsecretario del ministerio de Justicia, Manuel Sánchez Roca, no del ministro Garcia Oliver como se puede comprobar en el número del día 14 de noviembre de la Gazeta de la República que adjunta El Confidencial. Una vez en el cargo y antes de que se publicase en la Gazeta, ya que Sánchez Roca le comunicó ese mismo día 9 por teléfono la noticia, Melchor no esperó ni un solo día para ordenar que se abandonasen las “evacuaciones” —Julius Ruiz, ‘Paracuellos una verdad incómoda’ (Espasa)—.
Más que Carrillo
Carrillo, que estaba al mando del Orden Público, no se opuso. Aquí es donde cobra importancia la acusación contra el Gobierno de sus memorias: dado que la orden provenía de un ministerio y según decía la propia JSU, “la Junta de Defensa de Madrid actuaba en nombre del gobierno”, actuaron siguiendo esas órdenes y no por su cuenta y riesgo. Sin embargo, el 12 de noviembre, el ministro de Justicia, García Oliver, decidió visitar Madrid y deshacer el enredo de su segundo en el cargo: “La presencia de García Oliver en Madrid, un ministro del gabinete de Largo Caballero, significó la reanudación de las sacas de de las prisiones” —Julius Ruiz—. Una corriente de historiadores de izquierdas esgrime que el Gobierno no tuvo responsabilidad, ya que se encontraba en Valencia, no en Madrid Como consecuencia y tras una violenta discusión entre Melchor Rodríguez y García Oliver, el primero fue destituido y el terror continuó. Aunque una corriente de historiadores ha esgrimido siempre que la matanza de Paracuellos se produjo cuando el Gobierno estaba en Valencia, la realidad es que la destitución de Rodríguez por parte del ministro y con ella la reanudación de las matanzas es significativa: solo con la intervención directa del Gobierno, es decir, por medio del ministro de Justicia, García Oliver, se pudo continuar con los fusilamientos. ¿Hasta qué punto tenían conocimiento el presidente del Gobierno y el de la República, Manuel Azaña, de la terrible matanza?
Azaña y los ministros
El historiador Paul Preston da por hecho que se conocía. Se ciñe a la versión del ministro nacionalista vasco sin cartera, Manuel de Irujo, quién a través de uno de sus informadores en la capital, Jesús Galíndez supo lo que estaba ocurriendo y mantuvo correspondencia con el mismo Manuel Azaña para intereresarse por los acontecimientos de Madrid: “El día 11 de noviembre, Irujo y José Giral, que era también ministro sin cartera, exigieron explicaciones al ministro de la Gobernación, Ángel Galarza. La vaguedad de su respuesta demostraba a las claras que estaba al corriente de la evacuación de los presos, si bien atribuía las muertes a la furia de las familias de las víctimas de los bombardeos aéreos…” —Paul Preston, ‘El Holocausto español’ (Debate)—. Ángel Galarza era seguidor de Largo Caballero dentro del PSOE y un cargo de confianza en su gobierno como ministro de la Gobernación, lo que hace improbable que, a su vez, el presidente no tuviera conocimiento de las “evacuaciones” ya que al menos cuatro ministros: José Giral, Manuel Irujo, Ángel Galarza y por supuesto, Juan García Oliver lo habrían sabido, además del presidente de la República… El propio Gobierno de Largo Caballero fue el que detuvo definitivamente los fusilamientos cuando ya habían muerto alrededor de 2.500 No obstante, Preston evita citar su nombre y su biógrafo Julio Aróstegui lo zanja explicando que “nunca se refirió a tales asuntos en sus escritos ni discursos [las órdenes de la matanza siempre se dieron “cubriendo responsabilidad” es decir, sin dejar nada escrito] a los que fue totalmente ajeno”, aunque en el mismo párrafo aluda a que se deconoce su grado de conocimiento —Julio Aróstegui, ‘Largo Caballero, el tesón y la quimera’—. A partir de diciembre, la presión de los diplomáticos se incrementó, al tiempo que la amenaza sobre la capital por parte de las tropas de Franco se había disipado haciendo más inútil aún la tesis que impulsó la matanza, que consistía en evitar que la Quinta columna se uniera a las tropas de Franco. Finalmente, el propio Galarza, con la aprobación de Largo Caballero, restituyó a Melchor Rodríguez en su puesto de Inspector General de Prisiones cuya orden esta vez sí firmó el ministro García Oliver y las sacas se pararon definitivamente. Julius Ruiz interpreta claramente la responsabilidad de Largo Caballero debido a estos hechos: “El principal interrogante no es si el Gobierno republicano supo de lo que estaba aconteciendo en Paracuellos desde un principio, sino por qué tardó tanto Largo Caballero en poner fin a aquella operación”.