Los vecinos afectados por la Ley de Costas de las zonas de Puntalarga y El Faro en Fuencaliente ejercitan diferentes acciones legales ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, para evitar el derribo de sus viviendas.
El letrado y presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (PCALC), José Luis Langa González, ha explicado que “son varias las figuras legales en las que nos amparamos, pues las circunstancias que concurren también son distintas”.
La mayoría de estos asentamientos recibieron el pasado mes de junio, del Servicio Provincial de Costas de Tenerife, una orden de ejecución para el desalojo forzoso y la demolición de más medio centenar de viviendas, 25 en El Faro y más de 30 en Puntalarga, que afectarán a unos trescientos vecinos.
En todos los casos, el letrado indica que “las medidas cautelares solicitadas son completamente necesarias para asegurar la efectividad de la futura sentencia que en su día se dicte”. El objetivo de estas acciones judiciales es “evitar el derribo y demolición de estas viviendas que, aunque están ubicadas en zona de dominio público marítimo-terrestre, pueden considerarse núcleos poblacionales urbanos consolidados, pues disponen de luz, agua, carreteras, etc.”, agrega Langa González.
El abogado considera que “dichas viviendas pertenecen a familias canarias humildes, la gran mayoría de ellas con tradición pescadora, que residen en el lugar con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, incluso algunas desde el año 1962”.
Antecedentes
En junio de 2005, el Servicio Provincial de Costas de Tenerife resolvió recuperar el dominio público de estos enclaves “ocupado indebidamente”, y ordenó la demolición de las construcciones y la retirada de sus restos con reposición del terreno a su estado primitivo.
En la actualidad, la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas está litigando para que se suspenda la ejecución de desalojo de la totalidad de las viviendas afectadas, y solicitará reunirse con los responsables de las distintas Administraciones con el fin de evitar “que personas humildes sufran un desalojo injusto”, indica el presidente de la Plataforma.
La Plataforma firmó en 2016 un acuerdo para la creación de una comisión mixta, integrada por representantes de la Federación Canaria de Cabildos, la Federación Canaria de Municipios y el Gobierno de Canarias, “con el fin de evitar situaciones como esta”, subraya Langa González.
antonioch
AZERO, totalmente de acuerdo con su comentario. Todo lo ilegal al suelo
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sirinoke
A pocos kilómetros está la
Playa Nueva o Echentive, sin coches, sin aguas fecales, son vertidos, sin coches, sin caravanas, un paraíso.
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Stan
Viviendas de familias humildes dicen…
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AZERO
¿Y que pasa con los hoteles, apartamentos, viviendas, restaurantes y demás edificaciones grandes y pequeñas, que invaden desvergonzadamente el litoral y en muchos casos están a muy pocos metros del agua, en La Palma y en todas las islas?
¿Por qué a esos no se les aplica la Ley de Costas?
¿Será porque pertenecen a grandes empresarios o familias conocidas y no se les quiere molestar por según que conveniencias políticas?
¿Por qué solo se atreven a tirar casetas, en su mayoría de gente humilde, que no pueden defenderse?
¿Somos tan tontos como para no darnos cuenta de esta forma tan hipócrita, cobarde y arbitraria de aplicar las leyes, solo cuándo les da la gana y solo contra los más débiles?
Despierten y vean más allá de sus narices.
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antonioch
Y para cuándo controlar el nuevo chabolismo de caravanas que inunda, ensucia y secuestra nuestras costas (y no costas)?
Para un ejemplo el de la foto
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EstudianteUni
Que las tiren y sigan subiendo por la costa este y oeste.
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Lapa
Partiendo de la premisa que las construcciones ilegales no prescriben en el dominio público de Costa, es prácticamente imposible que escapen esas casetas,intentar que no se demuelan en base a un concepto de suelo urbano consolidado o no consolidado, no reconocido por la dirección General de costas simplemente por el hecho de tener agua y luz y un acceso rodado es una fundamentación muy escasa para poder impedir su demolicion, porque un porcentaje muy alto de construcciones de este tipo tienen agua y luz y por ello no se han dejado de demoler. Son construcciones ilegales en terreno que ni siquiera son suyos. Se imaginan que cualquier ciudadano se encapriche con cualquer lugar y plante una casa o caseta sin ser propietario ni siquiera del terreno eso no se puede hacer y tal como he dicho LA INFRACCIÓN URBANÍSTICA NO PRESCRIBE NUNCA en el dominio público de costas. Además esas casetas son segundas viviendas incluso de gente que no es de Fuencaliente. La única remota posibilidad que existe es que la dirección General de costas les conceda una concesión administrativa por x años y evidentemente pagando un Canon anual, pero creo que para costas es más importante rescatar ese suelo que cualquier Canon que se pueda pagar.
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AntonioLuz
Y las competencias de Costas a punto de transferirse al Gobierno Canario. Que Dios nos coja confesados. En un par de años tendremos las costas como las favelas de Rio de Janeiro.
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Martelero
Aplicación sin dilación de la Ley de Costas y demolición de esas casetas YA.
No a la ocupación y construcción ilegal de las costas públicas.
No a la contaminación por los vertidos de dichas casetas.
No a la justificación de ilegalidades por parte de políticos mediocres y corruptos.
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