La nueva facturación de la luz no resuelve el problema

Lo que estamos viendo estos días con los precios del recibo de la luz es la incapacidad de un gobierno, democráticamente elegido, para controlar los precios de un servicio esencial como es el eléctrico, en manos de poderosas entidades que piensan más en los dividendos de sus accionistas que en las dificultades de los ciudadanos para pagar todos los meses el recibo de la luz. ¿Podemos hablar en estas circunstancias de un sistema democrático instrumentalizado por el mercado?

La incapacidad del gobierno para bajar los precios del recibo de la luz pone en evidencia de quienes son los que en realidad controlan el mercado eléctrico, las multinacionales que tienen a su favor un sistema regulatorio hecho a su medida, en cada momento por los gobiernos de turno. Ganan hasta cuando pierden que es lo que ocurre, por ley, cuando las eléctricas construyen, en una parte liberalizada del sistema eléctrico como es la generación, infraestructuras deficitarias que pasan en forma de peajes a las facturas de los consumidores.

Otro atropello a los consumidores es lo que pasa con la potencia contratada. La potencia instalada en Canarias es de unos 3.300 MW y el pico de demanda ha llegado a los 1.451MW/h, ¿es justo que en el recibo de la luz, en concepto de término de potencia que representa entre un 30 y un 35% del total, estemos pagando, entre todos los contratos que hay en las islas, por 6.570 MW/h? Estamos pagando por una potencia de más de 3.000 MW/h que no se encuentra ni instalada. En la etapa de J.M. Soria se incrementó el termino de potencia cerca de un 100% como medida para penalizar el ahorro y la eficiencia.

Lo que se hace con las infraestructuras deficitarias, lo que nos cobran por el término de potencia y los beneficios caídos del cielo del mercado mayorista son una buena muestra de que nos están tomando el pelo, además asaltar nuestros bolsillos.

Lo que estamos viendo estos días, con los precios más altos en el mercado eléctrico mayorista, es el abandono de los ciudadanos por el gobierno de turno, lo mismo que lo han hecho los anteriores gobiernos porque quienes mandan son los mercados y las multinacionales que lo mueven a su voluntad. Quienes debieran defender, por responsabilidad democrática, el interés general que es el de los consumidores que, en este caso el interés general sería tener un precio justo para el servicio eléctrico que recibimos, se han situado del lado de las multinacionales y fondos de inversión que son quienes, en realidad, controlan el mercado y la regulación del sector y lo más preocupante es que, también, están controlando la transición energética porque han conseguido que quede reducida a un cambio de tecnologías con grandes infraestructuras que acaban privatizando el sol y el viento, mientras se perpetúa el modelo energético centralizado y antidemocrático que nunca bajará el recibo de la luz, al mismo tiempo que han abandonado, dejando para después, el autoconsumo y las comunidades energéticas locales como base de los sistemas insulares descentralizados, donde las grandes infraestructuras quedan reducidas a la mínima expresión porque no son necesarias.

El recibo de la luz es una foto completa del resultado de los objetivos de la política energética. Donde lo que pagamos es mucho más de los costes que corresponden al servicio eléctrico recibido. Pagamos más porque se priorizan otros intereses del sector que han tenido acceso al BOE condicionando a su favor las normativas y la regulación del sistema en general. Por lo tanto, lo que hay que cambiar no es el recibo sino la política energética, desde la responsabilidad democrática de quienes gobiernan que debería ser, siempre, respetando el interés general de la ciudadanía y la consideración del servicio eléctrico como servicio esencial al margen de los intereses particulares de las multinacionales que se mueven por los dividendos de sus accionistas.

La nueva propuesta de facturación vigente desde el uno de junio podrá conseguir reducciones puntuales en el recibo de la luz, pero no resolverá el problema porque la medida se adopta sobre un sistema eléctrico cuyo mercado, que no se ha modificado, parte de un diseño hecho para favorecer el negocio de las eléctricas, cuyos intereses son contrarios a los de los consumidores. De ahí que los precios del mercado mayorista que se han venido produciendo a partir de junio no solo no han bajado, sino que han alcanzado precios más caros, como nunca, por encima de los que se dieron con la tormenta filomena, superando los 100€/MW/h.

Abaratar el recibo de la luz solo será posible en el marco de un modelo energético descentralizado con control público, porque es el más sostenible y el que más reduce costes al no basarse en grandes infraestructuras ni el transporte, puesto que es un sistema para el ahorro y no para el consumo que es la característica del modelo centralizado que se alimenta de facturar. Por lo tanto, el ministerio de Transición Ecológica tiene un difícil equilibrio con una propuesta cuyo objetivo es el de compatibilizar intereses contrapuestos y que no controla del todo, los de las eléctricas que se deben a sus accionistas y el de los consumidores que cada vez entienden menos el funcionamiento de un sistema eléctrico que continúa con su opacidad.

Históricamente el sector eléctrico español ha estado controlado por las multinacionales del sector y, todavía hoy, la política energética está condicionada por ese poder como así lo han demostrado en lo que llevamos de transición energética. El impuesto al sol, la modificación de las primas a las renovables y la subida del término de potencia en la factura fue el primer golpe sobre la mesa del oligopolio.

La continuidad de ese control en aspectos concretos del sistema eléctrico como es la generación, el mercado y la comercialización que, a pesar de que la entidad que genera no puede ser la misma que comercializa, esa prohibición la han solventado, sin ninguna dificultad, cambiando de nombre con la creación de una nueva entidad mercantil y si, además, se mantiene la forma de configuración de los precios en el mercado mayorista con los beneficios caídos del cielo, donde los titulares de las grandes hidroeléctricas y nucleares, ya amortizadas, tienen capacidad para condicionar la cuantía de dichos beneficios, entonces, el gobierno y el ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene demasiadas variables que no controla y, por lo tanto, es difícil que la nueva propuesta de facturación consiga, en un primer momento, bajar los precios del recibo de la luz.

Cuando partimos de una situación de opacidad con respecto al funcionamiento del sistema eléctrico y especialmente el recibo de la luz, sin haber hecho una amplia campaña informativa a la ciudadanía, el gobierno ha introducido de golpe el cambio en la facturación de la luz, con unos precios diferenciados en tres franjas horarias con la finalidad de que los usuarios hagan un desplazamiento en los consumos hacia las horas de precios más bajos, con la finalidad de bajar el recibo de la luz.

Los usuarios, aunque se adapten al nuevo sistema de facturación y consigan el objetivo del ahorro en el ámbito doméstico no tienen garantizado de que baje su recibo de la luz, como así parece que está ocurriendo porque en la configuración de los precios del mercado mayorista ha coincidido, qué casualidad, con un incremento importante del gas natural y el precio de los derechos de emisión de CO₂. Una subida del gas del 450% en un año (según el mercado holandés que establece los precios de referencia para toda la UE), de 5€/MW/h el año pasado a 27€/MW/h (y el cabildo de Tenerife reivindicando una regasificadora) que multiplican los beneficios caídos del cielo, junto a los derechos de emisión del CO₂ que han pasado de 37€/tonelada en marzo a 51€/tonelada en la primera quincena de junio. Así que, por más que los usuarios se esfuercen en ajustar los consumos a las franjas horarias más baratas, no podrán evitar que su ahorro quede anulado por estos incrementan en los costes de generación, que escapan al control del gobierno y están dando lugar en este verano a precios en el mercado mayorista por encima de los 100€/MW/h.

Qué casualidad, el petróleo también subiendo a 72 dólares/barril precios de 2014 y, como no, los carburantes no se quedan atrás, desde noviembre pasado la gasolina ha subido un 19% y el gasoil un 21%, una variable más en el encarecimiento del precio de la electricidad porque son los derivados del petróleo los que mueven los grupos diésel de las centrales térmicas. Así que detrás de todos estos movimientos de precios se encuentran los mismos protagonistas del mercado eléctrico mayorista.

Por lo tanto, como el sector eléctrico no es cualquier sector, es un servicio esencial que debería tener un control público para evitar que los intereses del mercado se antepongan al cumplimiento de un servicio básico que, en manos del sector privado, no solo no se abaratan los precios para los usuarios, sino que acaba, en un contexto grave de emergencia sanitaria y crisis económica sobrevenida, incrementando la vulnerabilidad y la pobreza energética.

En consecuencia, los precios más baratos de la electricidad vendrán a través de una transición que cambie los modelos, democratizando las energías renovables, con sistemas insulares descentralizados basados en el ahorro, la eficiencia, el autoconsumo compartido y las comunidades energéticas como marco jurídico para concretar el empoderamiento local. Soberanía energética.

Antonio Cabrera (Px1NMEC).