Langa González: "Desde la Plataforma vamos a defender sin descanso a los vecinos de Puntalarga y El Faro que ven amenazadas sus casas"

Los vecinos de los asentamientos de Puntalarga y El Faro, en Fuencaliente, han recibido una notificación del Servicio Provincial de Costas de Tenerife para el desalojo forzoso y la demolición de más medio centenar de viviendas, 25 en El Faro y más de 30 en Puntalarga, que afectarán a unos trescientos vecinos.

La Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, que preside el letrado José Luis Langa González, está ejerciendo diferentes acciones legales ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, así como se ha pedido la suspensión cautelar de la autorización judicial para el desalojo, dado que se trata de núcleos urbanos consolidados y primeras residencias.

Para explicar estas acciones, Langa González llevó a cabo hoy, 3 de septiembre, una rueda de prensa en la que indicó que “Fuencaliente es un símbolo de lo que está pasando en Canarias, del ataque a la historia de un pueblo, que ha vivido en y por la costa”.

En este sentido, el letrado aseguró que “desde la Plataforma vamos a defender sin descanso a los vecinos de Puntalarga y El Faro que ven amenazadas sus casas, así como a todos los núcleos urbanos consolidados que hay en las costas canarias y que pueden correr la misma suerte”.

Para ello, desde el gabinete jurídico que dirige, Langa ha interpuestos diferentes acciones legales, como ya se ha indicado, y espera que “los tribunales nos den la razón, pues se puede demostrar que estos núcleos poblacionales existen desde mucho antes de que hubiera una ley de costas”.

Pero, sobre todo, Langa González ha mandado un mensaje directo al Gobierno de Canarias: “Pedimos que el Gobierno autonómico acelere con el Estado las transferencias de las competencias en Costas, de las que se viene hablando desde el pasado julio”. Y al mismo tiempo, reclama que reactive la Comisión Mixta que se firmó entre la Pcalc y el Ejecutivo regional en 2016 y que recogía, entre otras cuestiones, “que no se llevaran a cabo desalojos obligatorios en zonas  urbanas consolidadas y que, de ser absolutamente imprescindible, se destinen nuevos terrenos a las personas afectadas”.

“Esta comisión tiene el objetivo de unir a todos los representantes del pueblo canario, la Fecam, la Fecai, el Gobierno regional, los cabildos y los ayuntamientos afectados, para hacer un frente común y evitar la guillotina que costas ejerce sobre nuestras costas, como lo que se quiere hacer ahora en Fuencaliente”, recordó el presidente de la Pcalc.