El Gobierno duplica la tramitación de expedientes de familias afectadas por el volcán durante la última semana

El viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, detalló esta tarde, tras el Consejo de Gobierno celebrado en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, los datos que presenta hasta el mediodía de hoy el Registro Único para la atención a las familias afectadas por el volcán de La Palma.

Según subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo, en la última semana se ha intensificado la tramitación de los expedientes de solicitudes de ayudas y se ha duplicado el número de los tramitados tras reforzarse los recursos humanos, que hoy se ampliaron con otros diez trabajadores más.

Olivera subraya el “notable esfuerzo” realizado en los últimos días para acelerar esta tramitación. Según los datos oficiales, hasta ayer se había presentado un total de 3.430 peticiones de inscripción en el Registro, de los que, según las cifras que se manejaban este mediodía, se habían tramitado 2.062. Esta cantidad supone el doble de lo logrado hace apenas una semana, lo que Olivera explica por esa intensificación en la gestión de los expedientes tras completarse el despliegue de las aplicaciones informáticas y reforzarse el personal.

Un ejemplo de esa gran agilidad radica en que ayer el número de expedientes tramitados era 1.839 (el 54% del total), mientras que al mediodía de hoy ya la cifra había ascendido a 2.062. Con ese ritmo, según remarcó Olivera, el Gobierno autonómico prevé que la próxima semana se hayan completado todas las solicitudes ya presentadas, con lo que se superaría, incluso, los mil expedientes a la semana que avanzó este miércoles (8 de diciembre) el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en su visita a La Palma con motivo de una nueva reunión de la Comisión Mixta para la Reconstrucción de la Isla.

Hasta el pasado día 2 de diciembre, se había contabilizado un total de 3.213 solicitudes, de las que se habían tramitado 820 (el 25%), con 621 inscritos. Por tanto, se ha duplicado la tramitación y, de esta manera, se espera acelerar más la entrega de las ayudas. En este sentido, el viceconsejero recordó la orden aprobada por el Gobierno para las ayudas en el ámbito de la agricultura, ganadería y pesca, así como la de Derechos Sociales y en apoyo de las empresas y autónomos. Además, aludió a las ayudas de emergencia del Cabildo y de los tres ayuntamientos más afectados.

Según los datos de hoy, de los 2.063 expedientes tramitados, un total de 1.334 se refieren a daños en viviendas, bien sean la principal, secundaria o terciaria, lo que supone un 65%. Otros 1.017 están vinculados a la pérdida de enseres (un 49,3%) y 717 tienen que ver con damnificados del sector primario (35%). Las peticiones por daños pueden ser mixtas. Asimismo, 156 consisten en reclamaciones por daños en comercios o empresas (un 8%). Según recalcó Olivera, estos datos ya aportan un panorama más exacto de las consecuencias de la erupción.

Asimismo, anunció que ya se ha levantado la evacuación de la calle Nicolás Brito Páez y de la zona de Los Marteles, en Los Llanos de Aridane, por lo que las 30 familias afectadas pueden volver a sus residencias habituales. El número de personas acogidas en hoteles que sufraga el Gobierno regional es de 555 y hay 43 dependientes en centros sociosanitarios públicos.

El REF y el sistema de financiación autonómica “son cosas separadas”

Olivera afirmó hoy que el REF y el sistema de financiación autonómica “son cosas separadas” y “en ningún caso deben vincularse la una a la otra”. El Gobierno de Canarias “ni siquiera va a entrar a debatir que esto se pueda unir y mezclar”. Este asunto el Ejecutivo autonómico “lo tiene muy claro” y “no se debe ni plantear” en la negociación del sistema de financiación: una cosa es el REF y otra bien distinta el sistema de financiación de las comunidades autónomas.

Ahora mismo, el Gobierno de Canarias continuará estudiando la primera propuesta parcial remitida a las comunidades autónomas por el Ministerio de Hacienda y siempre defenderá en este proceso las singularidades de las Islas y que no se tenga en cuenta solo a la población en el reparto de los recursos financieros, sino también los niveles de renta, paro y pobreza, entre otros factores.