Los ecologistas denuncian el "abuso" de las obras de emergencia por el volcán

La asociación ecologista Centinela denuncia el “abuso del régimen excepcional de obras de emergencia que varias administraciones públicas pretenden perpetrar en La Palma aprovechando con oportunismo el argumento de la catástrofe volcánica”.

Explican en un comunicado que “la Ley de contratación pública permite a las administraciones emprender obras que resuelvan con diligencia limitaciones graves causadas por catástrofes sin la obligación de tramitar proyectos, sin presupuestar, sin evaluación ambiental previa y sin concurrencia competitiva, es decir contratando a dedo, pero restringe esta posibilidad a la excepcionalidad, a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para remediar los daños derivados de esa situación. Para el resto de obras que necesitan celeridad está la vía de urgencia, que exige todos los trámites ordinarios, pero permite que se acorten los plazos”.

Sin embargo, indican que “la clase política de La Palma, que de por sí tiene querencia a contratar a dedo y a saltarse los trámites legalmente previstos, ha visto los cielos abiertos con la oportunidad que les ha brindado el volcán para justificar cualquier obra con la cobertura de la emergencia, aunque nada tenga que ver con resolver los daños ocasionados por el volcán”.

“Así pretenden incluir infraestructuras como el enlace de El Remo a La Zamora o la circunvalación de El Paso, obras multimillonarias que pretenden adjudicar a dedo, evitar el trámite previo de la expropiación y, por su puesto, cualquier trámite relacionado con la participación ciudadana y la evaluación ambiental. Un atropello, en definitiva. El diputado Jacob Qadri ha ido más lejos pidiendo al Parlamento de Canarias que se declare por decreto ley “el procedimiento de emergencia para todos los órganos del sector público de La Palma”. Barra libre al despilfarro, al amiguismo y a la corrupción”.

Indican que “también el propio presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Victor Torres, ha llegado a defender que es “muy importante que continúe la emergencia” para dar cobertura legal a diversas obras, confundiendo la emergencia volcánica, que es un concepto propio de la gestión del riesgo para las vidas y la salud de las personas, con el de la justificación de la emergencia de las infraestructuras. Esto no es así. Puede haber terminado la emergencia volcánica pero no la necesidad de acometer de forma inmediata obras que remedien daños de la catástrofe en infraestructuras clave, del mismo modo que puede continuar la emergencia volcánica, pero ser injustificable e innecesaria la realización de obras empleando esta fórmula excepcional”.

Señalan que “incluso para las obras que podrían estar consideradas como de emergencia, están incumpliendo la ley”. “Así ocurre con la conectividad entre el norte y el sur de las coladas. Pretenden, para el mismo objetivo, justificar la emergencia de tres obras: la del embarcadero de La Bombilla, la carretera de la costa de Tazacorte y la chapucera pista campo a través desde La Laguna hasta donde el palista pueda. Esto es incompatible con el carácter excepcional de esta forma de contrato público, que se ha de ceñir a lo estrictamente indispensable. Se puede justificar una de ellas, pero no las tres. Además, es un sumidero del dinero público que se necesita para otras muchas cosas. Tan sólo el embarcadero de La Bombilla, que poco soluciona, costaría más de un millón y medio de euros, sin contar el acceso, los aparcamientos y las expropiaciones de terreno que éstos conllevan y que no están incluidos en el presupuesto”.

“Creemos que debe terminar este sin sentido. No pueden seguir improvisando, retorciendo la ley y jugando con las esperanzas de las personas. No podemos estar pagando cada ocurrencia de los políticos, ni debemos permitir que las decisiones se tomen sin evaluar los costes económicos y ambientales y sin la participación ciudadana. No podemos dar facilidades a la corrupción. El camino que se está tomando no es el más rápido hacia la recuperación”.