Denuncia “persecución” sindical y pide al Cabildo que resuelva el contrato con la empresa y asuma de manera directa el servicio
Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Santa Cruz de La Palma intervinieron este jueves en las dependencias del parque de bomberos de la isla para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de dos representantes de la Agrupación de Bomberos y Bomberas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO), según informa el sindicato. La tensa situación vivida obedece, denuncia este sindicato, a la “persecución” sindical que ejerce la empresa concesionaria del servicio, EMERPAL, sobre sus trabajadores.
Los hechos se produjeron cuando el coordinador autonómico de bomberas y bomberos de la FSC-CCOO de Canarias y la coordinadora insular de la FSC-CCOO de la isla de La Palma se presentaron en el parque de Bomberos de La Grama con el fin de registrar documentos de materia laboral, algo frecuente y que sucede a diario en cientos de empresas de las islas.
A la llegada al parque, señala, fueron “abordados por supuestos trabajadores de la empresa que pretendieron impedir el paso a los sindicalistas, los cuales expresaron que su único interés era registrar documentación en el parque con el fin de que la empresa se diera por notificada de los mismos”. La situación, añade el sindicato, se fue tensando hasta el punto de que “el delegado y el coordinador autonómico fue empujado para que abandonara las dependencias”. Esto motivó la llamada a la Policía Local y la Guardia Civil, que se personaron en el parque.
Responsabilidad del Cabildo
Los agentes de la autoridad instaron a la empresa a no impedir las labores sindicales y que permitieran el paso a los representantes de Comisiones Obreras Canarias para que ejercieran los derechos fundamentales que la Constitución Española y resto del ordenamiento jurídico les garantiza.
No obstante, los representantes del sindicato decidieron registrar la documentación en el propio Cabildo de La Palma, que es, en definitiva, el titular del servicio de bomberos de la isla y el que sufraga con dinero público la prestación que realiza esta empresa que, a pesar de contar con 23 trabajadores, no dispone de ningún representante sindical ni delegado de prevención de riesgos. Esto motiva, indica, reiterados incumplimientos de la Ley 31/95 que protege la integridad física y psíquica de los trabajadores.
FSC- CCOO lamenta que, una vez más, empresas que prestan un servicio público destaquen por la falta de respeto a derechos fundamentales universalmente reconocidos, por lo que instan al Cabildo que resuelva el contrato que mantiene con esta empresa y asuma de manera directa el servicio.
Suspensión de empleo y sueldo por reunirse con la consejera
Se da la circunstancia añadida, indica el sindicato, de que la empresa ha suspendido de empleo y sueldo durante un mes al delegado sindical de FSC-CCOO por haber asistido a una reunión con la consejera de emergencias del Cabildo de La Palma, a petición de ésta y en calidad de representante de los trabajadores. Como es habitual, se procedió a tomar todas las medidas para cubrir el puesto de trabajo, el cual fue realizado por un trabajador que sustituyó al delegado sindical durante el tiempo que duró la reunión.
El sindicato informa que recurrirá esta suspensión de empleo y sueldo, la cual “se enmarca, de manera evidente, en la estrategia de la empresa Asociación de Voluntarios La Palma, EMERPAL, con el fin de coartar las libertades de los trabajadores, máxime en un momento en que se han convocado elecciones sindicales conforme a la ley”.
A juicio del sindicato, el Cabildo de La Palma no puede sostener esta situación ni un día más y “debe velar por el uso que se hace del casi millón de euros que les cuesta el servicio a los palmeros y las palmeras y que se traduce en precariedad laboral y abuso de los derechos”.
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Drc
Qué irresponsabilidad tan grande por parte del Cabildo de La Palma que aún hoy , después de tantos años, siga sosteniendo como “punta de lanza” de la seguridad en la isla a un “potaje” entre una asociación de voluntarios, personal contratado a través de una empresa privada…en fin y todo con dinero público claro está.
Esto va en detrimento de la calidad un servicio que por ley tiene que ser público con agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Donde la financiación va íntegra a la mejora del servicio y no se deriva a intereses privados, recortando presupuesto en cuestiones tan importantes como equipos de protección, formación (de calidad), personal suficiente, etc.
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Bruma rastera
Queda más que claro que el gran wuana del pelo blanco es un auténtico dictador aunque sus serviles fieles que tiene siempre arrodillados lo intenten proteger en el cumplimiento de otra ley diferente a la suya
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lo que tenían que haber hecho los trabajadores es lo que hicieron ,evitar que la cuerda de vividores y estafadores de los sindicatos no entraran, es que si viviéramos en un país desarrollado a estos Señores de los sindicatos deberían de ponerlos a limpiar carreteras, pedazo de vagos y vividores
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