El diputado del Común, Rafael Yanes, elevará al Gobierno de Canarias, primero, y al Defensor del Pueblo, después, las quejas de los afectados por la Ley de Costas, una situación que está obligando a la judicialización para parar las actuaciones de desalojo de muchas poblaciones, tal y como le explicó el letrado y presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), José Luis Langa González.
En el encuentro, que tuvo lugar ayer, 24 de mayo, el diputado del Común escuchó la inquietud del presidente de la Pcalc, quien indicó que se está produciendo una “aceleración de los desalojos por parte de Costas en todos los municipios de Canarias afectados, que son más de 68, previo al anunciado proceso para la transferencia en la competencia de Costas, que parece que nunca se acaba de concretar”.
En este sentido, el letrado explicó a Yanes que “aunque logremos en algún momento las transferencias, los términos de la ley deben mantenerse, pero sería el momento de pedir una excepcionalidad en la misma para Canarias, igual que la tiene Baleares y otros territorios costeros de la península”, indicó Langa González.
José Luis Langa y Rafael Yanes.
Para el presidente de la Pcalc “es incomprensible que Canarias no goce de una excepcionalidad en temas de Costas, pues si se aplicara la ley al pie de la letra, más de la mitad de nuestro territorio se vería afectado, pues somos un archipiélago que ha crecido en torno al mar y por el mar. Esa es nuestra tradición, nuestra idiosincrasia, y querer acabar con ello con desalojos y derribos es acabar con la historia de un pueblo”.
Es por ello que, desde la Plataforma, se pedirá que el Protocolo de cooperación entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y la Asociación Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas, que se firmó en 2016 con el Gobierno de Canarias, se lleve a efecto, pues “han pasado seis años y nunca se han reunido las partes implicadas que son el Gobierno de Canarias, Cabildos, Ayuntamientos, Fecai, Fecam y la propia Plataforma”, añade Langa González, quien estuvo acompañado en la reunión por la jurista Ana Delia Ramallo.
Martelero
Azero, me parece muy rastrero que uses a los que han perdido sus posesiones por lo del volcán para así defender a los que incumpliendo numerosas leyes, construyeron en suelo público en la costa. Cuando hablas de empatía ¿Acaso tienen esos caraduras empatía por el resto de ciudadanos al impedir el uso y disfrute de un terreno que es público porque así lo han usurpado?
¿Acaso tienen empatía cuando destrozan un entorno natural del cual se nutre el turismo entre otros sectores económicos?
¿Tienen empatía cuando echan al mar sus desechos sin ningún tipo de tratamiento?
Aplicación de Ley de Costas. Demolición ya y recuperación del entorno dañado.
Leer más
AZERO
Ahora que el volcán ha dejado a miles de personas sin un techo para cobijarse, solo falta que salgan de nuevo los simpáticos de siempre a pedir que derriben las casetas porque son ilegales y hacen muy feo.
¿Que pasa? ¿Les ha dado un ataque de empatía solidaria y piadosa generosidad ?
¿Ya no exigen que echen a sus moradores y los pongan a dormir al raso? (porque difícilmente van a encontrar un techo en el valle).
Vamos. No me digan que ahora les ha entrado la vergüenza. ¿Donde ha quedado la inquina, el colmillo retorcido, la envidia…..y sobre todo el ancestral impulso de fastidiar al vecino o paisano y desearle lo peor?
Leer más
Martelero
Afectados somos los ciudadanos que no podemos usar las costas como patrimonio nuestro porque unos espabilaos han construido en terreno PÚBLICO, saltándose todas las leyes con connivencia de algunos políticos. Estos espabilaos pretenden hacer la conocida táctica de hechos consumados y para colmo de caraduras, se hacen las víctimas, cuando lo que procede, es que se ponga en uso la Ley de Costas, y esos caraduras paguen con su patrimonio las costas judiciales, los daños en el entorno, y su reparación, aparte de la sanción que correspondería en un país con un mínimo de sentido cívico.
Leer más