El Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado ya más de 199 millones en La Palma

El director de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, Alejandro Izuquiza, ha informado este jueves en el Parlamento de Canarias de que el organismo ha recibido un total de 7.768 solicitudes de indemnización por la erupción volcánica de La Palma y ya se han abonado 199,1 millones.

En una comparecencia en la comisión parlamentaria sobre la reconstrucción de la isla ha dicho que siguen recibiendo propuestas “todos los días” y es impredecible “ver el final”, pues en apenas un mes se han recibido más de 1.400, algo que ha tildado de “insólito”.

Ha comentado que el Consorcio estima que el coste total de las indemnizaciones rondará los 228 millones por lo que ya se ha cubierto el 57%, subrayando que lo queda pendiente son zonas nuevas que se van abriendo y tienen daños u otros vinculados a la limpieza de cenizas, que son de menor coste económico.

Izuquiza ha apuntado que algunas solicitudes no se admiten porque los bienes no fueron asegurados siete días antes de la erupción y detallado que la mayor parte de los siniestros proceden de los municipios afectados como Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, a los que se suman los daños de cenizas en Santa Cruz de La Palma, Mazo, Breña Alta o Fuencaliente.

Ha precisado que el consorcio entra en juego ante riesgos “extraordinarios” como una erupción, poniendo como ejemplo que el terremoto de Lorca implicó el pago de más de 500 millones en indemnizaciones y que en septiembre coincidieron varias inundaciones y la erupción que afectaron conjuntamente a más de 42.000 personas con un coste de 430 millones.

Ha dicho que son “expertos en desastres naturales” pero ha admitido que es la “primera experiencia” con una erupción y está siendo “singular” para el equipo de 40 peritos encargado de hacer las valoraciones de los daños.

En esa línea ha indicado que hay “dificultades especiales pues muchos inmuebles no están inscritos, las fincas rústicas sí y las viviendas anexas no o no estaban aseguradas y ha habido “problemas” para localizar a los titulares porque viven en el extranjero o porque hay múltiples propietarios.

Ha incidido en que la labor de los peritos ha sido “detectivesca” porque en muchas ocasiones no han podido ver los inmuebles afectados y han tenido que utilizar fotos, datos del catastro o los fondos de Grafcan, lo que ha hecho “más costosa” la tramitación de los expedientes.

MÁS DE UN CENTENAR DE EXPEDIENTES DIFÍCILES
No obstante, ha garantizado que se estudiará “hasta el último” de los documentos y aunque quedan “huesos duros de roer” ha dicho que se negocia con las administraciones para dar “anticipos” a los afectados si no se pueden determinar los daños.

Izuquiza tiene identificados algo más de un centenar de expedientes de ese tipo relacionados con propiedades a las que no se puede acceder por la lava pero se les abona una partida en concepto de inhabitabilidad y se preparan los anticipos.

Ha aclarado que no se deniegan indemnizaciones por falta de seguro sino que los “retrasos” se deben a la dificultad para reconocer los títulos de propiedad y garantiza que el Consorcio tiene “resorte financiero” para afrontar las indemnizaciones aunque superen los 228 millones que están provisionados.

Sobre si debería ser obligatorio el seguro en las viviendas, tal y como ocurre con los coches, entiende que no es un caso similar porque no hay una responsabilidad de daños a terceros al tiempo que “la experiencia” dice que cuando se pasa por una catástrofe aumentan los seguros en las propiedades.