Los ecologistas denuncian que se incumple la Ley en materia de residuos en La Palma y que la situación es "insostenible"

Centinela-Ecologistas en Acción La Palma ha mandado una carta a los ayuntamientos para recordarles que son ellos los responsables de los residuos que se generan en sus municipios y que están obligados a cumplir los objetivos reducir la enorme cantidad que va al vertedero sin posibilidad de recuperación. Para conseguirlo, afirman en un comunicado, es necesario que modifiquen drásticamente la gestión municipal de los residuos.

Los ecologistas recuerdan que la Unión Europea, ante los continuos incumplimientos de la normativa de residuos de países como España, dictó hace varios años unos objetivos a cumplir. Estos objetivos, ahora, los gobiernos de España y de Canarias los tienen incluidos en sus nuevos planes de residuos.

Una de estas obligaciones contempladas en la ley 07/2022 es la recogida separada de la fracción orgánica de los residuos municipales. Según la nueva Ley, los municipios con más de 5.000 habitantes deben tener antes de 1 de julio de 2022 un sistema de recogida separada de la materia orgánica y que, “evidentemente, no se va a cumplir”. Éstos son, indican, Los Llanos de Aridane, Santa Cruz de La Palma, El Paso, Breña Alta y Breña Baja. El resto de municipios disponen de un año más de tiempo para cumplir.

El 35-40%de los residuos municipales se compone de material orgánico que, bien separado y con el tratamiento adecuado, se puede convertir en un compost de calidad además de facilitar la preparación para el reciclado del resto de fracciones.

El quinto contenedor (el contenedor marrón) instalado ya en cuatro municipios en este momento, se ha demostrado “ineficaz e insuficiente”, según los ecologistas, para la recogida del material orgánico por la escasa participación de la ciudadanía y por contener demasiados impropios para su correcta preparación para producir compost.

Asimismo, la recogida del material orgánico en los grandes municipios del lado este de La Palma (Santa Cruz de la Palma, Breña Alta y Breña Baja), tal como se ha anunciado en una nota de prensa la semana pasada, es insuficiente y no cumple en absoluto con la ley. La poca eficacia de una participación voluntaria, añaden, ha quedado demostrada en los últimos años en Los Llanos, donde ya fue introducido este sistema y donde la participación ha sido muy baja.

Varios concejales de La Palma asistieron hace poco de nuevo a otro encuentro, esta vez en Girona, para observar la experiencia de otros pueblos del Estado español y de Europa que sí han cumplido la normativa y han conseguido reducir hasta un 20% la cantidad de residuos en vertedero. Una vez más, señalan los ecologistas, vieron y escucharon estos logros de otros municipios, pero “en la Palma se siguen escuchando las mismas y poco creíbles excusas: que la situación en nuestra isla es complicada, que ya lo estamos haciendo bien, que la ciudadanía no participa, etcétera. La realidad, sin embargo, es que en La Palma más del 85% de los residuos se entierran en el vertedero de Los Morenos sin ser recuperados”.

Para los ecologistas, la dejadez de los ayuntamientos y el Cabildo en La Palma en la reducción de los residuos es “alarmante”. El vertedero en Mazo está lleno y no hay otra opción que hacer otra celda para verter los residuos. La normativa europea es muy clara: ya no va a subvencionar vertederos si no se cumple la normativa y los objetivos. Por lo tanto, “el precio que vamos a pagar por el tratamiento de nuestros residuos va a ser muy alto sin contar las correspondientes sanciones millonarias por dicho incumplimiento. No serán aceptadas las administraciones publicas que no se esfuerzan para cumplir los objetivos”, advierten.

Al respecto, indican que “los ayuntamientos y el Cabildo tienen que asumir sus responsabilidades legales sin demora y modificar la gestión de nuestros residuos. La actual situación es totalmente insostenible y está claramente colapsada en esta materia. No se puede pedir solo a la ciudadanía palmera que arrime el hombro, también lo tienen que hacer desde el ámbito político y técnico y, si no son capaces, deben retirarse para dejar paso a otras personas que puedan gestionar mejor para cumplir la ley y los objetivos”.