La población canaria volvió a respirar aire insalubre en 2021 pese a la pandemia, según Ecologistas en Acción

La reducción de la movilidad por la crisis de la COVID-19 ha provocado una mejora general sin precedentes de la calidad del aire, como ocurrió en 2020. No obstante, los 2,2 millones de canarios han seguido respirando aire contaminado.

Así se desprende de un informe elaborado por Ecologistas en Acción que analiza los datos recogidos en 800 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 55 situadas en Canarias.

Durante 2021 la calidad del aire en España y Canarias ha mantenido la mejora sustancial ya observada durante 2020, con una reducción notable de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y ozono troposférico, y más matizada de los de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), en sus mínimos de la última década.

El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los nuevos valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea. De acuerdo a esos niveles, el aire contaminado afectó en 2021 a la totalidad de la población canaria. En cambio, por la caída del ozono el territorio canario estuvo libre de contaminación que dañara la vegetación.

Si se toman los estándares de la normativa, más laxos que las recomendaciones de la OMS, la población que respiró aire contaminado por encima de los límites legales fue de 330.000 personas, en la zona Sur de Gran Canaria. Si bien los niveles de partículas PM10 también excedieron los valores límite legales en otras tres estaciones de Fuerteventura (El Charco) y el Sur de Tenerife (Las Galletas y El Médano).

La estabilidad atmosférica primaveral activó los episodios de contaminación por partículas, en su mayor parte procedentes del norte de África. El invierno en cambio resultó inestable y húmedo, favoreciendo la dispersión y deposición de los contaminantes típicos de esta estación (NO2 y partículas). El relativamente moderado calor estival contribuyó al descenso del ozono, pese a la intensa ola de calor de mediados de agosto.

Los factores esenciales para explicar la mejoría de la calidad del aire durante 2021 son la restricción general de la movilidad y la contracción económica derivadas de las medidas adoptadas para combatir la COVID-19, con la dramática situación sanitaria y social que hemos vivido en los dos últimos años.

Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la totalidad de la población canaria, con diversos episodios de calima. Todas las estaciones de las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife excedieron las nuevas recomendaciones de la OMS para el NO2. Los niveles de ozono fueron los más bajos del Estado, junto a los de Asturias, Cantabria y Galicia.

Como hecho excepcional, hay que destacar la elevación de las concentraciones de SO2 en la isla de La Palma por la erupción volcánica acaecida entre septiembre y diciembre, lo que dio lugar al confinamiento de la población en varias ocasiones durante la erupción.

HASTA 30.000 MUERTES PREMATURAS

Para Ecologistas en Acción, la contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer orden pues cada año se registran hasta 30.000 muertes prematuras en España por afecciones derivadas de la contaminación del aire, con lo que la mejora de la situación en 2021 es “una excelente noticia” para el colectivo.

Por otra parte, recuerda que los Planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios según la legislación vigente, pero, en muchos casos no existen y en otros son inefectivos por falta de voluntad política. En este sentido, la asociación ecologista señaló que el plan por fenómenos meteorológicos adversos del Gobierno de Canarias resulta completamente insuficiente, incluso desde el punto de vista meramente informativo, para proteger la salud de la población más sensible ante los episodios de calima.

Además, recuerda que la Ley de Cambio Climático obliga a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes cuenten con zonas de bajas emisiones antes de 2023. Sin embargo, apunta que las ciudades cántabras no están declarando estas zonas “pese a los abundantes fondos públicos que están recibiendo para su implantación”.

“La crisis sanitaria de la Covid-19 ha demostrado que la reducción del tráfico tiene claros efectos en la mejora de la calidad del aire que respiramos, en las ciudades y en las zonas rurales. No obstante, el repunte en los últimos meses de la contaminación del aire en las grandes ciudades es un indicio preocupante de que no hemos aprendido lo suficiente”, concluye el informe.