Pulido solicita una cumbre insular para exigir el cumplimiento del convenio de carreteras

El secretario de organización de Nueva Canarias en La Palma, Miguel Ángel Pulido, solicita una cumbre insular para exigir a los Gobiernos de España y Canarias el cumplimiento del Convenio de Carreteras y el máximo equilibrio inversor entre las islas.

Como bien es sabido, indica en un comunicado, la Comunidad Autónoma tiene programada la ejecución de sus carreteras dentro del denominado Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia de carreteras, suscrito el 31 de enero de 2006, sustituyendo a los firmados en 1994 y 1997, y para el que se firmó el 17 de noviembre de 2009 una Adenda.

El vigente Convenio de Carreteras contempla un total de 60 actuaciones en la red de interés regional, con una inversión prevista para el período 2006-2017 de 2.437 millones de euros, de los cuales el Gobierno de España ha recortado 755 millones, entre los años 2012-2016, lo que ha provocado un importante retraso en el calendario de actuaciones, por lo que será necesario prolongar este escenario, al menos, hasta el año 2020.

Dentro de las obras relacionadas en el vigente Convenio existen actuaciones que ya han sido ejecutadas; otras en ejecución, como es el caso de la carretera general del sur de La Palma, entre Puente Roto y Tajuya; otras paralizadas, como la Circunvalación de Tazacorte; otras que, o bien disponen de proyectos y no están licitadas, o bien tienen proyectos en redacción; y finalmente, otras incluidas en el Anexo III del Convenio que todavía no disponen de documentación técnica que permita su ejecución, como ocurre con la que propone ahora el Presidente del Cabildo de Tenerife.

Por otro lado, en relación con la normativa de aplicación es necesario recordar que, de acuerdo con lo previsto en el art. 2 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias, las carreteras en esta tierra se clasifican en regionales, insulares y municipales, según corresponda su titularidad a la Comunidad Autónoma, a los Cabildos Insulares o a los Ayuntamientos respectivamente.

Además, en el art. 3 se definen como carreteras de interés regional aquellas que cumplan en su totalidad o en tramos determinados al menos uno de los siguientes requisitos, entre ellos, entenderse como vía de circunvalación de una isla, como es el caso del anillo insular de Tenerife.

Al mismo tiempo, en su art. 10 se establece que, en relación con las carreteras regionales, corresponde a la Consejería competente, en este caso la de Obras Públicas y Transportes, planificar y programar su proyecto, financiación y ejecución; aprobar los estudios y proyectos en sus distintos niveles; y ejercer las facultades necesarias para su construcción y posterior mantenimiento y conservación.

Por tanto, desde Nueva Canarias en La Palma se pregunta: "¿qué pinta el presidente del Cabildo de Tenerife negociando en Madrid, al margen del Gobierno de Canarias, la financiación de obras que son de titularidad y competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias?".
Es más, añade Pulido, "¿por qué pide el Presidente del Cabildo de Tenerife que la obra del anillo insular se declare de interés general, una obra incluida en el Anexo III Convenio firmado entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, si tal como se recoge en la parte expositiva del citado Convenio, ya en la Ley 20/1991, de modificación de los aspectos fiscales del REF, en su artículo 95, se establece que se considerarán de interés general, a efectos de su inclusión en los créditos correspondientes de los Presupuestos Generales del Estado, entre otras, las obras de infraestructura que conecten los principales núcleos urbanos de Canarias, como es el caso de las carreteras ya incluidas en el Convenio?".

"¿Acaso no pretende el presidente del Cabildo de Tenerife que, al tener una declaración de interés general expresa para esa obra, se justifique su financiación al margen del Convenio y, por tanto, en detrimento de las obras prioritas ya pactadas con todos los Cabildo insulares y que se encuentran en ejecución o paralizadas por falta de financiación, como son las de esta isla de La Palma?".

Por todo ello, concluye Miguel Ángelo Pulido, "proponemos al presidente del Cabildo Insular de La Palma, que convoque una cumbre insular con todos los ayuntamientos, así como con los representantes de todas las fuerzas políticas, sindicales, empresariales y sociales para demandar del Gobierno de España los 755 millones recortados al Convenio de Carreteras de Canarias, en los Presupuestos Generales del Estado, entre los años 2012 al 2016 y exigir al Gobierno de Canarias que negocie una nueva addenda al Convenio, ejerciendo sus competencias de planificación y programación de los proyectos, financiación y ejecución de las obras, manteniendo un estricto equilibrio inversor entre todas las islas".

En este sentido, para mantener ese equilibrio, "debemos reclamar del Gobierno de Canarias que en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el próximo ejercicio se incorpore a la carretera del Sur, en el tramo de Puente Roto a Tajuya, correspondiente al anillo insular de La Palma, una consignación presupuestaria no inferior a los 10 millones de euros, teniendo en cuenta el importante retraso en la ejecución de la misma, los problemas de seguridad que está generando y el deterioro ambiental que está provocando su lenta ejecución".