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Exigen a los ayuntamientos del Valle que pidan las actas y grabaciones de las reuniones científicas y políticas de la erupción "ocultas" a la población

Archivo. Volcán en erupción-Abián San Gil.

Dos asociaciones y una ciudadana a título particular han presentado escritos en los ayuntamientos del valle de Aridane para que soliciten a las Administraciones públicas supramunicipales las actas y grabaciones de los órganos científico y director del plan de emergencias (PEVOLCA) al igual que de instituciones científicas como el INVOLCAN, el IGN y el CSIC en los que se abordara la reactivación volcánica de La Palma que desembocó en la erupción del pasado año.

La iniciativa, según ha informado el diario digital solidario El Valle, ha sido registrado por la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán en Cumbre Vieja 2021, la Asociación Agua para La Palma y  una vecina de El Paso, familiar de damnificados por esta catástrofe.

En la exposición de motivos, los solicitantes exponen que la erupción de 2021, “ha generado muchísimos problemas inevitables y otros que probablemente sí fueran evitables” y por ello “son muchas las quejas de la población en general, dado que este fenómeno nos ha tocado a todos de manera directa o indirecta y en distinto grado de afección”.

Asimismo entienden que “es necesario contar con las actas y grabaciones, que en el caso del comité científico y director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA), el Gobierno regional ya denegó a la plataforma hace unos meses, alegando que no eran de interés público los criterios individuales de sus miembros sino el acuerdo colegiado, tras lo cual el colectivo que solicitó esta documentación ha recurrido ante el Comisionado para la Transparencia”.

Esta documentación, según los firmantes del escrito, es “imprescindible” para “la defensa de los derechos e intereses que pudieran sernos propios tanto a ciudadanos afectados directos o no en su amplio sentido de la palabra como a las Administraciones locales, incluidas las reclamaciones patrimoniales por daños y perjuicios ante los evidentes fallos en la gestión de la emergencia, el más grave de todos, por el riesgo que supuso para la vida de las personas, el inicio de la erupción con la población dentro de sus casas, sin evacuación preventiva, lo que además comportó la imposibilidad de sacar enseres a la población más próxima al centro eruptivo”.

Exponen igualmente que “el desarrollo y avance de un pueblo como tal no se entiende sin que pueda producirse también el de sus vecinos, y dadas las circunstancias entendemos al Ayuntamiento como parte interesada también el resarcimiento de daños y perjuicios de forma directa si así lo quiere, y de forma indirecta a favor de sus vecinos”.

“Es hora -añaden- de dar un paso firme adelante como Administración pública más cercana al ciudadano y mostrarse a su lado en todo cuanto precise, como en este caso, a bien de recuperar en lo posible lo que pueda respecto a su situación anterior al volcán, pues si la situación no mejora para los vecinos damnificados, tampoco no lo hará para los municipios”.

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