Presentada una querella criminal contra cargos públicos y científicos por la falta de medidas de protección en la erupción

El despacho de abogados Martínez-Echevarría, en nombre de la Asociación Tierra Bonita, presentó a finales de febrero una querella en los Juzgados de Los Llanos de Aridane contra cargos públicos y científicos, -tanto su comité director como científico-, con responsabilidad en el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA), por presuntos delitos de prevaricación, lesiones y daños en la gestión de la emergencia volcánica de 2021 en La Palma.

La denuncia cuenta también con el respaldo de la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados por la Erupción y la Asociación Agua para La Palma, y no descartan que se personen más afectados tanto a título individual como colectivo.

Con esta acción legal, según informa la web solidaria El Valle, los denunciantes pretenden demostrar que la erupción, aunque era inevitable, sí era previsible, en términos de protección civil, pero no se adoptaron las medidas oportunas que habrían minorado los daños materiales y a la salud de la población, así como a los animales, y no se habría expuesto a un grave riesgo de muerte a miles de personas.

Argumentan los querellantes que no se adoptaron las medidas necesarias frente al riesgo volcánico para proteger con garantías la vida y la salud de personas y de su patrimonio, hasta el punto de que ni siquiera se llevó a cabo una evacuación preventiva general antes de la erupción, pese a las “evidentísimas señales objetivas de su inminencia”, con una clara intensificación en los días y horas previos, y de que se había perimetrado la zona donde existía mayor probabilidad de ocurrir este peligroso fenómeno.

Esta “omisión del deber de velar por la seguridad y salud de los habitantes y de los animales, con un claro abandono colectivo”, evidencia, a juicio de los querellantes, una “negligente, temeraria, imprudente y delictiva” actuación de las autoridades, que derivó en un grave perjuicio, no solo con la pérdida de bienes, -al no haber permitido a los ciudadanos tener un tiempo prudente para salvaguardarlos (incluyendo la suscripción o mejora de pólizas de seguros)-, sino también en la salud y en el bienestar emocional y psicológico de los ciudadanos.

La querella recopila afirmaciones de científicos miembros del PEVOLCA y de instituciones científicas integradas en este operativo de emergencias, que, en declaraciones públicas tras la erupción, han dejado claro que era “inminente”.

La negativa del Gobierno canario de dar a conocer a los afectados las grabaciones y las actas de los comités científicos y del director del PEVOLCA, así como las contradicciones y cambios de versión en que han incurrido alguno de estos expertos en intervenciones públicas tras la erupción, obedece, en opinión de los querellantes, al intento de ocultar que se produjo esta presunta negligencia.

TESTIMONIOS DE AFECTADOS

En la denuncia se incluyen más de una treintena de testimonios de damnificados que se publicaron en el libro Las otras historias del volcán, que dan fe de la falta de información y el caos que sufrieron al verse sorprendidos por la erupción, de la que habían percibido con gran preocupación señales precursoras en forma de terremotos y ruidos bajo sus hogares en las horas y días previos, pero confiando en que iban a ser evacuados con antelación para no poner en riesgo sus vidas y poder poner a salvo sus enseres y objetos personales.

Y todo ello, dicen, pese a que el protocolo del PEVOLCA establece con meridiana claridad que en caso de erupción “inminente” el nivel de alerta o semáforo volcánico debe pasar de amarillo a, cuanto menos, naranja, lo que implica la evacuación preventiva de toda la población en riesgo, recomendación esta que “sí consta en el informe del Comité Científico del día 19 de septiembre, pero que no se llevaría a cabo”.

“Solo la suerte, -se pone de relieve en la querella-, y no el plan de emergencias, evitó que en el momento del inicio de la erupción se produjeran víctimas mortales, ya que si las bocas eruptivas de hubieran abierto a unos cientos de metros del lugar en que comenzó la catástrofe, hoy estaríamos lamentando una tragedia con muertes desde ese primer momento (consta que hubo un fallecido, durante la erupción, por los gases, tras ser autorizado a pasar para limpiar ceniza en sus propiedades)”.

Los denunciantes desgranan, además, una serie de “evidencias científicas” sobre la reactivación volcánica de La Palma desde 2017, “sin que la población fuera informada de manera oficial ni tuviera mayor consecuencia en la planificación territorial ni en la concesión de licencias de construcción en el ámbito de Cumbre Vieja o en recomendaciones de aseguramiento de bienes, un modo de obrar de las Administraciones públicas que llegó al extremo de no desalojar a los habitantes de la zona ni siquiera en las horas previas de la erupción”, lo que, según se enfatiza en la denuncia, supuso una “imprudencia grave” cometida por los querellados.

Antes de la erupción, indican, únicamente se había ordenado la evacuación de una decena de personas con movilidad reducida, -que “no consta que se llevara a cabo en todos los casos”-, medida esta que no contempla el protocolo del PEVOLCA en el nivel amarillo, sino en el naranja, y sin que “se justificara la razón por la que a la inmensa mayoría de los habitantes de la zona no se les desalojó preventivamente, más al contrario, se les llamó a la tranquilidad y a confiar en las autoridades”.

AUMENTO DE MORTALIDAD Y CONTAMINACIÓN

Los querellantes aprecian también indicios de que no se protegió lo suficiente a la población de los efectos perjudiciales de las emisiones contaminantes del volcán. Destacan que según datos de la mortalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE), en los tres meses de la erupción volcánica se produjo un aumento de un 40% de fallecidos en La Palma con respecto a la media de defunciones durante el periodo 2017-2021, frente a un alza del 15% en el resto de Canarias.

Se aporta además el testimonio público de especialistas del Servicio Canario de Salud en La Palma, quienes concluyen que las autoridades no confinaron lo suficiente a la población para evitar daños en la salud en personas con enfermedades respiratorias o cardíacas previas por una calidad del aire extremadamente desfavorable en una serie de días durante el proceso eruptivo.

Al respecto señalan que la Organización Mundial de la Salud ha advertido de forma reiterada de los graves efectos en la salud, tanto en términos de aumento de la morbilidad como de la mortalidad, como consecuencia de la inhalación en altas concentraciones de material particulado, dióxido de azufre y otros gases.

Asimismo, en la querella se alude a los daños psicológicos derivados de la mala gestión de la emergencia para quienes no pudieron salvar sus enseres, animales y objetos personales y por haber sido expuestos a un riesgo mortal.

Se incluye asimismo la mala gestión de los querellados con la protección de los animales. Llaman la atención sobre la falta de datos oficiales sobre la afección de esta catástrofe a los animales de compañía y de granja, si bien asociaciones protectoras han advertido de que fueron miles los rescatados y numerosos los que murieron asfixiados por ceniza y gases y quemados por la lava. Además, recuerdan que la isla no contaba con albergue público de animales. Esto supuso, sostienen los denunciantes, que a raíz de la erupción todo el peso del rescate y cuidado recayera en asociaciones y voluntarios, sin un plan o protocolo oficial organizado por las autoridades políticas que debían asumir esta responsabilidad.