La plataforma ciudadana Pampillo-Todoque solicita que se respeten sus derechos de propiedad en los terrenos afectados por el volcán

El diputado del Común, Rafael Yanes, ha avalado este miércoles lo “adecuado” que sería que Canarias “se dote de un marco legislativo propio” frente a una erupción volcánica para afrontar “el gran problema de proteger o no determinados territorios” y defender los derechos de los ciudadanos.

Yanes se ha expresado en estos términos antes de reunirse con dos representantes de la Plataforma Ciudadana Pampillo-Todoque, Juan Carlos Brito y Elena Jiménez, que buscan “la aprobación de una ley que ampare sus derechos constitucionales, la no protección del territorio y la idiosincrasia” de la ciudadanía afectada.

El alto comisionado trasladará a la consejería correspondiente la reivindicación porque “una ley específica debe afrontar, con amplitud de miras, toda la casuística que existe”, tras explicar cómo la compensación de lo perdido requería ser primera vivienda y estar empadronado en la zona.

Elena Jiménez, representante de la plataforma ciudadana Pampillo-Todoque, ha denunciado “la indefensión” de los vecinos “frente a las modificaciones de las leyes en el Parlamento”, en donde han detectado una falta “de visión de arraigo y contemplación de los derechos de los afectados, como la propiedad privada, en cualquier organización territorial futura”.

Jiménez ha dicho que la plataforma ha registrado dos peticiones a la Cámara, además de participar en la comisión de reconstrucción de La Palma y haberse reunido en dos ocasiones con el Diputado del Común, a quien agradecen su recibimiento y escucha.

“La organización territorial no puede hacerse sin contemplar a quien tenía allí una historia”, ha dicho Jiménez tras reivindicar la necesidad de “una ley que contemple toda la casuística: a quien solo quiere una indemnización y a quien pide que se respete el territorio en el que ha vivido”.

La representante de la plataforma de afectados ha subrayado que “si no se respeta el arraigo y la idiosincrasia del pueblo, en caso de otra erupción futura se generaría una tabla rasa” cuya consecuencia sería “una reorganización territorial concentrada, que puede ir en contra de derechos constitucionales como la propiedad privada”.

Elena Jiménez ha reivindicado que “una reorganización territorial que se olvida de determinadas situaciones no es justa”, en referencia a la realización de estas acciones “solo en primeras viviendas”.