El Consejo Insular de Aguas lamenta que el precio único del agua se impugne judicialmente

El consejero de Aguas, Carlos Cabrera, informa que ya se encuentra “en periodo de prueba” la demanda interpuesta por la ‘Asociación aguas para La Palma’ contra la Ordenanza fiscal sobre el transporte del agua que, de prosperar, tendría como consecuencia la pérdida del precio final de agua para el sector primario y para todos los ciudadanos de la Isla, afirma en un comunicado.

Desde el Consejo Insular de Aguas se espera que la decisión judicial ampare la aprobación de esta Ordenanza porque de lo contrario volveríamos al sistema anterior en el que los ciudadanos de la isla pagarían distintos precios finales del agua según el lugar donde se encuentre.

Carlos Cabrera recuerda que el precio único del agua pública, que “incluye propiamente el precio del agua y el del transporte, ahora en tela de juicio propiciado por esta asociación, es de 0,145 euros/ pipa en estos momentos, sea cual fuera el lugar donde se encuentre el agua y su destino final. Vieja reivindicación que hemos resuelto este mandato.  Compromiso adquirido por este consejero, propuesto y aprobado unánimemente  por  la Junta de Gobierno y de la Junta General”.

El consejero explica que lo que pretende la Asociación Agua para La Palma es que algunas zonas de la isla los agricultores y los ciudadanos en general puedan llegar a pagar  por una pipa de agua pública 0,277 euros/pipa en el mejor de los casos. “Prácticamente lo que conseguirían con esta demanda es doblar el actual precio final del agua en  la isla, perjudicando a los agricultores y a los ciudadanos a través de las tasas de los Ayuntamientos”, apunta.

“Es incomprensible esta petición judicial en contra del sector primario en la isla que ha visto con esta propuesta la muestra evidente y necesaria de solidaridad e igualdad a la hora de asumir el coste del agua pública con independencia del lugar donde viva. ¿Cuáles son los intereses que defienden? ¿Defienden los intereses, por ejemplo, de los agricultores pacenses o por el contrario van a perjudicarlos gravemente?”, se pregunta Cabrera.

Además, añade, “esta reclamación previamente vino aderezada, como siempre, con las acusaciones infundadas de delitos de prevaricación y  malversación de fondos dirigidas a todos los técnicos, vocales de las Junta de Gobierno y Junta General  y a todos los miembros de los órganos de administración. En definitiva, más de lo mismo. Empeñados en el descrédito permanente sin valorar absolutamente ninguno de los importantes logros que entre todos hemos conseguido este mandato”, concluye.