A pesar de que los afectados por el incendio dicen que después de cuatro meses no han recibido las ayudas de emergencia para enseres y alquileres prometidas por el Gobierno canario, éste ha emitido un comunicado en el que asegura que desde la primera semana de diciembre ya está abonando las ayudas a cada una de las familias solicitantes que ya han completado la entrega de la documentación requerida y que el Instituto Canario de la Vivienda ya ha tramitado los 115 expedientes presentados por las personas que sufrieron daños en sus viviendas a consecuencia del incendio acaecido este verano en la isla de La Palma.
Con motivo del incendio que sufrió en La Palma el pasado 1 de agosto, la Comunidad Autónoma de Canarias aprobó conceder una ayuda de emergencia extraordinaria con destino a paliar las necesidades más básicas y perentorias de las familias que han visto dañada seriamente su vivienda y han perdido los enseres básicos.
Las cuantías otorgadas a cada familia en materia de vivienda ascienden hasta el 50 % de la reconstrucción de la vivienda, además de ayudas al alquiler que pueden ascender hasta 30.000 euros por familia, es decir, 600 euros mensuales hasta un máximo de dos años.
El 4 de agosto el Gobierno canario publicó el decreto por el que se establecían las ayudas y medidas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por los incendios acaecidos en Canarias, posteriormente se establecieron las modificaciones de crédito para poder afrontar el pago de las ayudas y se inició el contacto con el Cabildo de La Palma así como con los ayuntamientos afectados.
En materia de vivienda, el Decreto concretaba que para reparación, rehabilitación y reconstrucción de la vivienda habitual, se establecía que, como consecuencia del incendio, se hubiera producido la destrucción total de la vivienda, siempre que la misma no esté asegurada contra incendios, y si lo estuviera, en la cantidad que no sea cubierta por dicho seguro, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias concede una ayuda de hasta el 50% del coste de restitución o reparación. Asimismo, se promueve la concesión de créditos por entidades financieras, sin intereses, por las cantidades que no sean financiadas por cualquier Administración Pública.
En caso de que se hubiera producido la destrucción total de la vivienda, sus propietarios, se establece una ayuda económica hasta un límite máximo de 12.000 euros.
En el caso de que la vivienda no hubiera resultado destruida, sino dañada, el propietario podrá ser beneficiario de una ayuda económica para la realización de las obras de rehabilitación o reparación necesarias hasta un límite máximo de 8.600 euros.
Además, se establece la concesión de ayudas a los propietarios o usufructuarios cuando se hubiera producido la destrucción total de la vivienda que constituya el domicilio habitual y permanente o cuando debido al mal estado residual fuera necesario su demolición.
