Puntalarga, en Fuencaliente.
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias se ha reunido con la comisión de afectados por la Ley de Costas en las islas para establecer la hoja de ruta a seguir por la administración y establecer líneas de actuación.
Según ha explicado el director general de Costas y Gestión del Litoral del Gobierno autonómico, Antonio Acosta, la primera línea de actuación irá encaminada al “cumplimiento de la ley, pero con un asesoramiento legal”, tanto de la propia Consejería como externo.
La segunda de las líneas tendrá que ver con la ordenación del litoral para saber exactamente cuáles son las características propias de cada uno de los núcleos afectados, según ha indicado a los medios de comunicación al término de la reunión.
Entre los núcleos afectados, “el más llamativo”, ha dicho, es el de Los Molinos, en Fuerteventura, cuyo derribo fue paralizado por la justicia hace pocas fechas, pero también ha habido representación en la reunión de vecinos de los barrios costeros de Tufia y Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria).
Aunque ha reconocido que no tienen un número global de afectados por la mencionada ley, Acosta ha asegurado que hay núcleos en todas las islas del archipiélago y que están trabajando en un informe jurídico para que el Gobierno canario tenga clara la posición que puede tener respecto a las órdenes de derribo y, al mismo tiempo, “hacer un censo de todos los núcleos” para saber esa cantidad de afectados.
“No hay una solución exclusiva, hay afectados directamente por dominio público, casas que están en tránsito, casas que están afectadas poquito, otras que han ocupado el dominio en su totalidad. Habrá situaciones en que podamos intervenir y salvar”, ha subrayado para luego añadir que, una vez se tenga el censo, sabrán de forma más clara cuáles se pueden salvar y cuáles no.
Esta comisión está abierta a “cualquier tipo de colectivo o asociación” afectada por las consecuencias de la normativa, y desde el Gobierno se ha llamado a trabajar de manera coordinada con los cabildos y municipios “para sacar adelante todas las situaciones complejas” que existen.
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GALVA
Retropalas, camiones, y en el Prois de Cabdelsria barrenos controlados…
Y fuera.Esa es la hoja de ruta.
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EstudianteUni
Con los años que lleva la ley de costas y apenas se ha aplicado… y creo que de aqui en adelante, menos.
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fonsi
Lo del Remo clama al cielo; han construido sus ‘mansiones’ al borde del mar, incluso con piscinas en el mismo mar que debería ser de todos. Es de vergüenza que esto se permita. Les invito a dar un paseo por el borde del mar en El Remo. Exigimos explicaciones de por qué a unos sí y a otros no. Favoritismos por parte de unos y otros. No más inmunidad para quienes han ocupado el espacio público
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AZERO
Como dice Martelero: …”DEMOLICIÓN, DEVOLUCIÓN, SANCIÓN”… y si alguno no tiene donde vivir ni dónde caerse muerto (alguno habrá):…. PAREDÓN.
…”esto es lo mínimo que habría que hacer”…
¿Que será lo máximo?
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Tontaina
Lo primero que tenemos que pensar es como se va a poder arreglar algo que es ilegal por ley? aunque a lo mejor con este director de costas que han puestos los de CC, por un lado para quitárselo de encima de la Capital y me imagino que como es un ……….a ver si hace alguna de esas cosas que está acostumbrado hacer de forma presuntamente “”Alegal”” pero en la sombra
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Martelero
Demolición, devolución al Dominio Público de los terrenos afectados, recuperación y restauración, y sanción a los caraduras de las casetas.
Esto es lo mínimo que habría que hacer.
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antonioch
Totalmente de acuerdo con Ivan4.
Como era de esperar con el traspaso de costas al desgobierno de Canarias empieza el compadreo y la vista gorda a las ilegalidades.
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Ivan4
¿Afectados o beneficiados por la Ley de Costas? Mucha gente sigue sin explicarse por qué se destruyen chabolas en unos sitios y en otros no, cuando todas esas construcciones y otras de cemento son ilegales. En El Remo, en La Salemera, en Punta Larga, en la Fajana de Barlovento o el ahora tan famoso Proís (o Porís) de Candelaria se han construido viviendas sin los correspondientes trámites de construcción y en terrenmos públicos que no pertenecen a sus “supuestos dueños”.
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