Los partidos apoyan tramitar el decreto de recuperación de La Palma como proyecto de ley

Los grupos parlamentarios han avanzado este miércoles su predisposición a que el decreto ley de recuperación de La Palma en materia territorial y urbanística sea tramitado en la Cámara regional como proyecto de ley, para dar cabida a sus aportaciones y despejar “dudas” y “ambigüedades”.

Pero más allá de algunos detalles por pulir, todos los grupos han respaldado el contenido del documento, al igual que los presidentes o consejeros de las corporaciones insulares que han intervenido en la Comisión General de Cabildos, antes de que el decreto sea abordado por el pleno el próximo miércoles 17 de enero.

Eso sí, el presidente del Cabildo de El Hierro, el socialista Alpidio Armas, ha cuestionado “el orden de acontecimientos” en la tramitación del decreto ley, aludiendo al dictamen del Consejo Consultivo y sus observaciones.

El viceconsejero de Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, ha comparecido en la comisión y ha recalcado que el Consultivo avala en su dictamen la competencia de la Comunidad Autónoma, el ajuste del decreto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al ordenamiento jurídico, así como la urgente necesidad de actuación.

Sobre las observaciones realizadas por el Consultivo, ha dicho que se centran en “cuestiones formales” o en la “identificación de criterios”, como la justificación de los 10 metros de espesor de coladas para autorizar usos de suelo, que en todo caso son aclarables y se basan en informes científicos.

El viceconsejero ha recalcado que la filosofía de este decreto ley es garantizar a los afectados por la erupción volcánica en Cumbre Vieja (2021) el derecho a la propiedad privada y permitir la mayor recuperación posible de lo perdido, dando respuesta a las peticiones de los afectados, y de paso evitar el desarraigo en el Valle de Aridane.

Ha abundado en que permite a los damnificados “decidir dónde y cómo” recuperar sus proyectos de vida, habilitando dos zonas de recuperación, una de forma inmediata, allá donde la altura de las coladas sea inferior a los 10 metros; y otra con grosores superiores, en cuanto el enfriamiento y asentamiento de las lenguas de lava lo permitan. Entre ambas suman 534 hectáreas recuperables.

Por último hay una zona roja, la más próxima a las zonas de emisión de lava, pendiente de la delimitación de espacios naturales protegidos.

El presidente del Cabildo de La Palma y exalcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, ha aplaudido que el actual Gobierno de Canarias “acabara de entender cuestiones que parecían no importantes pero lo eran” y haya elaborado un decreto ley que “ahora sí coloca a las personas en el centro de las decisiones”, a quienes “da certidumbre y certezas”.

Rodríguez ha recalcado que la mayoría de los afectados por la erupción volcánica “quieren recuperar lo que tenían donde lo tenían” y que el objetivo principal del decreto es precisamente el arraigo.

Ha reconocido que el decreto “no es la solución a todas las necesidades”, pero ha recordado que es “uno de los cinco” que el Gobierno de Canarias pretende aprobar.

Sobre la superficie de 534 hectáreas recuperables, Rodríguez ha indicado que en aproximadamente la mitad ya se puede actuar, y ha informado de que el número de licencias concedidas asciende a 249 tras una nueva tanda de 99.

Rodríguez ha recibido en comisión parlamentaria el respaldo de sus homólogos de los demás cabildos, al igual que de los grupos parlamentarios, si bien algunos diputados han recalcado la importancia de tramitar el decreto como proyecto de ley, como Raúl Acosta, del Grupo Mixto, que ha hablado de cuestiones por perfilar para evitar “contradicciones”.

Juan Manuel García Casañas, del PP, se ha referido a “posibles ambigüedades” y Manuel Plasencia, del PSOE, a “incertidumbres”, mientras que Luis Campos, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha avanzado que hay varias cuestiones del articulado que le generan “dudas”, como la asimilación de propiedades dentro y fuera de normativa o de viviendas habituales y vacacionales.

Diana Lorenzo, del Grupo Nacionalista, ha indicado por su parte que este primer decreto es “una norma viva y el primero de muchos otros por venir”, y que “poco tiene que ver” con los ocho borradores elaborados por el anterior ejecutivo canario “para salir del paso” y que “solo recogían visos de inconstitucionalidad e invasión de competencias”.

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el pasado 18 de diciembre el decreto ley en materia territorial y urbanística para la recuperación de La Palma, que modifica la norma de suelo rústico de la pasada legislatura e irá seguido de otros tres en materia agraria, de vivienda y de disponibilidad de suelos.

Con esta modificación, se amplía a toda la isla la posibilidad de que los afectados pueden construir en un terreno en su propiedad, ya sea que lo tuviera antes del volcán o bien que lo haya comprado o vaya a comprarlo después.

Además, el derecho ya no es solo para la vivienda habitual, sino también para cualquier tipo de vivienda, como segundas residencias o vacacionales.

También se reconoce a los herederos de personas afectadas ejercer los derechos del fallecido.