La Asociación Agua para La Palma reclama al Cabildo rehacer el Plan Hidrológico porque "rematará" al sector primario y "condenará" a toda la isla a pagar agua "cara y mala"

La Asociación Agua para La Palma ha pedido al Consejo Insular de Aguas (CIALP), organismo adscrito al Cabildo, que retire su propuesta de nuevo Plan Hidrológico de la isla para corregirlo y rehacerlo, por sus “graves errores y contradicciones” y porque, “en plena crisis hídrica, persiste en una errática política que solo servirá para encarecer aún más el precio del agua en los próximos años” y “rematar” el sector agrario, principal base de la economía insular, “cuyo futuro está más amenazado que nunca” por la situación del mercado del plátano, los altos costes de producción (entre ellos el del agua) y la sequía mal gestionada.

Para ello, la asociación ha presentado ante dicho organismo (cuya Asamblea integra a políticos del Cabildo y los ayuntamientos, así como a representantes de comunidades de aguas de consumo y riego, de usuarios, de agricultores y sectores económicos y sociales) una batería de 19 alegaciones, 12 objetivos y 9 principios en los que basar un cambio de política insular con el agua.

También ha adjuntado un informe jurídico que avala la potestad del Cabildo para incluir normas técnicas obligatorias como la realización de cierres hidráulicos en las galerías para regular la extracción de agua en función de la demanda; al igual que un exhaustivo informe elaborado por el ingeniero, experto en hidrología y energía, Carlos Soler Liceras, en el que la asociación sustenta técnicamente sus planteamientos.

Así lo han explicado el presidente y la secretaria de Agua para La Palma, Pedro Monzón y Mónica Riverol, respectivamente, durante una rueda de prensa celebrada este viernes 23 de febrero en el patio del Palacio Salazar, de la capital palmera. Ambos han solicitado además a la ciudadanía que exija a sus representantes en la Asamblea del CIALP la retirada del plan y al Cabildo que no lo apruebe “por responsabilidad política”.

En este encuentro informativo en el que además advirtieron de que el plan propuesto prolongará el “derroche” de dinero público en obras “caras, ineficaces y de alta demanda de energía (como las desaladoras y el cierre del anillo hídrico insular), con desprecio de soluciones más económicas y útiles”; a la vez que protestaron por la falta de medidas para evitar que las galerías tiren el agua a los barrancos y la sobreexplotación del acuífero, la desaparición de nacientes y el abandono y salinización de pozos.

Se trata de alegaciones que, en su mayor parte, ya presentó la asociación en 2021, cuando salió a información pública el Plan Hidrológico del tercer ciclo, pero que el Cabildo pretende modificar ahora de nuevo alegando la necesidad de actualizarlo debido a la erupción volcánica de ese año, motivo que Agua para La Palma considera un “pretexto”, pues solo el 18% de las nuevas actuaciones planteadas tienen que ver con esta catástrofe y apenas el 10% de su presupuesto total contemplado hasta el año 2033.

Tras un análisis pormenorizado del documento, Agua para La Palma propone “corregirlo” para priorizar 11 postulados que permitan afrontar con éxito la “grave situación hídrica” en que se encuentra la isla. Entre estas medidas destacan declarar como sobreexplotado el acuífero COEBRA (Parque Nacional de la Caldera de Taburiente), y, con ello, obligar a la instalación de cierres hidráulicos en sus galerías para impedir el descenso de caudales de los nacientes; así como promover la mancomunidad de todos los pozos de la comarca, cuyo déficit de caudal resultante se compensaría desde una galería pública.

OBRAS QUE DEBERÍAN SER PRIORITARIAS

Entre las principales propuestas de la asociación figura la de reperforar el Túnel de Trasvase en función de la demanda de agua en las vertientes este y oeste; y dar preferencia a la extracción de agua de galerías por encima de 400 m de altitud frente a la apuesta que se hace por los pozos (con 18 millones de euros previstos, un “tremendo error” porque tienen mayor coste de implantación, de producción y de transporte, peor calidad de agua, menor vida útil, y mayor dependencia energética).

Fundamental para la asociación es que el plan descarte la desalación de agua marina al ser innecesaria porque se infiltra cuatro veces más agua de lluvia que la extraída.

Igualmente, Agua para La Palma propugna priorizar las obras que eviten las pérdidas de agua en las redes de transporte; e igualmente la construcción de redes de saneamiento y depuradoras biológicas, en lugar de grandes depuradoras comarcales industriales.

Otras de las medidas planteadas persiguen mantener los nacientes en número y con el caudal actual, evitando su desaparición, y de este modo, regenerar el sistema con las miras puestas hacia la recuperación total de las antiguas fuentes de la isla y de sus caudales de hace medio siglo.

La asociación insiste en que si se aplicaran sus propuestas se evitaría el abandono de pozos y mejoraría la calidad de su agua, se aumentaría de forma urgente el caudal por encima de las cotas de uso -evitando así altos costes de electricidad para impulsarla-, se abarataría el precio del agua, se mejoraría el rendimiento agrícola y la calidad de sus productos, disminuirían las emisiones de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles y se preservaría el litoral de los vertidos de las desaladoras de agua marina y las depuradoras de aguas residuales.

“GRAVES ERRORES” QUE “ENCUBREN” LA SOBREEXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS

En el análisis del Documento de Aprobación Inicial del Plan Hidrológico, este colectivo ciudadano, apoyado en el informe técnico de Carlos Soler, pone al descubierto “graves errores” en los cálculos de infiltración, pluviometría y escorrentías, que atribuye a la intención de “encubrir” la sobreexplotación de masas de agua que afectan al Parque Nacional de La Caldera de Taburiente (CEOBRA) -que en 44 km2 concentra el 30% del agua extraída de las galerías en toda la isla- y al Valle de Aridane-Tazacorte.

Detecta también un incumplimiento de la normativa europea, nacional y regional sobre el tamaño de las masas de agua, lo que provoca que dos de ellas, las del Valle de Aridane y COEBRA -que suponen el 50% de la producción de agua en la isla- no se cataloguen como sobreexplotadas pese a que la pérdida de nacientes y el abandono de pozos lo está señalando “de manera trágica e inequívoca, lo que explica su histórico abandono”.

Como se expone en el informe de Carlos Soler que acompaña estas alegaciones, en el último medio siglo se ha secado la mitad de los nacientes, y los caudales que quedan se han reducido a un tercio, datos corroborados por el Instituto Geológico y Minero de España (GME) y por el propio Plan Hidrológico, donde consta que solo están “activos” 51 de 161 existentes en su día.

“DERROCHE” EN OBRAS Y “CICATERÍA” PARA ALTERNATIVAS MÁS ECONÓMICAS Y EFICACES

Para la asociación, el documento de aprobación inicial del plan adolece también de la inobservancia del principio de recuperación de costes (generando un déficit anual de 15 millones de euros).

A ello se une la falta de presupuesto para construir cierres hidráulicos en galerías y, en cambio, destinar 30 millones para la “obra estrella”: el cierre del anillo hídrico insular por el sur, pese a ser “energéticamente insostenible, innecesario y muy costoso, pues aportará agua “cara y de mala calidad proveniente de una desaladora, cuando existen mejores opciones a menos coste y menor daño medioambiental”. Una de estas alternativas es el caso del Túnel de Trasvase, “del que se podría extraer más agua en los 4,5 km que quedan por perforar; obra pública esta que podría abastecer por gravedad a las dos vertientes, con agua más barata y mejor calidad, sin contaminar y sin necesitar energía”.

Protesta también la asociación por la ausencia de voluntad política en el pretendido nuevo Plan Hidrológico para acabar con la contaminación del acuífero por falta de redes de saneamiento, ya que nada menos que el 56% de las viviendas de la isla vierte sus aguas negras directamente al subsuelo a través de pozos.

“Grave error” es también, a juicio de este colectivo ciudadano, dedicar 40 millones de euros públicos a balsas de agua donde almacenar la subterránea, mientras que a las galerías -que, con cierres hidráulicos y mucho menor coste, son su almacén natural- apenas se destinan 2 millones. Una política que, para este grupo de ciudadanos, “solo beneficia a los propietarios de los pozos en detrimento de la población en general y de la agricultura, además de acarrear un mayor coste energético y un aumento de la contaminación”.

OBLIGAR A INSTALAR TRANQUES HIDRÁULICOS ES LEGAL

Con relación a estos cierres en las galerías para regular la extracción de agua a demanda, la asociación contradice de manera contundente al Consejo Insular de Aguas, para cuyos responsables esta medida, pese a ser positiva, no se puede obligar a aplicarla a los propietarios de estas explotaciones.

Frente a esta opinión, el abogado Pedro Fernández Arcila concluye que sí es posible exigir la instalación de estos cierres en las galerías “con base en la protección del medio ambiente y del recurso natural, debiendo introducirse esta obligatoriedad en las normas técnicas que contenga el Plan Hidrológico de La Palma (Tercer Ciclo)”.

En el informe aportado por la asociación, Arcila apunta varios artículos de la Ley 12/1990 de Aguas de Canarias, en los que se establece, literalmente, “el deber de no desperdiciar [las aguas] ni deteriorar su calidad” y “no ampara el abuso del derecho en su utilización ni el mal uso de las mismas, cualquiera que sea el título que se alegue”, con el fin de “proteger” este “bien escaso”, ” tanto en su calidad como en su disponibilidad presente y futura”.

Indica el letrado que, a escala estatal, el Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, contempla la exigencia, a los titulares de concesiones, de cumplir imposiciones técnicas cuando mejoren la utilización de las aguas.

Tal es así que la Ley de Aguas canaria menciona de manera expresa que los planes hidrológicos deben contener “normas técnicas para la conservación y la recarga de acuíferos y de protección del medio ambiente y los recursos naturales”.

Con respecto a la obligatoriedad de estas normas técnicas, el abogado deja patente que los planes hidrológicos insulares, “una vez vigentes, tendrán la consideración de planes territoriales especiales”, conforme a la Ley 4/2017 del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Y pone de relieve que la Ley estatal de Industria prevé especificaciones técnicas, con carácter obligatorio, relativas a productos, procesos o instalaciones industriales.

PREGUNTAS A LAS AUTORIDADES

A la luz de las carencias del plan y las intenciones expresadas por los principales partidos políticos, Agua para La Palma lanza a la opinión pública una serie de preguntas que las autoridades deberían responder: “¿Quiénes mantendrán los paisajes verdes de nuestras costas si se abandona la agricultura? ¿Cuántas ayudas públicas necesitarán quienes pierdan el 90% de su patrimonio porque sus fincas agrarias han pasado a ser eriales abandonados? ¿A quién se venderá el agua destinada actualmente al plátano si se hunde este cultivo? ¿Los especuladores del agua quieren mantener los actuales precios y por eso la prisa por instalar desaladoras, junto a la exageración de las consecuencias por el cambio climático en La Palma? ¿Este es el futuro con el que quieren parar la emigración de nuestros jóvenes mejor preparados?”.

Con respecto a los próximos meses, la asociación advierte de que se aproxima un verano en el que previsiblemente se van a imponer restricciones con el agua, y ya el Ayuntamiento de Barlovento ha anunciado que revisará las ordenanzas de precios de este suministro básico, una tendencia que podrían continuar otros consistorios.

Recuerda Agua para La Palma que ya el año pasado, ante el desabastecimiento sufrido en el Noroeste de la isla, Carlos Soler se ofreció gratuitamente a marcar un sondeo por municipios para resolver temporalmente la situación, además de proponer soluciones viables que a medio y largo plazo salvarían a dicha comarca de “seguir sumida en la incertidumbre y la precariedad con este recurso básico”.

Tan solo un Ayuntamiento, el de Tijarafe, respondió a este ofrecimiento, pero en el sentido de que carece de medios técnicos y económicos para afrontar las soluciones, y que las remitiría al Cabildo.