La Fiscalía sostiene que el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ganó 6,76 millones de euros a través de una de sus sociedades al mediar en la provisión de suministros sanitarios al Gobierno de Canarias durante el estado de alarma por los que este pagó 22,9 millones.
En la querella que ha interpuesto contra cuatro empresarios que participaron en la provisión de mascarillas, guantes de nitrilo e hisopos al Servicio Canario de Salud en 2020 y 2021 a través de las empresas Damco Trading Services y Tanoja Services, el fiscal atribuye al presidente de la UD Las Palmas un papel de comisionista, llevado a cabo a través de la firma Tabaiba, de la que es socio único.
La mecánica sería la siguiente, siempre según la Fiscalía: Tabaiba mediaba con los clientes (en este caso, todas las ventas examinadas lo fueron al Servicio Canario de Salud) y se reservaba cobrar como comisión “el 100 % del sobreprecio que obtuviera de los eventuales compradores en cada caso concreto para los lotes de productos”.
Es decir, Ramírez percibía a través de Tabaiba todo lo que lograra elevar el precio, de acuerdo con la mecánica descrita por la Fiscalía, que en esta querella no entra a examinar la licitud o licitud de esa comisión, sino solo si los empresarios señalados la tributaron correctamente, cosa que Hacienda niega que hicieran.
La querella, a la que ha tenido acceso EFE, la firma la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, que ya ha sentado en el banquillo a Miguel Ángel Ramírez en otro juicio por un supuesto fraude millonario a la Seguridad Social pendiente de sentencia, un caso el que pidió para él 21 años de cárcel.
La fiscal Ríos sostiene que Tabaiba obtuvo unas ganancias patrimoniales con esta operativa de 3,29 millones de euros en 2020 y de 3,47 millones en 2021, cantidades que deduce de restar del dinero que Tabaiba recibía de Damco y Tanjo las cuantías que la sociedad de Ramírez pagaba a B&M Sport, empresa de Lucas Bravo de Laguna.
A fecha de hoy, la Fiscalía acusa a Ramírez de dos delitos fiscales consistentes en haber eludido el pago impuestos por esas ganancias por valor de 1,45 millones en 2020 y 1,54 millones en 2021, al no tributarlas como persona física, vía IRPF, sino como a través del Impuesto de Sociedades, a través de Tabaiba, tras haberse acogido a los beneficios fiscales de la Reserva para Inversiones en Canarias.
No obstante, la Fiscalía concluye su informe recordando que la denuncia de Hacienda que puso en marcha este caso ya sugiere que del delito fiscal principal es posible que se deriven indicios de tres cargos delictivos más contra los querellados: blanqueo de capitales, corrupción y malversación de fondos públicos.
A diferencia de otros procesos judiciales abiertos en varias comunidades autónomas, entre ellas Canarias, sobre la compra de material sanitario adjudicado de forma directa y urgente por la situación de estado de alarma, aquí no se plantea que el suministro no se entregara ni resultara ser inservible o de calidad inferior a lo pagado, sino solo su repercusión fiscal.
En el auto de admisión de la querella, la juez número 5 de Las Palmas de Gran Canaria va un paso más allá de lo que describe el fiscal y atribuye a Tabaiba, la sociedad de Ramírez, la función de haber conseguido “potenciales clientes” para vender los productos que importaban Damco y Tanoja, sociedades del imputado Noel Jammal Fernández, a cambio, reitera, de quedarse “el 100 % del sobreprecio”.
En su resolución, la juez se pregunta qué papel desempeñaban Ramírez, Bravo de Laguna y Christian Cerpa en los diferentes contratos con la sanidad canaria, si toda la operativa de importación y entrega del material la hacían Damco y Tanoja y si resulta además, añade, que Tabaiba “carecía de medios materiales y humanos propios”.
A su juicio, la respuesta es esta: la participación de Tabaiba en esas operaciones “tenía únicamente como finalidad beneficiar al señor Miguel Ángel Ramírez para lucrarse del suministro del material”.
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