Agua para La Palma tacha de "irresponsable locura política" instalar una desaladora en Fuencaliente

La Asociación “Agua para La Palma” denuncia públicamente la “irresponsable locura política” que supondrá la futura instalación de una planta desalinizadora de agua marina en Fuencaliente, proyecto para el que el Cabildo palmero y el Ayuntamiento acaban de acordar una “hoja de ruta”.

Para este colectivo ciudadano, según informan en un comunicado de prensa, esta decisión de las administraciones públicas carece de justificación precisamente en la isla canaria con mayores recursos de agua subterránea y mayor pluviometría, al tiempo que “se ignoran de manera deliberada las alternativas más económicas, sostenibles y ajustadas al caso, es decir, la reparación del canal LP1 para reducir las pérdidas de agua en su transporte hasta el sur, así como el arreglo y, en su caso, reperforación, del Túnel de Trasvase para aumentar el caudal de agua pública disponible”.

La asociación ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Fuencaliente, el Cabildo de La Palma y el Consejo Insular de Aguas en el que muestra su oposición a esta infraestructura y “contradice las conclusiones del estudio técnico encargado por el consistorio para la implantación de una planta de desalinización inversa con elevación de agua potable al canal general”. Un estudio, fechado en 2021 y al que ahora ha tenido acceso Agua para La Palma, que está “plagado de errores y adolece del obligado estudio de alternativas, tal y como además pone de manifiesto un contrainforme elaborado por el prestigioso ingeniero experto en hidráulica y energía Carlos Soler Liceras”.

Para la asociación, esta desaladora de Fuencaliente se enmarca en “el plan preestablecido por un pequeño grupo de poder que dirige en la sombra la política palmera, para enriquecerse con el agua y los fondos públicos”. Y para ello “se retuercen las cosas echando la culpa al cambio climático, cuando todos saben que si el agua no llega a Fuencaliente es por el abandono y deterioro premeditado del canal LP1, obra pública que en su día financió el Estado y no ha tenido un adecuado mantenimiento por parte de las Administraciones públicas de la isla”.

De ahí que este colectivo ciudadano llame a la población a “rebelarse contra una gestión política y los intereses particulares que aumentarán de manera innecesaria el precio del agua”.

La asociación lamenta que el consistorio no haya hecho aún público este estudio pese a que fue elaborado en 2021, y desde entonces mediaron incluso unas elecciones locales, “actitud que va contra la transparencia y la participación ciudadana”.

Y denuncia que “este documento incumple la obligación legal de analizar las diferentes soluciones posibles para resolver el abastecimiento de agua de este municipio”.

En este sentido, indican que “la primera alternativa sorprendentemente no contemplada surge de las propias afirmaciones del alcalde, Gregorio Alonso, quien en un Pleno municipal el 20 de noviembre reconoció que el canal LP1 perdía entre el 70% y el 80% del agua contratada (“la comunidad [de regantes] pone más de 1.000 pipas en el canal y a Fuencaliente llegan 200 o 300″, fueron sus palabras textuales)”.

Por tanto, Agua para La Palma llama la atención de que “si se arreglara el canal, llegaría a Fuencaliente tanto caudal como el producido por entre 7 y 13 desaladoras”. E incluso si las pérdidas de ese canal fueran solo del 10% que dice el Consejo Insular de Aguas, reparar esta infraestructura “permitiría recuperar en tres días el volumen diario de agua que se pretende obtener por desalación”.

La otra alternativa que defiende la asociación costaría entre uno y dos millones de euros, frente a los más de 15 que, según Carlos Soler, requeriría la desaladora (en el estudio de viabilidad se estima que unos 11,5 millones). Consiste esta solución en aumentar el caudal de agua pública alumbrada en el Túnel de Trasvase, mediante el arreglo del cierre hidráulico por la boca de Aduares para eliminar las fugas de agua actuales, y, de ser necesario, realizar un sondeo horizontal en el frente y en la misma dirección que la galería ya construida. En el caso de que así no se lograse el caudal necesario, “cosa harto dudosa” a juicio del ingeniero, se podría perforar la galería hasta que se alcanzase el volumen deseado.

En ambas soluciones alternativas a la desalación, subraya la asociación y confirma el informe de Carlos Soler, “no existe ningún proceso que genere impacto ambiental ni que aumente la potencia eléctrica de la isla, y el agua sería de mucha mejor calidad”.

Agua para La Palma critica que “el estudio sobre la pretendida desalinizadora encargado por el Ayuntamiento maneja datos erróneos del consumo real de agua por la agricultura y hasta en dos ocasiones atribuye la competencia de los permisos para las concesiones hidráulicas en La Palma al Consejo Insular “de Gran Canaria”.

La asociación asegura que “desmonta punto por punto todas las conclusiones de este estudio”. Así, frente a la afirmación de que la desalación es un método competitivo con la obtención de agua subterránea por el método tradicional, este colectivo ciudadano replica que “no es cierto”, porque desalar es el método más caro, tanto por costes de implantación como de producción -incluyendo el elevado aumento de la demanda eléctrica- así como por el impacto ambiental del vertido de salmuera al mar.

Para el referido ingeniero, el hecho de que se pretenda usar energía eólica no haría de esta desaladora una solución “sostenible”, pues la planta de energía renovable “no deja de ser un remiendo que eleva el coste total de forma desproporcionada”. En esta línea, la asociación señala que “todo se basa en una mentira, porque jamás en ningún lugar del mundo se ha conseguido que una planta de este tipo funcione solo con energías renovables las 24 horas los 365 días del año”.

“El alcalde”, subraya Agua para La Palma, “también calla el cálculo de cuánto costará anualmente regar plátanos en la costa fuencalentera, casi 10.000 euros por fanega, por tanto agua, cara, escasa y mala, precisamente ahora cuando el sector platanero pasa la peor crisis de su historia”.

Por otra parte, la asociación discrepa de que “no sea preciso someter el proyecto a evaluación ambiental, ni simplificada ni ordinaria, pues además el proyecto incluye un aerogenerador de 125 m de altura máxima y una planta fotovoltaica de 14.000 m²”.

Al respecto, Carlos Soler alerta en su informe de que los sondeos para la toma de agua de mar provocarán intrusión marina en “una amplia extensión del acuífero y salinizará el agua dulce que se sitúa por encima de la salada”. A la vez, el vertido de salmuera se hará también sobre este mismo acuífero costero, “con lo que aún aumentará más su contaminación por salinización”.

Llegados a este punto, la asociación observa que este proyecto es una muestra más de la política “continuista” que se pretende amparar con la propuesta de nuevo Plan Hidrológico Insular. Un documento del Consejo Insular de Aguas que “no va a la raíz de los problemas sino que crea una ficticia escasez del agua, vinculándola además de forma torticera a la sequía por el cambio climático, y no a la mala gestión de todos los partidos políticos que son manejados como títeres por intereses particulares en el mercado especulativo con el agua”.