Ascav rechaza el "exterminio" de viviendas vacacionales, que quedan "heridas de muerte"

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ha expresado este jueves “su más profundo y frontal rechazo” al anteproyecto de Ley de ordenación sostenible del uso turístico de la vivienda, con el que a su juicio las viviendas vacacionales quedan “heridas de muerte” y sujetas a un “exterminio”.

Con este anteproyecto sólo es cuestión de poner la fecha definitiva de la erradicación de las viviendas vacacionales en Canarias, que será paulatina pero inexorable, afirma la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) en un comunicado.

En su opinión el anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno de Canarias es “un refrito” de las medidas más limitativas que se han dictado en España y resto de la UE sobre las viviendas vacacionales con un objetivo “claro” en las islas: prohibir nuevas viviendas vacacionales “desde ya” y eliminar las que ejercen dicha actividad legalmente.

El anteproyecto “es una auténtica moratoria” a las viviendas vacacionales en Canarias pues desde que entre en vigor no se admitirán más altas salvo que expresamente el planeamiento municipal las autorice, justo lo contrario de la situación actual, añade la Ascav.

Al respecto, indica que prácticamente ninguno de los 88 municipios de Canarias tiene su Plan General de Ordenación adaptado para prever las viviendas vacacionales, por lo que quedarán automáticamente prohibidas en todos ellos, y se imponen e el anteproyecto “tantos y tales condicionantes” a los ayuntamientos que las quieran autorizar “que será de muy difícil cumplimiento”.

Añade que el régimen transitorio que se aplica a las viviendas vacacionales que ejercen legalmente la actividad y que están inscritas en el Registro General Turístico de Canarias es de imposible cumplimiento, pues les otorgan un plazo de 5 años para que se adapten a las exigencias técnicas.

Estas se refieren a la instalación de aparatos de aire acondicionado y calefacción, calificación energética mínima C o B, agua caliente mediante placas solares o similar, toma de corriente para recarga de vehículos eléctricos, acceso rodado y pavimentado a las viviendas y otros factores y de lo contrario, quedarán excluidas.

Pasado ese plazo tienen otros 5 años para adaptarse íntegramente a todos los requisitos que exige la norma y aquí, añade la Ascav, es donde se le dará “la puntilla” a las que consigan sobrevivir, pues no se permitirán viviendas vacacionales en edificios plurifamiliares, asentamientos agrícolas, unifamiliares adosadas, en situación de fuera de ordenación e imposibilidad de dedicar nuevas construcciones a este fin.

Para la asociación, el anteproyecto es “flagrantemente inconstitucional” porque invade competencias exclusivas del Estado y restringe la autonomía local de los ayuntamientos, para añadir que también lo considera contrario a la normativa de la UE y del Tribunal de Justicia europea, pues vulnera los principios de proporcionalidad, necesidad y no discriminación.

Asevera además que es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo porque impone requisitos que ya han sido declarados ilegales por el Alto Tribunal.

“Es una auténtica expropiación forzosa encubierta de nuestras propiedades porque priva prácticamente de contenido al derecho de propiedad y al derecho a la libertad de empresa, que son derechos protegidos por la Constitución Española, e nstaura unas restricciones tan severas al legítimo derecho de propiedad que prácticamente lo vacía de contenido, expropiándolo de facto y depreciando el valor del inmueble”, reprocha la Ascav.

Otro aspecto que critica la asociación es que en su opinión no se propone en el anteproyecto ninguna medida real de promoción de viviendas para solucionar su carencia en las islas, por lo que asegura que el Gobierno de Canarias lleva 15 años sin hacer su trabajo en materia de vivienda y “ahora pretende que los demás perdamos las nuestras” pese a que en las islas hay más de 211.000 vacías.

En definitiva, continúa, se trata de una ley “anti vivienda vacacional en Canarias, el más duro y restrictivo de los intentos acometidos hasta ahora por el Gobierno canario desde 2015 que va a traer unos claros efectos en los próximos años”, como la destrucción de más de 50.000 empleos directos y de más de 2.700 millones de euros anuales que se generan de manera directa y que se quedan íntegramente en las islas.

Afirma que se van a vender las propiedades a inversores extranjeros que operarán con impunidad desde fuera “escapando al control del Gobierno de Canarias” sin que además se vaya a solucionar el problema de la escasez de vivienda y el encarecimiento del precio del alquiler.