Volcán. Luis G Morera. Archivo.
La Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia ha dictaminado este jueves los proyectos de ley de recuperación de La Palma en materia de vivienda y agraria, en una sesión en la que los grupos parlamentarios han renunciado a debatir su contenido, que dejan para la sesión plenaria en la que se aprobarán de forma definitiva.
Los diputados, debido a las dificultades de algunos “por cuestiones de conexiones”, han decidido limitar la sesión de la comisión a votar algunas enmiendas “in voce” y el informe de la ponencia, con lo cual los dictámenes de comisión de los dos proyectos de ley quedan listos para, en su caso, debate y aprobación definitiva en el próximo pleno del Parlamento.
Ambos decretos proceden de dos proyectos de ley aprobados por el Gobierno de Canarias en marzo y convalidados en abril por el Parlamento, que decidió además tramitarlos como proyectos de ley.
Los proyectos de ley de medidas agrarias y de vivienda para La Palma, vigentes en su redacción original desde su aprobación como decretos por el Gobierno canario, persiguen recuperar la máxima superficie agrícola previa al volcán y atender a las personas que perdieron su vivienda en la erupción y no pueden acogerse a las opciones ofrecidas en anteriores normas.
En el caso del proyecto de ley de medidas agrarias, se quiere recuperar las explotaciones en el mismo lugar donde la tenían las personas afectadas siempre que sea posible.
Se marcan dos zonas de recuperación agraria dentro de la colada del volcán.
La primera de ellas es donde la colada es de menos de 10 metros de grosor y en ella se puede recuperar no sólo la explotación agraria, sino también cualquier otra edificación que estuviera dentro de la propiedad.
La recuperación de explotaciones en la segunda zona, donde hay más de 10 metros de grosor de colada, está condicionada a un informe técnico científico que emite el Cabildo palmero.
La norma ofrece posibilidades para permutar terrenos dentro de la colada, trasladar el derecho de reconstrucción de la parcela afectada a otro lugar de la isla y comprar parcelas dentro de la colada, para evitar que se pierda el potencial agrícola.
Las personas que no quieran continuar en el sector de la agricultura pueden ser indemnizadas por el Gobierno canario por el valor anterior de sus terrenos antes del volcán, quedándose la Comunidad Autónoma con la propiedad.
En cuanto al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda protegida, se pretende facilitar y agilizar la construcción de este tipo de viviendas, tanto en los tres municipios afectados por el volcán como en el resto de la isla, para lo cual se habilitan parcelas de suelo público en ocho municipios.
Con respecto a los ciudadanos que perdieron su vivienda por la erupción, el decreto busca dar alternativas a los afectados que no pueden acogerse a alguna de las opciones recogidas en la norma que regula la reconstrucción de las edificaciones que existían en el espacio ocupado por la colada, ni tampoco a lo dispuesto en el decreto que permite la construcción de lo destruido en parcelas fuera del ámbito de la colada.
También se aborda la situación de aquellas personas que, aun recibiendo el valor de lo perdido, no van a poder acceder a una vivienda.
Los vecinos cuyas viviendas resultaron destruidas o afectadas estructuralmente por la lava tienen preferencia para acceder a las viviendas que se construyan en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.
En cuanto a las viviendas en el ámbito del Valle de Aridane que no se adjudiquen y las que se construyan en otros municipios de la isla de La Palma, se adjudicarán a demandantes inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda conforme a las reglas generales de la legislación de vivienda.
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