El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Acción Social que dirige Ángeles Fernández, mantiene la escucha activa de los colectivos y el trabajo coordinado con el Gobierno de Canarias para mejorar los procesos de evaluación y la atención a las personas dependientes.
La consejera de Acción Social, Ángeles Fernández, recalca que como prioridad del grupo de gobierno insular, se trabaja en el desarrollo del actual decreto que viene a mejorar la normativa, del año 2008, que hasta ahora pretendía regular estos procesos. A través del nuevo decreto, recalca Fernández, se incorpora un sistema de gestión en una sola fase, que contempla la valoración del grado y el Programa Individual de Atención (PIA).
La consejera insistió en el transcurso del Pleno Ordinario celebrado este viernes que el Cabildo de La Palma trabaja de la mano con el Gobierno de Canarias para sustituir una normativa obsoleta que entró en vigor hace 16 años, y que multiplicaba los procesos administrativos y la consiguiente burocracia. “Esto impide el cumplimiento de la ley, que señala que todo el trámite debe desarrollarse en seis meses”, recalca.
Además, informó que actualmente se ha podido rebajar de 977 a 594 días el resolver el procedimiento de la dependencia, iniciando un camino en la reducción de esos plazos que se verá reforzado con el incremento de la contratación de personal o la implantación del nuevo aplicativo informático.
Con este decreto, tanto el grado de dependencia como el Programa Individual de Atención (PIA) se realizará en una única fase, un sistema monofásico que ya está implantado en otras Comunidades Autónomos y que viene facilitar es la simplificación notable del acceso de la ciudadanía a los recursos “y que hará que Canarias mejore en el cumplimiento de la ley de la dependencia”, señaló Fernández.
Es además, un acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, reclamando que se acorten los tiempos de estos procesos “para responder de manera más efectiva a las necesidades de las personas en situación de dependencia y sus familias”.
Ángeles Fernández hizo hincapié en el proceso interno de información, además de información pública, para contar con una normativa lo mayor participativa posible y consensuada con los agentes del Tercer Sector que permite contar con un decreto abierto.
