Agua para La Palma reprocha al Gobierno canario el "gasto millonario" en desaladoras

La Asociación Agua para La Palma expresa su “más enérgica protesta” por la decisión del Gobierno canario de comprar 10 desaladoras de agua marina portátiles en Canarias, con un coste de 13,4 millones de euros, en lugar de priorizar las inversiones en modernizar y reponer las obsoletas redes de distribución, en las que llega a perder más del 50% del agua, un asunto “absolutamente marginado en los presupuestos autonómicos”.

De esta forma, según este colectivo ciudadano, “el Gobierno canario continúa con la política disparatada y derrochadora de aumentar la producción de agua industrial, a sabiendas de que se va a tirar la mitad, en lugar de afrontar el verdadero problema, que son estas escandalosas pérdidas por la falta de mantenimiento y el abandono de las conducciones”.

La asociación recuerda que en La Palma abandera la lucha contra el “injustificado gasto” en una planta desaladora proyectada en Fuencaliente, con apoyo del Cabildo, a la que se pretende destinar “una millonada” de dinero de todos los palmeros, mientras, en un reciente pleno de este Ayuntamiento,  presidido por el alcalde Gregorio Alonso (CC), “el gobierno fuencalentero rechazó una moción del PSOE (sobre la que se abstuvo el concejal de UPF-PP, Andrés Torres)” para que se entubara y telemetrizara el canal público LP-1, “ya que el déficit de agua en este municipio no se debe a que falte este recurso en la isla, sino a las grandes pérdidas en esta conducción y a su mala gestión”.

Un mal estado de las redes que es común a todas las islas, y al que nadie parece querer dar solución, por lo que este grupo de ciudadanos palmeros reitera que promoverá un gran pacto social e institucional en Canarias para que se vaya a la raíz del problema, “que en absoluto ahora es el cambio climático, sino la nefasta gestión política del agua en el Archipiélago”.

Por ello, esta asociación auspiciará un manifiesto de carácter regional, con el que espera formar un frente común con organizaciones y colectivos de todo el Archipiélago, en el que se reclamará a las Administraciones públicas un plan estratégico que priorice invertir el dinero en reponer y arreglar las redes de distribución, pues esta medida permitiría disponer de más agua sin aumentar la producción, al tiempo que reivindicará aprovechar mejor los recursos subterráneos, fundamentalmente las galerías de agua (dotándolas de cierres hidráulicos que controlen la extracción a demanda).

Es lo que se hace, por ejemplo, en Málaga, cuyo Ayuntamiento ha apostado por la extracción de agua subterránea y reparar las conducciones, en lugar de implantar desaladoras (Málaga activa pozos del Bajo Guadalhorce para incrementar los recursos hídricos de la capital (malagahoy.es))

“Se está usando el cambio climático como la excusa perfecta para colarnos desaladoras en islas donde no hacen falta, con enormes inversiones públicas detrás de las cuales están los intereses privados de empresas nacionales y multinacionales, y se hace oídos sordos a las denuncias sobre el mal estado de las redes de transporte de agua, porque parece no interesar a nuestros políticos que este problema se resuelva, para favorecer la solución más cara, derrochadora e insostenible”.

“MÁS DAÑINAS LAS PÉRDIDAS EN LAS REDES QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO”

“Y tal es así”, subraya, “que se llega al absurdo de que en las islas donde el agua se obtiene solo de desaladoras, Lanzarote y Fuerteventura, también se echa la culpa al cambio climático”.

 “La realidad”, enfatiza este colectivo, “es que hace más daño al suministro de agua el mal estado de las redes de distribución que el propio cambio del clima, porque las 10 desaladoras anunciadas por el Gobierno canario generarán 22.600 metros cúbicos al día, de los que también se perderá la mitad, 11.000 m³ de agua producida de forma industrial, y, por tanto, más cara, que se unirán al 50% que ya se pierde por no arreglar las redes, de modo que es como poner dinero en un bolsillo roto”.

Indican que “lo grave de esta desastrosa política”, advierte la asociación, no es solo que se tire la mitad del agua producida, “en una irresponsable espiral de desalar más para tirar a su vez más agua aún”, sino que “se tiran decenas y decenas de millones de dinero público” que, de haberse gestionado bien la solución a este problema desde hace años, “hoy se podrían destinar a sanidad, atención a la dependencia, o la lucha contra la pobreza y la exclusión social, que son asuntos sangrantes en Canarias”.

Desde esta perspectiva, para esta asociación, la política hidráulica de buena parte de las Administraciones públicas canarias es reprobable también por acarrear una “injusticia social, puesto que si el agua es un recurso esencial limitado que se debe gestionar de manera eficaz sin perder una gota, no menos limitado es el dinero recaudado de los impuestos de los ciudadanos, que también se debe emplear de modo impecable, y no con la discrecionalidad y la arbitrariedad con que se está haciendo en las infraestructuras hidráulicas”.

“Existen alternativas más sostenibles, más justas y económicamente más beneficiosas para la sociedad, que las desaladoras, pero nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino por oscuros intereses particulares, y ya es hora de que despertemos como sociedad y exijamos un cambio de política con este bien básico en Canarias”, concluye Agua para La Palma.

En opinión de esta asociación, la Ley de Aguas de Canarias “no se está cumpliendo” ni en su filosofía ni en importantes artículos, y en el Archipiélago “se sigue haciendo negocio particular con un bien público tan básico como el agua”, por lo que “es hora de tomar conciencia como sociedad y reclamar un cambio  de 180 grados a la política hidráulica de nuestras Administraciones públicas, pues basta ya de sembrar las islas con desaladoras a costa de todos”.