Afectados por la Ley de Costas en Fuencaliente confirman que irán a Europa

Los afectados por la ley de Costas en el municipio de Fuencaliente, en la isla de La Palma, recurrirán a la justicia europea para evitar los derribos tras las últimas resoluciones judiciales españolas que rechazan los recursos presentados.

El abogado José Luis Langa, que representa a los propietarios de cerca de un centenar de construcciones, en las que viven unas 300 personas, ha anunciado su intención de recurrir ante el Parlamento y el Tribunal Europeo para evitar los derribos por la ley de Costas.

Miembros de la Plataforma en Defensa del Litoral han indicado a los vecinos de El Faro y Puntalarga sólo les queda acudir a las instancias europeas y al mismo tiempo confiar en el traspaso de competencias del Gobierno central al canario en materia de Costas y en la modificación en esta legislación impulsada por el Partido Popular (PP) que ya se ha comenzado a tramitar en el Senado.

Esta nueva normativa, indica la Plataforma, pretende garantizar una protección jurídica a las miles de personas que tienen sus viviendas legales en el litoral desde hace décadas pero se ven afectadas por los nuevos deslindes de dominio público que se han comenzado a fijar desde finales de la década de los años ochenta cuando se aprobó la nueva ley.

“Nuestra estrategia, lógicamente, pasa por retrasar al máximo los derribos y desalojos hasta que existan cambios normativos y sentencias en el ámbito europeo que nos amparen”, indica Langa.

También se han recogido cientos de firmas de personas que apoyan a los propietarios de estas construcciones en el litoral del Sur de La Palma.

Los recursos ante los tribunales no se han presentado de forma global sino por parte de cada uno de los propietarios y hasta ahora se han saldado siempre en contra de los vecinos.

Ante los tribunales los dueños de las casetas apelaban a la prescripción de la acción administrativa al haber transcurrido más de 15 años desde que se comunicó la orden de demolición, a lo que la Dirección General de Costas responde apelando a otras sentencias desestimatorias emitidas en estos mismos casos.

Descarta el TSJC y el TS que una posible situación de desamparo no pueda ser resuelta por las administraciones.

Gran parte de las órdenes de recuperación se emitieron en 2005 y tras la presentación de un recurso en 2021 se confirmó la ejecución forzosa y subsidiaria, tras constatar que efectivamente estas construcciones se sitúan sobre suelo de dominio público y por lo tanto la Administración tiene el deber de recuperarlo.

Con el fin de paralizar estas demoliciones las administraciones urbanísticas debían solicitar en su momento un informe al Gobierno central en el que reflejara que el suelo puede ser considerado urbano, de manera que cuenta con aceras, servicios de alumbrado y agua, entre otros requisitos.