El Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife ha pedido este martes una revisión “participativa y justa” del decreto de Dependencia elaborado por el Gobierno de Canarias, y ha alertado de que se podría estar abriendo la puerta a la externalización de servicios, lo que sería un “riesgo” para la equidad y calidad de las prestaciones.
Así, la institución ha denunciado en un comunicado que el proceso actual pone en riesgo la calidad de la atención de dependencia y ha subrayado la necesidad de un marco legislativo que sea “transparente, inclusivo y profesional”
El Colegio también ha demandado que se definan “claramente” las competencias y responsabilidades de los trabajadores sociales en el decreto para no abrir la puerta al intrusismo profesional y comprometer “gravemente” la calidad del servicio.
A su juicio, uno de los puntos más controvertidos del nuevo decreto es la apertura a la externalización de servicios, lo que el Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife ha calificado como un claro riesgo de privatización del Sistema de la Dependencia.
Los profesionales han alertado de que la posibilidad de delegar funciones clave en entidades privadas o en otros sistemas públicos podría deteriorar “significativamente” la calidad de las valoraciones y de las prestaciones ofrecidas a las personas dependientes.
Así, el Colegio ha expresado su profunda preocupación por lo “apresurado” del proceso y la falta de un “verdadero debate”.
El Colegio profesional ha presentado una serie de propuestas para garantizar que el nuevo Decreto sobre dependencia mejore la eficiencia administrativa y preserve la calidad y la integridad de la atención a los más vulnerables.
Además, el Colegio ha instado a la creación de “mesas reales de trabajo multidisciplinarias y participativas” que involucren no solo a profesionales de la dependencia, sino también a usuarios del sistema, familiares, representantes de organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes.
La necesidad de estas mesas de trabajo, según el Colegio, radica en asegurar que el Decreto no sea el resultado de una visión meramente administrativa, sino que incorpore el conocimiento experto y las experiencias vividas por aquellos directamente afectados.
Esto es vital, ha afirmado, para garantizar un diagnóstico profesional ajustado a las complejidades y particularidades de cada persona en situación de dependencia, respetando así el principio de individualización en el cuidado.
El Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife ha insistido además en la necesidad de superar los niveles básicos de participación, que a menudo se limitan a la mera consulta o a la simple transmisión de información.
La entidad ha destacado asimismo la importancia de la revisión exhaustiva del procedimiento de valoración de la dependencia.
El Informe Social, agrega, es una herramienta indispensable, ya que permite una evaluación profunda de las condiciones sociofamiliares y de entorno que afectan a la persona en situación de dependencia y que debe considerar y reflejar los apoyos, la dinámica familiar, la fragilidad del apoyo y el riesgo de claudicación de las personas cuidadoras, aspectos cruciales que pueden impactar significativamente en la atención y el bienestar de la persona dependiente.
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Salakadula
Creo que la sociedad debería estar preocupada por las privatizaciones…. Ejemplos de mala gestión hay muchos, la empresa privada busca lucro y ya se sabe de dónde sacan el beneficio.
Acceder a cualquier ayuda o servicio público debe ser una vez acreditadas las condiciones que le dan derecho a una persona a recibirlas. No sólo eso, también hay que valorar qué ayudas de otras administraciones y organizaciones puede recibir, qué tipo de prestaciones tiene derecho, etc. La inteligencia artificial puede sustituir antes a un docente, a un abogado, antes que a una trabajadora social (vamos a hablar en femenino porque es una profesión en la que las mujeres son mayoría).
Por lo que veo en los comentarios, la queja es de cómo ha funcionado el servicio, sobre todo por su lentitud. Eso pasa en muchas administraciones, pero cuando hay una persona a la que hay que dispensar una gran cantidad de cuidados básicos, es de urgencia que lleguen los apoyos y ayudas cuanto antes. Hasta ahí, todos de acuerdo.
La solución la vemos desde otra óptica, pero vamos a valorarla, porque en definitiva todos también queremos lo mismo: que el servicio funcione bien y con mayor rapidez.
Por muchos maestros que falten no se puede poner a dar clase a las auxiliares educativas, cada cual tiene sus funciones. Algo parecido se quiere hacer por parte del gobierno para eliminar el embudo: le doy competencias a quien no las tiene, que se saque un papel cualquiera, no el preceptivo, y asunto resuelto. Igual que el alumnado no aprende lo mismo con un docente que con un auxiliar educativo ( aunque sea un magnífico profesional), pues lo mismo sucederá con quién tenga que realizar la valoración de las condiciones personales, familiares y sociales de una persona dependiente, tendrá que hacerlo la persona que tiene atribuidas esas funciones y se ha preparado para hacerlo, con unas funciones reguladas por ley y otorgadas en exclusividad para ese profesional del trabajo social que ostenta un título para ello.
Creo que el gobierno está jugando sucio, intentando que las personas desesperadas por no haber recibido el servicio se pongan en contra de unos profesionales que hasta el momento están sobrecargadas y lo que necesitan es que se incorporen más efectivos para que desaparezcan las listas de espera ( el gobierno se ha limitado a contratar por seis meses algunos años, como refuerzo, a derivar casos a ONG subcontratadas (sin estar especializados en el sector)….y poco más.
Si cedemos, lo que puede suceder es que cuando la cosa se complique, seguro se acabe quitando funciones a otros profesionales para eliminar otras listas de espera, …. Habría que recordar el refrán de las barbas de tu vecino.
Qué haya profesionales cualificados, en este caso y en cualquier servicio público, es la garantía de una atención adecuada a la ciudadanía. Lo que nos toca es pedir al gobierno que mejore la dotación de profesionales, no quitarles funciones para que cualquiera y de cualquier manera haga su trabajo
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manolosan
Fidel, pues hoy le voy a tener que dar la razón.
Lopillas, ya digo que no somos nosotros solos. Por generación, padres sobre los 80 años y más, muchos conocidos y te enteras de cada cosa. Y un par conozco que se fueron a Tenerife.
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Lopillas
En cuanto a la valoración del grado de dependencia, es un proceso que, lamentablemente, a menudo se demora más de lo que debería. Es inaceptable que tu madre, con una situación tan grave, no haya recibido aún una respuesta adecuada. Es importante que continúes insistiendo en la valoración y, si es necesario, considera la posibilidad de presentar una reclamación formal ante las autoridades competentes.
La falta de recursos y la gestión inadecuada de los servicios sociales es un problema extendido, y es comprensible que te sientas impotente y frustrado. Lo que estás experimentando no es aislado, y es fundamental que se visibilicen estas situaciones para presionar por mejoras en el sistema.
Mi recomendación sería que te pongas en contacto con alguna persona que te sepa decir los pasos que tienes que dar después de tener aprobada la ley, hay muchas cosas que puedes hacer……un dicho dice: lo que no se cuenta, nunca ha sucedido, dar visibilidad…
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Fidel Castro
si hay dinero pal nuevo vecino, pero no pa tu abuelo, pues q..
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manolosan
Yo estoy a favor de lo público siempre y cuando hagan bien su trabajo. Mi padre enfermó y tuvo que estar ingresado aquí. El trabajo de las enfermeras: excelente. Mi madre está en casa. El trabajo de servicios sociales: nefasto. Y repito, fueron ellos los que “sugirieron” coger a alguien “de fuera” no profesional (estoy utilizando eufemismos porque no quiero que me censuren, pero creo que se me entiende), de manera “irregular. ¿Es eso serio? ¿Es más, es eso legal? ¿Para eso cotizó más de 30 años? Y ojo, ¡que tardaron años en venir y ni siquiera le han dado el grado de dependencia todavía! No se mueve, no puede hacer nada sola, está perdiendo memoria… Nada, todo perfecto. Entiendo el peligro de privatizarlo todo, pero algo habrá que hacer. Eh, que no soy yo sólo, que aquí hay muchos así. Y siento los tochos pero llevamos una semana muy mala, y esto ya…
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Lopillas
Según entiendo yo, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado una revisión del decreto de Dependencia que ha sido elaborado por el Gobierno de Canarias. Esta petición se centra en que la revisión sea “participativa y justa”, lo que indica que buscan un proceso en el que se incluya la voz y las necesidades de los profesionales del trabajo social, así como de las personas afectadas por la dependencia y sus familias.
El Decreto de Dependencia es una normativa crucial porque regula cómo se gestionan y distribuyen los recursos y apoyos para las personas en situación de dependencia, un grupo especialmente vulnerable, y que las políticas sean inclusivas y equitativas, que se adapten a las realidades y necesidades de quienes dependen de estos servicios, para que sean inclusivas y equitativas. Bueno eso opino yo, y siempre estaré a favor de lo público.
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Perluja
Sobre todo cuando muchas de las empresas privadas de este sector están en manos de familiares y excargos de CC. Tiempo al tiempo
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GALVA
Eso es posible; pero no deja de ser teoría.
Todo el transporte público está gestionado con CONCESIONES.Por ejemplo…
Y las concesiones tienen unas condiciones mínimas.
Privatizar correos, sanidad, la mayoría de educación, y que decir de policía , ejército, bomberos, y otros servicios estratégicos, me parece peligroso.
La gestión de la dependencia. No lo veo…Es como alarmarse de que TITSA gestione en Tenerife el servicio de Guaguas.
Lo que creo es que si los Trabajadores sociales pasan a no ser trabajadores públicos, el tema desmejora…Para ellos.
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Lopillas
Los servicios públicos suelen estar sujetos a regulaciones más estrictas y supervisión, lo que puede garantizar una calidad constante en la atención. En el ámbito privado, sin suficiente regulación, podrían primar los beneficios económicos sobre la calidad del servicio.
Un sistema de dependencia gestionado públicamente promueve una sociedad más inclusiva y solidaria, en la que se apoya a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos en situación de mayor necesidad. Esto ayuda a construir un tejido social más cohesionado y justo.
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ciudadanoSPC
Hablar con gente y elaborar informes es algo que está a la vuelta de la esquina de ChatGPT.
A un coste ínfimo y de forma mucho más objetiva que la actual (por el simple hecho de que cada trabajador social tendrá criterios ligeramente diferentes).
Por mucho que le duela a estos trabajadores, la AI hará en breve los informes mucho más rápido y mejor que ellos.
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