La Fiscalía investiga posibles casos de malos tratos a menores llegados en patera ocurridos en centros de acogida de Canarias, tanto en la provincia de Las Palmas como en la de Santa Cruz de Tenerife, según ha confirmado en El Hierro la fiscal superior de la comunidad, María Farnés Martínez.
El País ha adelantado en su edición de este lunes que el Ministerio Público tiene abiertas cuatro causas de posibles malos tratos menores migrantes ocurridos en centros de Canarias.
“No podemos dar más información (sobre esos presuntos delitos) porque se están investigando, pero sí que los ha habido. No sabemos al final en qué va a acabar, pero sí lo ha habido”, ha corroborado Martínez, al ser preguntada por este asunto en Valverde tras el minuto de silencio que el Cabildo de El Hierro ha dedicado a los muertos y desaparecidos en el cayuco que se hundió el sábado.
La fiscal superior recurrió hace dos semanas el protocolo de atención a los menores migrantes impulsado por el Gobierno canario y advirtió formalmente a todas las partes implicadas en la acogida de que estaba dispuesta a abrir causas por delito de abandono si apreciaba que se dejaba sin respuesta los niños.
Martínez ha reconocido ahora que sí se han producido “disfunciones” en el proceso de acogida que va desde que el menor es rescatado en el mar, lo filia la Policía y es entregado a la comunidad de Canarias, pero por ahora no ve culpables, sino la expresión de lo sobrepasados que han llegado a estar los servicios públicos por la constante llegada de pateras y cayucos.
“Sí se han producido algunas disfunciones, aunque no imputables a nadie, ni al Gobierno de Canarias ni a nosotros. Son propias de la situación que estamos viviendo y que yo estoy segura de que con una coordinación con la consejera de Bienestar Social y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podremos solventar”, ha indicado.
Martínez entiende que lo que está sucediendo es fruto de “la gran llegada de personas migrantes, entre las cuales hay menores”, y aboga por darle respuesta “defendiendo el interés superior del menor”, algo que cree que se puede hacer con reuniones de coordinación.
“Estoy segura que podremos solventar las pequeñas diferencias que puedan estar existiendo”, ha añadido la fiscal superior, que piensa que Gobierno canario quizás puso “la mejor voluntad del mundo” al impulsar su protocolo de acogida, aunque se tratase luego de un documento que requería de “una reflexión para ver las consecuencias”.
Mientras los tribunales dilucidan el litigio que se ha abierto al respecto, “lo importante”, ha subrayado, es cómo se aplican las normas vigentes para toda España desde 2014 para que los niños que llegan en cayuco sin familiares a su cargo sean trasladados “lo más rápido posible a un centro de acogida”.
Y, para ello, tanto la fiscal superior de Canarias como la fiscal responsable de Menores en la Fiscalía General del Estado, Teresa Gisbert, tienen previsto reunirse esta semana en Tenerife con la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, “con la mejor voluntad por parte de todos”.
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