Alertan de que el 70% del personal de Dependencia finaliza su contrato en diciembre y el Gobierno no prevé su renovación

El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan), informa de que ha tenido conocimiento de que el 70% del personal contratado por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias para realizar las funciones de valoración del grado de Dependencia y emisión del informe PIA, finalizará su contrato laboral el próximo 31 de diciembre. Una situación que, advierte, de no solventarse con inmediatez, agravaría aún más el “caos” que sufre actualmente el Archipiélago en esta materia.

Al respecto,  la directora de Odesocan, Enma Colado, ha presentado por registro de entrada de la de Presidencia del Gobierno, de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias y de la Dirección General de Dependencia, un escrito solicitando que se proceda con carácter de urgencias a dar prórroga del correspondiente contrato programa en aras de evitar el colapso del sistema para el reconocimiento del derecho a las prestaciones y servicio para las personas en situación de dependencia.

Según ha podido contrastar Emma Colao, la Consejería de Bienestar Social aún no ha hecho efectiva la renovación del contrato programa por el que se financia hasta el 70% del personal de la Dirección General de Dependencia a pesar de ser conocedores de los trámites burocráticos y plazos que esto implica. “Para que la prórroga sea efectiva, deberá contar con el visto bueno de la consejera, la realización del preceptivo informe de la Dirección General de Planificación y Presupuestos, la realización del preceptivo informe por parte del área de Función Pública, así como de los correspondientes llamamientos que darán lugar en orden de la calendarización por grupos profesionales. Todo ello supondrá un plazo aproximado de 5 meses para la disposición del personal necesario”, asegura Emma Colao.

Colao insiste en que “de no renovar dicho contrato antes del 31 de diciembre, no solo se incrementará entre 5 y 7 meses el actual tiempo de espera, sino que, además, durante ese periodo, la Dirección General no podrá emitir ni una sola resolución a ninguna persona solicitante”.

Asimismo, asegura que “actualmente la Dirección General de Dependencia cuenta con un presupuesto de 272.440.338 euros, lo que resulta totalmente insuficiente para atender la demanda de la ciudadanía solicitante de su derecho. Si bien la Consejería de Bienestar Social y el Ejecutivo regional han dado traslado en repetidas ocasiones a la ciudadanía de su intención de dotar del efectivo derecho y simplificar los procedimientos para el reconocimiento del derecho de las personas en situación de dependencia, la partida presupuestaria necesaria para dotar de efectividad a dicha declaración de intenciones deberá traducirse para los presupuestos destinados al ejercicio 2025 en un total de 661.612.651 euros, lo que supone un incremento del 143%”.