“Recientemente ha llegado al conocimiento de esta organización sindical que el Gobierno de Canarias tiene previsto privatizar el servicio de Ayuda a Domicilio a Personas en situación de Dependencia a partir del 1 de Enero de 2025, al haber concluido el convenio que tenía concertado la Comunidad Autónoma con el Cabildo Insular, y estos a su vez con los distintos municipios de la isla de La Palma”.
Señalan desde el CSIF que la decisión de privatizar este servicio, “además de un flagrante error, constituye un gran hándicap para aquellos municipios más alejados, con una gran superficie territorial, una población dispersa, y un alto índice de envejecimiento de sus habitantes, exponentes éstos muy claros en los municipios de Tijarafe y Garafía”.
“CSIF sospecha que a pesar de la obligación de subrogación del nuevo prestador del servicio, nos encontremos ante recortes de personal y una reducción en la atención directa, con la consiguiente afectación grave a un servicio tan esencial como el mentado, y a una evidente merma de la calidad del servicio”.
Señalan que “no es de recibo que ante una Unión Europea inspirada en principios básicos como los de subsidiariedad, proximidad y cercanía no se acometa la implementación de políticas adecuadas y coordinadas ante la expectativa de que la mejor garantía de calidad y éxito en la prestación del servicio se produzca de forma directa por el personal de la administración más próxima, es decir, el del Ayuntamiento, más centrado en la atención personalizada a cada usuario, atendiendo a sus circunstancias individuales y socioeconómicas, lo que sin duda se realizará con el actual equipo técnico y humano que trabaja actualmente en estos entes locales”.
“La cercanía a los ciudadanos es fuente de legitimidad democrática y de transparencia y constituye un medio para alcanzar tal fin. La política de proximidad se basa en una buena comunicación con el ciudadano y presupone un reconocimiento pleno y total del principio de subsidiariedad, una mejor determinación de las competencias y una estructuración clara de las responsabilidades entre los entes autonómicos y locales”.
CSIF no descarta movilizaciones en los meses de noviembre y niciembre en los ayuntamientos de Tijarafe y Garafía, y emprender acciones acciones judiciales que sean menester en defensa de los trabajadores municipales y del servicio de atención domiciliaria.
