El Grupo Socialista del Parlamento de Canarias ha presentado una Proposición No de Ley por la que insta al Gobierno de Canarias a que convoque líneas de ayuda que complementen las indemnizaciones recibidas por los propietarios de parcelas afectadas por el volcán y posteriormente expropiadas para la ejecución de carreteras, vÍas, calles y caminos en el marco del proceso de reconstrucción.
La diputada socialista palmera, Alicia Vanoostende, en una nota de prensa ha destacado la importancia de las obras realizadas para la recuperación de las comunicaciones del Valle de Aridane, como las carreteras entre La Laguna y Las Norias, ejecutada por el Cabildo de La Palma, o la de la Costa, financiada por el Gobierno de España. “Todas estas obras y las que se vayan ejecutando, aunque imprescindibles para la recuperación del Valle de Aridane, en ocasiones pueden afectar a parcelas privadas en sus nuevos trazados”.
Vanoostende señala que la ley que regula la expropiación forzosa, que se remonta a 1954, marca que la Administración responsable de la obra debe expropiar e indemnizar a los propietarios afectados por la misma, así como las fórmulas para las valoraciones de las indemnizaciones. “Esta cuestión, derivada de una normativa estatal vigente desde hace 70 años, ha generado una desigualdad entre los propietarios, ya que los valores de dichas indemnizaciones por expropiación son diferentes entre parcelas sepultadas y no sepultadas”, explica la parlamentaria.
Por ejemplo, indica que en el caso de la carretera de la Costa, el cálculo de la indemnización por expropiación de fincas de plataneras que fueron cubiertas por la lava es aproximadamente la mitad de indemnización que la que recibe el mismo tipo de fincas de plataneras no afectadas por el volcán.
“Es tremendamente injusto que aquellas personas que ya se vieron afectadas por la erupción, también se vean perjudicadas en las expropiaciones, convirtiéndoles en doblemente damnificados por el volcán”, añade
Con el fin de no crear estas desigualdades entre los propietarios afectados por las obras, la diputada palmera defiende que el Gobierno de Canarias, dentro de sus competencias, habilite ayudas específicas para compensar esas diferencias en los importes de las expropiaciones.
En esta línea recuerda que el Gobierno de Canarias dispone de unos 150 millones anuales -100 millones aportados por el Ejecutivo central- para cubrir gastos derivados de la recuperación de la isla de La Palma tras el volcán, además de ser el competente en la indemnización de los daños del volcán en viviendas, explotaciones agrarias, comercios, industrias, etcétera.
