El proyecto de ley que ultima el Gobierno de Canarias para regular la vivienda vacacional en las islas puede expulsar a parte del sector a la economía sumergida, según ha advertido este lunes el secretario general de la Alianza Hotelera, Fernando Gallardo.
En el segundo congreso sobre esta modalidad de oferta turística que organiza la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) en Las Palmas de Gran Canaria, y que se centra en los retos y riesgos del anteproyecto de ley para su regulación, Gallardo ha señalado a los periodistas, además, que es preciso “escuchar a los turistas” y dar respuesta a quienes optan por esta opción para alojarse.
En opinión de este empresario y periodista, el turismo seguirá alojándose en viviendas vacacionales pese a las regulaciones, como ha ocurrido en Nueva York, donde el ‘lobby’ hotelero ha logrado su prohibición, pero “se ha desatado como nunca la economía sumergida” porque los propietarios de esos inmuebles han optado por seguir operando, ya que los turistas lo siguen demandando pese a que se transgrede la normativa.
Gallardo ha incidido también en que hasta el momento en España los jueces han “tumbado prácticamente” todos los intentos que ha habido de regular la vivienda vacacional.
La libertad de emprendimiento es un principio consagrado en el seno de la Unión Europea y las regulaciones que ha habido lo transgreden, por lo que es normal que los tribunales sentencien en contra, ha señalado.
“La UE ha sufrido muchos vaivenes políticos” y es probable que el futuro Gobierno de Donald Trump “traiga a Europa una ola de liberalización si no queremos ser penalizados con aranceles”, por lo que ha aventurado que “poner obstáculos a la libertad de emprendimiento tendrá poco recorrido”.
No obstante, ha apuntado que “muchos gobiernos nacionales, autonómicos y municipales sentirán la tentación de hacerlo para tratar de resolver un problema que hoy en día enfrenta a muchas personas, a turistas, a familias y hoteleros”.
A su juicio, la situación es bastante compleja en relación al turismo porque “no hay una idea central y las administraciones se pasan la pelota unas a otras: El Gobierno se la pasa a las autonomías y estas a los ayuntamientos, que, al final, la pasarán a los ciudadanos”.
Según Gallardo, quien decide lo que ocurre en un territorio no es solo la persona que está empadronada en ese lugar, sino los 95 millones de turistas que viajan a España cada año porque encuentran suficientes atractivos, pero “tienen voz y voto y su decisión es importante para enfocar este problema”.
El secretario general de la Alianza Hotelera ha considerado que es necesario “aprender a convivir” con el turismo “y escuchar mucho la voz de estos 95 millones de turistas que han evitado una crisis dramática después de la pandemia”.
España es el país de Europa que más crece y ello se debe al turismo, que ha provocado una “revulsión” en todos los sectores productivos y ha sido el motor de la recuperación económica, por lo que “tenemos que atender esas causas, analizarlas con la complejidad que entraña”, ha añadido.
“No se puede fragmentar tanto las decisiones, sino que hay que entender la voluntad de los 95 millones que viajan a España y los 1.500 millones de turistas internacionales, que pronto serán 2.000 millones”, ha recalcado Gallardo, que ha incidido también en que el “mundo digital impone nuevas maneras y desafíos” a los que hay que hacer frente.
La presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), Doris Borrego, sostiene que el anteproyecto de Ley acabará con el 90 % del sector, que genera anualmente 1.700 millones de euros en el archipiélago, y además no resolverá el problema de la vivienda en el archipiélago.
El alquiler vacacional supone el 4 % del total de las viviendas de Canarias, donde hay 210.000 vacías debido a la nueva Ley de Vivienda, que ha calificado de “nefasta” por haber “arrebatado la seguridad jurídica al propietario”.
De los 900 asociados que cuenta la Ascav menos del 10 % están dispuestos a destinar sus propiedades al alquiler residencial, que además son villas y bungalows que no responden a las necesidades de los demandantes de vivienda.
Borrego ha afirmado también que la futura ley que elabora el Gobierno canario solo “recoge restricciones y prohibiciones” al alquiler vacacional, un sector que “destruirá” y que perjudicará a familias y pymes canarias que declaran sus impuestos y generan actividad económica y empleo.
La nueva ley “traerá más pobreza y precariedad”, pero el alquiler vacacional seguirá operando “en manos de inversores extranjeros bajo la opacidad”, ha recalcado la presidenta de la Ascav, para quien esta norma debió de debatirse desde sus inicios.
“Nadie está de acuerdo con ella, solo el ‘lobby’ hotelero de Gran Canaria”, ha afirmado Borrego.
La Federación Canaria de Islas, la Federación Canaria de Municipios, los constructores y el sector inmobiliario se han posicionado contra la futura ley, que ha calificado como una “aberración”, según ASCAV.
Borrego ha indicado que el 89 % de la vivienda vacacional en las islas está en manos de pequeños inversores y propietarios.
La economista Rosa Rodríguez, que también ha intervenido en el congreso y que ha coordinado un estudio sobre el turismo y la vivienda vacacional en Canarias del Colegio de Economistas de Las Palmas, ha abundado en que la vivienda vacacional no es el problema que origina la falta de vivienda residencial y que es preciso legislar en función de la situación de cada isla.
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