El Gobierno de España destina 100.000 euros al Cabildo para "avanzar en la recuperación de la memoria democrática en La Palma"

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente una subvención al Cabildo de La Palma para la exhumación de los cuerpos de las víctimas del franquismo de la fosa de la Vaguada de la Araña, en Fuencaliente, por importe de 100.000 euros.

El senador por la isla de La Palma, Kilian Sánchez, ha destacado la apuesta del ministro canario de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por impulsar la aplicación de esta ley, que tiene como objetivo el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, pensamiento u opinión, conciencia o creencia religiosa, orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, así como promover su reparación moral y recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva.

En esta línea, valora que la aportación realizada por el Gobierno de España permitirá avanzar en la isla de La Palma “en este acto de justicia y humanidad, que es el de la recuperación de los cuerpos de la personas que fueron asesinadas por la represión franquista”.

Asimismo, recordó que ha presentado una moción en la Cámara Alta para que la Comisión Constitucional del Senado inste al Gobierno de España a declarar las fosas del Pino del Consuelo, en Fuencaliente, como Lugar de Memoria Democrática. Un espacio, recalcó el senador, que simboliza a todas aquellas personas que dieron su vida por defender los valores democráticos frente a la intolerancia y la violencia.

“Debemos sentirnos orgullosos que fue aquí, en La Palma, donde el movimiento de la recuperación de la memoria histórica arrancó en España, con el hallazgo, el 7 de mayo de 1994, de la fosa común en la que se encontraron los cuerpos de cinco de los llamados ‘Trece de Fuencaliente’.

El artículo 49 de la ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria democrática establece la posibilidad de declarar determinados espacios como lugares de memoria democrática, en los siguientes términos: “Lugar de Memoria Democrática es aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos.”