El PSOE acusa al Gobierno de Canarias de opacidad en el reparto de ayudas a afectados por el volcán

El grupo parlamentario Socialista ha acusado este martes al Gobierno de Canarias de oscurantismo en el reparto de 140 millones de euros, 100 del Estado y 40 de la Comunidad Autónoma, entre los afectados por la erupción volcánica del Tajogaite (La Palma, 2021).

El diputado socialista Jorge González le ha reprochado a la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, que anunciara “con nocturnidad y alevosía” en una orden que no iba a publicar “a quién ni cuánto” iba a corresponder entre los damnificados.

“¿Qué quiere ocultar? ¿A quién quiere proteger?”, le ha preguntado González a la consejera, a la que ha espetado: “no hay damnificados de primera, de segunda o de tercera”.

La consejera ha replicado al diputado socialista que “sigue sin entender nada”, para empezar, en qué consiste un plan de pagos que, ha subrayado, propuso su partido, Coalición Canaria, estando en la oposición, como también la deducción del IRPF del 60% para los contribuyentes palmeros.

Barreto ha cifrado en un 86% el grado de ejecución de esta partida y ha añadido que se están ultimando órdenes para seguir abonando los pagos en enero.

Ante las acusaciones de opacidad por parte del PSOE ha esgrimido que solo se publicarán las cantidades, no las identidades de las personas beneficiarias, del mismo modo que no se publican las declaraciones de la renta en el boletín oficial, lo cual está avalado por un informe jurídico.

Jorge Tomás González ha afirmado que no se cree lo dicho por la consejera y que el resto de diputados en el Parlamento de Canarias tampoco deberían hacerlo.

El Gobierno de Canarias publicó el pasado julio la orden de pago de la primera anualidad del plan para la restitución del “valor de lo perdido” a los afectados por la erupción volcánica de La Palma, que afecta a 840 expedientes de familias damnificadas cuya primera vivienda fue destruida.

Esta orden de pago, dotada de 100 millones de euros provenientes del Estado y 40 del gobierno regional, tiene por objetivo el abono de la diferencia entre la valoración de la propiedad perdida durante la erupción y las ayudas percibidas de parte de las diferentes administraciones.