Juzgados de Santa Cruz de La Palma. Archivo.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha avalado penas que suman 30 años de cárcel para una mujer y dos hombres y que han sido condenados por detención ilegal, robo con violencia y lesiones de los que fueron víctimas dos ancianos de la isla de La Palma.
También se tiene en cuenta el agravante de utilizar disfraces y llevar a cabo los delitos por la noche y el atenuante de que uno de los miembros de la banda era toxicómano.
No obstante, se descarta que formaran una banda organizada y a otro de los detenidos inicialmente se le absuelve de todos los cargos.
Los tres condenados deberán hacer frente a una responsabilidad civil que suma 15.000 euros que se corresponde al dinero sustraído en las casas, a lo que añadirá el valor de las joyas y objetos robados que se determinará en la ejecución de sentencia que ya es firme.
En esa cantidad se incluye el abono de los gastos médicos que pagaron los dos ancianos por las heridas que sufrieron durante los asaltos.
Como novedad la defensa de la mujer pidió la nulidad de la causa tras conocer que una limpiadora del juzgado palmero donde se tramitó sacó una foto del sumario que tuvo gran difusión en redes sociales durante el juicio y que por lo tanto “contaminó” la vista.
Argumento que también fue descartado por el Tribunal Supremo al estimar que carece de sentido. En septiembre de este año trascendió que la trabajadora aceptó una sentencia de conformidad.
Los recursos, rechazados en su totalidad, iban en el sentido de considerar que no utilizaron disfraces en los robos o la gravedad de las lesiones que no fueron alegadas por la Fiscalía si no por la acusación particular.
En cuanto a la detención de las víctimas se mantiene que se las privó de libertad mientras duraba el robo por lo que no se puede hablar de secuestro.
La respuesta del TS es que el tiempo excede “claramente del mínimo indispensable para la comisión del delito de robo”, en el primero de los casos y fue más grave en el segundo.
El TS da por válido el seguimiento de los móviles de los acusados hecho por la guardia civil que los sitúan en el entorno de los lugares y en las fechas en los que se produjeron los delitos.
El texto judicial avala que a finales de 2020 una mujer constituyó este grupo al que también pertenecía otra persona que no ha sido identificada y los procesados se repartían las funciones con el fin de cometer actos violentos contra el patrimonio y más concretamente asaltos a viviendas cuando estaban dentro sus moradores.
En septiembre de 2020 mientras la mujer vigilaba, los demás con la cara cubierta tocaron el timbre de una casa situada en Mazo en la que vivía un señor de 81 años a quien tras abrir la puerta empujaron y golpearon.
Lo mismo hicieron con la hija para atarles luego las manos en la espalda mientras duraba el robo que consistió en la sustracción de 5.000 euros en efectivo y de otros 1.000 que el anciano llevaba en la cartera.
También se apoderaron de unos 1.500 euros en joyas de la esposa a la vez que los amenazaban con “cortar dedos y levantar faldas” y según afirma la sentencia, el asalto duró dos horas y no 20 minutos como dijeron los condenados, en las que los habitantes de la casa permanecieron privados de libertad y atados, el anciano sufrió varias contusiones y la mujer y la hija lesiones en las muñecas.
Un mes después se dirigieron a la casa de una mujer de 89 años situada en San Andrés y Sauces donde repitieron la misma operación pero esta vez vestidos de chalecos reflejantes, logrando entrar con la excusa de que iban a analizar el agua.
Cuando estaban en la cocina se abalanzaron sobre la mujer y la inmovilizaron con cinta adhesiva, ataron las manos con cuerdas, tiraron al suelo y arrastraron por suelo, amenazándola con matar a sus sobrinos, mientras exhibían un arma de fuego.
Al final consiguieron hacerse con 500 euros y 20 décimos de la lotería de Navidad que resultaron premiados con 120 euros, joyas y un móvil, que también deben devolver, dejando a la mujer inmovilizada durante dos horas hasta que fue auxiliada.
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